Tras un acalorado debate, la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados terminó en nada. El kirchnerismo bloqueó el tratamiento de un pedido de informes sobre el Observatorio de la Discriminación en los medios que impulsa el Gobierno, el “repudio a la agresión” del director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, y “la preocupación por los dichos de la Presidenta” contra el caricaturista de Clarín Hermenegildo Sábat. Un rato antes, los empresarios agrupados en la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente (Cemci) expresaron ante los diputados su preocupación por el traspaso del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) a la Jefatura de Gabinete: “Es muy peligroso que quien controla a los medios de comunicación esté en la misma órbita de quien otorga la pauta publicitaria”, dijo la radical Silvana Giudici, titular de la comisión.

El miércoles, la Cámara de Diputados –con el voto del oficialismo– le dio “prioridad” al tratamiento de los tres proyectos, una vez que tuvieran dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión. Su rápida inclusión en el temario de ayer incomodó a los representantes kirchneristas en la comisión: acordaron la entrada de los temas, pero después trabaron su debate con un “pedido de cuarto intermedio” y requirieron “más tiempo para analizar los textos”.

“No nos apuren”, requirió el peronista entrerriano Raúl Solanas, que igual quiso dejar sentada la postura oficialista: “Hay que entender que en la Argentina actual no se le tapa la boca a nadie”, dijo en referencia al dibujo de Sábat cuestionado por la Presidenta. Solanas también criticó el pedido de informes que redactó Giudici sobre el Observatorio: “Se hacen preguntas como si fueran afirmaciones y esto hay que reformularlo”, marcó. En tanto, el correntino Hugo Perié admitió “no leer mucho los diarios y no saber si había algún problema personal entre Fontevecchia y sus agresores”, por lo que pidió que lo informaran “sobre los hechos”.

Del otro lado se encolumnaron los radicales, con Giudici a la cabeza, Fernando Iglesias y Elsa Quiroz (Coalición Cívica), Eduardo Macaluse (ARI Autónomo), la cordobesa Norma Morandini y Paula Bertol (PRO), que insistían en el tratamiento del temario. Iglesias fue uno de los más predispuesto a dar su opinión: “Es muy preocupante que hoy, en la comisión que está designada para resguardar la libertad de expresión, no hayamos logrado consensuar un simple repudio a las agresiones a Fontevecchia y Sábat. Ni saber cómo será este observatorio que se plantea como vigilancia sobre la prensa”, dijo.

Giudici se mostró “sorprendida” por el viraje oficialista. “Por un lado celebro que el oficialismo haya dado quórum y hayan venido a dar el debate. Y por otro lado, me voy con la preocupación de que no vamos a poder tratar ninguna iniciativa que provenga de la oposición.” El martes que viene la comisión volverá a reunirse para tratar de emitir dictámenes sobre estos temas, aunque la Cámara baja no sesionará esa semana.

“Lo importante es que debatamos los temas que la actualidad impone, aunque no coincidamos en los planteos –dijo la presidenta de la comisión–. Pero debemos lograr consenso para resolver en este año parlamentario dos temas importantes: la nueva ley de radiodifusión para reemplazar a la redactada durante la dictadura y lograr el control parlamentario sobre el reparto publicitario del Gobierno”, insistió Giudici.

Tampoco faltaron los reproches al oficialismo en la reunión que los diputados tuvieron con los representantes de Cemci –que nuclea a editores de revistas (AAER), de diarios del interior (Adira) y Buenos Aires (Aedba), televisión por cable (ATVC) y radiodifusoras privadas (ARPA)–. Los empresarios criticaron los cuestionamientos oficiales a la prensa y arremetieron contra dos decisiones del Gobierno: el decreto 377 de 2008 que pone al Comfer bajo la órbita de Alberto Fernández y la resolución que impone una grilla determinada a 700 operadores de televisión por cable del interior.

El presidente de Cemci, Osvaldo Ripoll, afirmó que la creación de un observatorio de medios es una medida que “atenta contra la libertad de expresión y ejerce el control oficial de contenidos” y se quejó por la sucesión de amenazas y agresiones a la prensa: “Hay una cantidad de sucesos que están revelando una trama de una intencionalidad en relación con los medios de parte de las autoridades del Gobierno y sus allegados”. Otro empresario, Walter Burzaco, dijo que el traspaso del Comfer “afecta a los derechos subjetivos de los licenciatarios” y, sobre la resolución 110, cuestionó: “La norma les impone a los canales de cable un lugar de privilegio para los canales de aire de la Capital y el de La Plata, relegando a los canales regionales que expresan la cultura del interior”.