El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, descubrió un intento de hackeo a su computadora después de haber recibido varios e-mails sospechosos. Eran correos electrónicos que le advertían que su clave personal para acceder al sistema del tribunal estaba a punto de caducar y le pedían renovar con urgencia todos sus datos personales. La empresa Telmex, que les provee los servicios informáticos a los supremos, les confirmó a los colaboradores de Su Señoría en forma extraoficial, verbal, que había sido blanco de un típico caso de phishing. Pero no era todo: le advirtió que la maniobra podría estar relacionada con un ex agente de la SIDE, hasta hace unos días integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El viernes Lorenzetti le pidió por carta a la compañía que todo eso se lo dijera por escrito, con miras a concretar una denuncia.

Como es característico del phishing –un método de hackers que se usa para robar datos y/o ingresar a un determinado sistema– los e-mails que recibió Lorenzetti provenían de Telmex. O eso aparentaban. En conversaciones varias con la Administración General y el área de Informática de la Corte, la empresa mexicana de telecomunicaciones dijo que los mensajes no habían sido enviados por ella sino que se trataba, en efecto, de un intento de hackeo. Eso es lo que relataron a Página/12 funcionarios confiables del tribunal. El dato causó preocupación, por tratarse del presidente de la Corte, y porque no es la primera vez que ocurre algo así en la red suprema: ya le pasó a Raúl Zaffaroni.

A eso se sumó la presunta vinculación del episodio, al parecer mencionado por Telmex, con el ex espía Iván Germán Velázquez. Tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo, el nombre de Velázquez habría quedado asociado el año pasado a distintos episodios de hackeo a funcionarios y periodistas. Dos semanas atrás este diario informó que, además, aparecía como uno de los supuestos gestores de una convocatoria por medio de una cadena de e-mails (mediante la utilización de direcciones de correo hackeadas) a una Marcha Federal a Plaza de Mayo de sectores del campo para el viernes 28 de marzo, cuando estalló el conflicto rural por las retenciones. El texto que circuló, escrito con un precario lenguaje castrense, daba precisiones sobre puntos de encuentro y hasta cantidad estimada de gente que asistiría.

En aquel momento, Velázquez trabajaba en el área de Contrainteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Por esos días, un funcionario de la PSA consultado por Página/12 dijo que no confiaba en Velázquez pero sólo le abriría un sumario si surgían las evidencias necesarias que lo relacionaran con los e-mails. “Son chicos raros que hacen un trabajo raro también”, minimizó.

A los pocos días el policía fue llamativamente separado de su puesto junto con un estrecho colaborador, Pablo Carpintero. Según el mismo funcionario de la PSA nuevamente consultado, el desenlace no fue por la convocatoria a la protesta del campo sino por haber ido a increpar –a raíz de una interna– a un alto funcionario de la SIDE. Voceros del Ministerio de Justicia consultados por este diario se limitaron a decir: “Pregúntenle a la Policía Aeroportuaria”. Ambos, Velázquez y Carpintero, habrían optado por dejar la Argentina y radicarse en Uruguay.

Mucho antes de todas estas andanzas, en abril de 1999, Velázquez fue detenido, acusado de vender instrucciones para armar bombas en disquetes. Pertenecía entonces a la Comunidad Nativa de Organizaciones Regionales que formó el vicecomodoro Horacio Riccardelli. Un grupo de militares de ultraderecha fue a reclamar por su libertad al juzgado junto al abogado defensor Pedro Bianchi, defensor de represores.

En la Corte Suprema prefieren mantener la calma y esperan que Telmex –la empresa del multimillonario Carlos Slim– les diga oficialmente cuando menos lo esencial de lo que les dijo informalmente: que existió un intento de hackeo, phishing o alguna de sus variantes. Lorenzetti, al parecer, tiene la intención de hacer la denuncia, pero preferiría esa confirmación de la compañía al momento de presentarse en un juzgado.