Mientras terminaban de contarse los cadáveres por el desastre de la ruta 9, el Senado sancionó la nueva Ley de Seguridad Vial. Un eje de la norma es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que –por primera vez– tendrá autoridad ejecutiva en toda el país. El ejercicio de esa autoridad debería garantizar la efectiva puesta en marcha del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (creado hace 14 años) y la instauración de una licencia de conducir única para todo el país; también, gracias a esas herramientas, un sistema de puntaje para las infracciones y el retiro cautelar de la licencia para quienes cometan faltas graves. La implementación del sistema –a cargo del Poder Ejecutivo– deberá enfrentarse con los intereses que han venido oponiéndose a esas medidas, varias de las cuales se plantean desde hace años; según el representante de una entidad dedicada al tema, muchos de esos intereses anidan en el nivel de los municipios. La nueva ley también plantea la radarización de rutas nacionales y autopistas, el control automático de velocidad en las estaciones de peaje y el monitoreo satelital de todos los vehículos de carga y transporte público.

El proyecto aprobado tiene pocas modificaciones con respecto al enviado por el Poder Ejecutivo (tal como Página/12 informó el 7 de febrero pasado) y aprobado por la Cámara baja. Establece que la financiación provendrá de un impuesto del uno por ciento sobre las pólizas de seguros, que deberán pagar las compañías aseguradoras. Se aceptó una modificación de Diputados con respecto al expendio de bebidas alcohólicas en zonas linderas a rutas o caminos: no estará exactamente prohibido sino “limitado”, ya que hay caminos que atraviesan poblaciones, donde –consideraron los legisladores– podría no ser practicable la prohibición absoluta; este aspecto “deberá precisarse en la reglamentación”, explicó un vocero del Senado.

La ley fue aprobada en general por 58 votos a favor y dos en contra, los de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, quienes objetaron que se otorgue a Gendarmería Nacional control sobre las rutas provinciales. En la votación en particular, el radicalismo y Coalición Cívica (CC) discreparon con el impuesto a las aseguradoras; María Eugenia Estenssoro, de la CC, solicitó que la ley se financiara “con lo recaudado por retenciones”.

Un eje de la ley es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que estará a cargo de “concentrar toda la autoridad” en la materia. Contará con presupuesto propio y, además de comité ejecutivo y directorio, incluirá un comité consultivo con participación de ONG con dedicación al tema. “La Agencia será el primer organismo nacional ejecutivo en la historia de la seguridad vial”, destacó Eduardo Bertotti, titular del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV). Los organismos anteriores, como el Consejo Federal de Seguridad Vial, sólo tenían funciones de asesoramiento. “La Agencia, en cambio, está destinada a aplicar políticas, y esto es de gran importancia –destacó–. El segundo aspecto relevante de la nueva ley es que, también por primera vez, se especifica su financiación. Otras veces los programas de seguridad vial fracasaban porque, a la hora de los hechos, no había con qué sustentarlos económicamente.”

La ley plantea también “el funcionamiento pleno del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (ReNaT)”, creado en 1994 y reinaugurado varias veces, pero nunca funcionó. La ley lo define como “herramienta fundamental del sistema”, con la función de “informar sobre todas las actas, infracciones, infractores o inhabilitados en el país”. Su actuación permitiría implantar un “acta única de infracción” y “un código de procedimiento de juzgamiento unificado”.

Sólo contando con estos recursos se podrá lograr, como ordena la ley, “una nueva licencia de conducir unificada para todo el país”, sujeta a “un examen con certificación de calidad”; a partir de esto, “un sistema de puntaje unificado para todo el país”, y, también, “el retiro de la licencia por 30 días, como medida cautelar por exceso de velocidad, violación de semáforo en rojo, no uso de casco, conducir alcoholizado, circular en contramano o ausencia de revisión técnica obligatoria”.

Se advierte así que la efectiva vigencia de la ley sólo puede efectuarse mediante pasos sucesivos, que deberá implementar el Ejecutivo Nacional. Una fuente del Ministerio del Interior aseguró que “dentro de 30 a 60 días estará lista la reglamentación; tratamos de definirla por consenso y ya hubo reuniones con sindicatos del transporte”.

–¿Se alcanzará ese “consenso”? –preguntó Página/12.

–Hubo objeciones por el sistema de puntaje, que se tratará más adelante, y por la retención del carnet de conductor, que de todos modos se va a aplicar –contestó la fuente del Ministerio del Interior.

Una pregunta todavía más importante es si la ley podrá aplicarse en un país donde la seguridad vial no ha sido delegada por las provincias ni, en la mayoría de los casos, por los municipios. “La Agencia Nacional va a necesitar mucha ‘muñeca’ y un claro respaldo político, porque en el nivel de los municipios hay muchos intereses, tanto en recaudar la tasa que se cobra por las licencias como en hacer valer el amiguismo para otorgarlas”, advirtió Bertotti.

“En Estados Unidos –comentó el titular del ISEV–, la Agencia Federal de Seguridad Vial utilizó con sagacidad los fondos federales para seguridad vial, otorgándolos sólo a los estados que adhirieran a los programas nacionales, y tuvo éxito. Y vale destacar que, en otros órdenes, también en la Argentina hubo políticas de Estado exitosas, como la que, comprometiendo la participación de las provincias, logró erradicar enfermedades como la poliomielitis.”

La ley aprobada ayer prevé también “la radarización de rutas nacionales y autopistas”, “el control automático de velocidad en las estaciones de peaje” y “un sistema de monitoreo satelital (GPS) para todos los vehículos de carga y transporte público, que detectará excesos de velocidad”. La verificación técnica vehicular (VTV) será reglamentada “a nivel nacional”. Para los vehículos nuevos se requerirá “alerta sonora de cinturón de seguridad”, que se activa cuando el dispositivo no está abrochado, “doble airbag” y “frenos con sistema antibloqueo”. Deberá establecerse un “Programa Federal de Educación Vial” con “incorporación obligatoria en todos los niveles de la enseñanza”.