“Es una herramienta jurídica para que nadie que haya cometido delitos de lesa humanidad ocupe un cargo público, ya sea político, legislativo o judicial. Esas personas tienen que estar presas.” La diputada Victoria Donda –hija de desaparecidos y nacida en cauterio en la ESMA– fue la encargada de resumir el proyecto de ley que inhabilita en forma perpetua a asumir como legisladores, funcionarios o jueces a quienes hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos. Una medida que se extiende a aquellos sobre los que “existan pruebas suficiente” de ser partícipes “en cualquier grado” de ese mismo tipo de delitos y los que “hayan usurpado” cargos públicos durante la dictadura. La iniciativa fue elaborada por abogados de varios organismos de derechos humanos y tiene el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios.

El proyecto ya estaba listo la semana pasada y su presentación estaba prevista para esta semana. Pero la resolución de la Corte Suprema a favor de que el ex subcomisario Luis Patti –preso por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura– asuma su banca de diputado le dio una dimensión que sus propios autores no habían imaginado. La Cámara de Diputados votó ayer una cuestión de privilegio para el pronto tratamiento de la iniciativa y la semana que viene, en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, se aprobaría un dictamen único para llevarlo rápidamente al recinto.

El proyecto presentado ayer, junto a varios diputados y organismos de derechos humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, H.I.J.O.S, CELS, APDH y LADH), surgió como respuesta al nombramiento, en varias provincias, de funcionarios ligados a la represión durante la dictadura. Uno de esos casos es el de Carlos Rico Tejeiro, actual subsecretario de Seguridad de Mendoza y denunciado como “formador de los torturadores que operaban en Plan de Actividades contra la Subversión” en esa provincia. Otro tiene por protagonista al coronel retirado Guillermo López, nombrado ministro de Seguridad en San Luis, a pesar de haber reconocido su participación en el Operativo Independencia en Tucumán.

La iniciativa que tiene como objetivo “terminar con los funcionarios responsables y cómplices de la última dictadura” lleva la firma de Donda (Encuentro Popular y Social) y el acompañamiento de varios diputados: los kirchneristas Remo Carlotto, Adriana Puiggrós, Patricia Vaca Narvaja, Claudio Morgado y Edgardo Depetris; el socialista Ariel Basteiro, el arista disidente Eduardo Macaluse y Claudio Lozano, de Proyecto Sur. También se sumarían otros bloques.

El proyecto inhabilita en forma perpetua para ejercer cargos públicos de cualquier tipo a todos aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Al presentarlo y exponer sus fundamentos, Donda replicó –sin mencionarla en forma directa– la decisión de la Corte Suprema: “Veinticinco años de impunidad y el retardo de justicia hicieron que Patti estuviera al borde asumir una banca de diputado, cuando hace años que debería estar donde está ahora, en la cárcel”.