La Sala III de la Audiencia Nacional de España ratificó que el capitán de corbeta retirado Ricardo Miguel Cavallo debe ser juzgado en la Argentina, aunque destacó que el sobreseimiento en la causa por genocidio y terrorismo abierta en aquel país sólo será definitivo cuando el represor efectivamente sea juzgado y, en caso de ser condenado, cuando cumpla la pena.

El ex miembro del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA fue extraditado a la Argentina la semana pasada. Indagado por el juez federal Sergio Torres, negó su participación en los delitos de lesa humanidad que se le imputan. El juez, además, rechazó un pedido de excarcelación. Tuvo en cuenta la “gravedad” y “reiteración” de los delitos que cometió y la “peligrosidad” del marino, que permanece detenido en el penal de Marcos Paz.

El 13 de marzo la Sala III resolvió sobreseer y archivar el expediente español y autorizar la entrega en extradición. El tribunal argumentó que tiene prioridad la Justicia del país donde se cometieron los hechos y que ya no existen obstáculos para juzgarlo. La respuesta de las acusaciones populares y particulares fueron recursos de súplica para que reviera la medida. El motivo principal es que en España la investigación estaba avanzada (la fiscalía había pedido 17.010 años de cárcel), mientras que aquí se abre una larga etapa de instrucción.

El viernes la Sala III desestimó los recursos. Remarcó “la absoluta identidad de los hechos” y la prioridad de la competencia de la jurisdicción donde se cometieron los delitos. Dado que la Justicia había resuelto y el Consejo de Ministros autorizado la extradición, debía “poner fin a la causa española”. Ese era el deseo de Cavallo. El tribunal, sin embargo, destacó que “la jurisdicción española sería recuperada en caso de que Cavallo no sea enjuiciado o en el supuesto de que, condenado en el proceso argentino, no cumpliese la pena impuesta”. La resolución elogió la implementación del principio de justicia universal, en tanto “ha servido para garantizar los derechos de las víctimas” mientras existía “una imposibilidad legal de enjuiciamiento en Argentina”.

Cavallo llegó al país el lunes de la semana pasada. Durante la primera indagatoria negó haber participado del robo de bienes a secuestrados. Tres días después pidió ampliar la indagatoria, reiteró su negativa y fotocopió documentos del expediente. La resolución de la Audiencia Nacional deja la puerta abierta para que Torres lo indague por todos los casos que se le imputan.