Por Martín Becerra *

Los medios salen del placard

En la discusión suscitada por la cobertura mediática del conflicto del campo, pese a su orfandad de matices, habita una proeza: vencer el tabú por el cual el espacio público mediatizado evitaba obsesivamente debatir sobre sí mismo. Los medios, con licencia para hablar de todo y de todos, se autoabsolvían de toda crítica. Finalmente, los medios parecen salir de su placard.

Desde 1983, la agenda de la comunicación social sólo hallaba eco en los medios cuando denunciaba persecuciones o amenazas contra periodistas y (a regañadientes) actos de censura explícita. Desde hace cinco años esa agenda incorporó la crítica, que suscribe un importante sector del periodismo, sobre el uso discrecional de la publicidad estatal. La salida del placard de los medios posibilita ampliar esa estrecha agenda. La censura y las amenazas a periodistas deben ubicarse junto a otros cepos al derecho social a la expresión. Análogamente, la publicidad oficial no puede examinarse aislada del resto de los (cuantiosos) vínculos económicos vigentes entre el Estado y los medios.

Dos cuestiones aludidas en los medios colaboran a replantear el enfoque: ¿Es cierto que el Gobierno domina a los medios, induciéndolos a comportarse mansamente a través del manejo discrecional de la publicidad estatal? Y ¿en qué se diferencia la política K sobre pauta oficial de gestiones anteriores?

La cobertura mediática del conflicto del campo fue reveladora: las radios casi en cadena aplaudieron los piquetes del agro y las cacerolas del norte porteño (hubo excepciones: Víctor Hugo Morales o Ernesto Tenembaum). La TV en directo, vertiginosa, tuvo lapsus antológicos (“los piqueteros versus los ciudadanos”, segregó una cronista) y enfocó con esmero algunas esquinas porteñas, sin mostrar el resto de una ciudad que, mayoritariamente, eligió no protestar. La prensa escrita incluyó matices, aunque fue ostensible el patrocinio de algunos columnistas y editores a las medidas de acción directa del agro cuando desde hace una década propagan consignas de mano dura si la calle la ganan los desposeídos, como evidencia el notable documental “La crisis causó dos nuevas muertes”, sobre el rol de los medios en el asesinato de Kosteki y Santillán en 2002.

Por consiguiente, o la publicidad oficial no fue capaz de encuadrar a los medios con el Gobierno en su momento crítico, o la relación entre línea editorial y pauta oficial es mucho más difusa en los medios nacionales de lo que se cree.

¿Y el carácter original que se atribuye a los gobiernos K en el manejo discrecional de recursos estatales? La historia lo desmiente: desde que en 1801 con El Telégrafo Mercantil, y luego con las disposiciones sobre libertad de imprenta de 1811 a 1816, se validó el uso del Tesoro para ayudar a los diarios, los lazos del poder político con los medios son estrechos, cuando no orgánicos. Orgánicos como la sociedad del Estado con Clarín y La Nación en Papel Prensa, vigente desde 1976. En el siglo XIX el diario La Prensa decía ser excepcional porque sus periodistas no aceptaban favores ni empleos de políticos. Conclusión: la relación fue siempre discrecional. ¿Es ello correcto? No. ¿Debería sanearse e institucionalizarse? Sí. Pero ¿es algo novedoso? No lo es.

Además de sobrevalorar sus efectos en medios nacionales y de suprimir dos siglos de historia, hay denuncias sobre la publicidad oficial que omiten la incidencia de grandes anunciantes comerciales sobre los medios y silencian la arbitrariedad con la que sucesivos gobiernos asignaron y renovaron licencias de radio y TV beneficiando a un grupo de empresarios, dispusieron exenciones impositivas, auxiliaron a firmas nacionales al borde del quebranto, avalaron la concentración en pocas manos (a diferencia del criterio aplicado en los países centrales), consintieron condiciones laborales precarias y admitieron violaciones publicitarias. Todo lo cual merece sanearse e institucionalizarse junto con la pauta oficial, en nombre de la libertad social de expresión. El anunciado tratamiento de una nueva ley de radiodifusión y la salida del placard de los medios abren un escenario de escrutinio público sobre estos temas, para que la institucionalidad se realice a la luz del día.

* Doctor en Comunicación. Docente e investigador Universidad Nacional de Quilmes / Conicet.

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Por Guillermo Mastrini *

El Observatorio de Medios no existe

Durante las últimas semanas asistimos a un intenso debate sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad y su vínculo con el poder político. Tal vez ésta sea otra de las consecuencias del conflicto derivado del aumento de las retenciones. Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Plaza de Mayo diversos periodistas describieron sin alarmarse el enfrentamiento entre “gente normal” y “piqueteros”. Estas afirmaciones, aun cuando no sean realizadas con intención, son claramente discriminatorias. Lamentablemente son más frecuentes en los medios de lo que es deseable. Un canal de noticias informó sobre un accidente en el que murieron “tres personas y un boliviano”. Desde hace tres años existe un Observatorio de la Discriminación en los Medios (www.obserdiscriminacion.gov.ar) destinado a estudiar los casos donde pueden afectarse derechos elementales de las personas, como verse discriminadas por su raza o su ideología. Dicho Observatorio no tiene ninguna capacidad para censurar ni para multar a medios. Sólo emite declaraciones indicando en qué situaciones se han cometido actos discriminatorios. De hecho, cabría decir que tiene la potestad de hacerlo porque hasta ahora sus escasas declaraciones no han merecido ni objeciones ni difusión. El Observatorio no tiene mayor capacidad para hacer trascender sus declaraciones a la opinión pública y para tal función dependerá del lugar que los medios de comunicación quieran asignarle. Decir que se trata de un Observatorio de Medios no sólo constituye un grave error, sino que contribuye a la desinformación ciudadana.

El martes 1º de abril la Facultad de Ciencias Sociales reclamó, en una declaración de su Consejo Directivo, que el Observatorio tuviera más actividad. El gobierno nacional, con picardía política, citó el viernes 4 a los directivos de la Facultad y decidió poner en acción el Observatorio que, aunque sea reiterativo, fue creado hace tres años sin merecer mayores objeciones. A partir de la reunión entre la Presidente y las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales se desató una campaña destinada a desacreditar el Observatorio y, casi de paso, cualquier política gubernamental en relación con los medios de comunicación con el argumento de la defensa de la irrestricta libertad de expresión y su derivada, la libertad de prensa. Los grandes grupos de comunicación y las entidades representativas de los propietarios de medios hábilmente unieron el relanzamiento del Observatorio con la muy desafortunada mención de la Presidenta a un dibujo de Hermenegildo Sábat, para anunciar con bombos y platillos “una iniciativa del kirchnerismo para controlar la prensa”. Es llamativo que nadie mencionara que entre los fundamentos normativos del Observatorio de la Discriminación está la Declaración de Chapultepec elaborada, entre otros, por la Sociedad Interamericana de Prensa. No creo que los editores de periódicos acusen a la SIP de procurar restringir la libertad de expresión.

En este punto parece importante analizar algunas cuestiones. La política comunicacional del kirchnerismo en sus dos etapas de gobierno presenta dos caras bien diferenciadas. Por un lado la disputa de la agenda con los medios, por el otro las medidas vinculadas con la regulación de los medios de comunicación. En relación con la primera, el Gobierno adoptó desde 2003 un estilo que no reconoce antecedentes en el país, en el que el/la jefe de gobierno aprovecha su condición para disputar con la prensa la construcción de una agenda de temas. Varias veces desde la Casa de Gobierno se criticó ciertos contenidos mediáticos. Esto no es atacar la libertad de prensa. Porque, salvo que alguien demuestre lo contrario, la prensa ha seguido denunciando casos de corrupción en el gobierno, y criticando varios aspectos de las políticas gubernamentales sin sufrir ningún tipo de censura.

Me interesa destacar el otro aspecto, aquel del que los grandes medios no hablan. Las principales regulaciones del kirchnerismo en relación con los medios de comunicación fueron absolutamente favorables a las corporaciones mediáticas. De forma inaudita se les regaló 10 años de licencias, así como se impidió a las cooperativas de servicio público brindar servicios de cable. Durante el kirchnerismo se conformó, con su aprobación, un cuasi monopolio del cable. Sin embargo, esto no preocupa a las entidades periodísticas, ni es visto siquiera como riesgoso para la libertad de expresión. Sí lo fue para la Facultad de Ciencias Sociales que emitió una condena a las políticas gubernamentales. Por supuesto, ningún pícaro le dio mayor repercusión mediática.

La parte por el todo. No toda mención a la prensa es un ataque a su libertad. Tampoco puede argumentarse que sólo el gobierno amenaza las capacidades expresivas de empresas y periodistas. El verdadero principio a defender es la libertad de expresión, la de todos los ciudadanos, y no exclusivamente la de aquellos privilegiados que acceden a los escasos recursos comunicacionales masivos.

Hasta aquí un relato de los hechos. Por supuesto, tan subjetivo éste como el que cotidianamente realizan los medios.

* Licenciado en Comunicación. Docente e investigador, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.