La Justicia confirmó el procesamiento de Rubén Darío Romano, un ex prestador del PAMI que en 2005 había amenazado de muerte a la entonces interventora, Graciela Ocaña. La Cámara en lo Criminal Federal ratificó la decisión tomada por el juez de primera instancia Daniel Rafecas al asegurar que la prueba recolectada hasta el momento “permite afirmar que la amenaza habría existido y que puede ser atribuida a Romano”. “Todo el mundo lo recuerda por su accionar mafioso”, sostuvo Ocaña, actual ministra de Salud, en diálogo con Página/12. Hace tres años, ella decidió contarle a este diario aquella situación con el fin de resguardar su vida: “(Romano) habría dicho que le estoy saliendo muy cara, que hacerme desaparecer le saldría más barato”. Tras esas declaraciones, el empresario querelló a la funcionaria acusándola de “extorsión”. Romano, un ex cafetero que creció fugazmente durante los ’90 hasta convertirse en un importante empresario de la salud, deberá enfrentar ahora un juicio oral.

“Para mí es muy importante porque significa terminar con el accionar de algunos personajes que por ser desconocidos para el gran público utilizan la amenaza para conseguir negociados”, afirma la ministra. La intimidación del ex prestador del PAMI se había producido después de que se empezó a aplicar un “nuevo modelo prestacional” que pretendía terminar con la intermediación y dejar afuera a las gerenciadoras, cuyos intereses –aseguraban– representaba Romano. Por esos días también había sido amedrentado el contador de la institución, José Vitar, para que le dijera a Ocaña que “estaba terminando con todos sus negocios, con el tema medicamentos, que no iba a permitir una cosa así, ni que le quitara sus últimos contratos, y que lo estaba arruinando”.

En la causa también figura un tercer episodio, ocurrido frente a la sede de la obra social, entre el entonces coordinador del PAMI, Luciano Di Césare, y un desconocido. “Se le acercó una persona en la puerta del edificio de la calle Perú 169 y le dijo que Romano había dicho que ‘le salía más barato mandarla matar’, refiriéndose a ella, y que no siga permaneciendo en el PAMI”, según consta en el expediente. En febrero del 2005, otro de los directivos del PAMI recibió otra amenaza que, tras una investigación judicial, se detectó que provenía de un teléfono de Utgra, el gremio de los gastronómicos dirigido por Barrionuevo.

A pesar de la evidencia recolectada, la Cámara revocó por “falta de mérito” el primer procesamiento de Romano dictado por Rafecas en el 2006. Luego de ampliar la investigación y obtener más elementos de prueba, como resultados de careos y nuevas declaraciones testimoniales, el juez volvió a procesar al empresario. Su abogado, Fernando Castejón, apeló la medida pero esta vez la Sala II –integrada por los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun– rechazó el recurso. El tribunal consideró que existe un “cuadro probatorio que respalda la decisión del magistrado instructor de procesar a Romano” y además agregó que “puede considerarse comprobada” su responsabilidad penal por las “manifestaciones amenazantes dirigidas (a Ocaña) mediante interpósita persona”.

“Que dé la cara frente a la sociedad para terminar con esa forma mafiosa que durante años se utilizó en el PAMI”, exigió la ex titular de la institución. Romano tuvo distintas denuncias por irregularidades con la obra social de los jubilados, entre las que Ocaña destacó una vinculada con una gerenciadora llamada Abril, que operaba en el conurbano bonaerense –más precisamente en San Martín, los pagos de Barrionuevo– y el caso de la droguería Romalá, “que vendía medicamentos para hemofilia con un total de dos millones de pesos de sobreprecios”. Romano era empleado del viejo Correo estatal Encotel, donde servía café y llevaba expedientes. A partir del ’89 se vinculó con el menemismo y empezó su carrera empresaria. “En los ’90 –reflexionó Ocaña–, mientras todos los argentinos tenían una movilidad social descendente y se empobrecían, él sorprendentemente tuvo una movilidad social ascendente.”