El juez federal Sergio Torres procesó a once oficiales retirados de la Armada y a un ex policía federal por su participación en secuestros, torturas y homicidios en la ESMA durante la última dictadura militar. El listado incluye a marinos menos célebres que Astiz, Acosta & Cía. pero con carreras exitosas como los almirantes retirados Rubén Oscar Franco, que llegó a ser comandante en jefe de la Armada hasta el retorno de la democracia, Edgardo Aroldo Otero, alias “Honda”, director de la ESMA y comandante del grupo de tareas 3.3.2 en 1980, y el capitán de navío retirado Carlos Daviou, alias “Justo”, sindicado por Adolfo Scilingo en España como uno de sus acompañantes en los vuelos de la muerte y segundo jefe de inteligencia de la Armada hasta su retiro en septiembre de 1999. La mayor parte de los delitos que les imputa la Justicia fueron cometidos entre 1978 y 1980. Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, la medida elevó a cincuenta el número de procesados con prisión preventiva del mayor centro clandestino de detención de la Armada y de la Capital Federal.

La resolución de Torres y su secretario Diego Slupski tiene más de 250 páginas e incluye embargos millonarios. Los procesados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y tormentos seguidos de muerte son los almirantes Franco y Otero, los contraalmirantes Mario Pablo Palet y Eduardo Morris Girling, el vicealmirante Alberto Gabriel Vigo, los capitanes de fragata Ricardo Lynch Jones, Miguel Angel Rodríguez, Julio César Binotti y el médico Carlos Octavio Capdevila, los capitanes de navío Daviou y Miguel Angel García Velazco, y el sargento Juan Carlos Fotea Dineri, de la Policía Federal, detenido en España en 2005 y extraditado a la Argentina.

Los seis primeros gozan de arresto domiciliario. La propia Armada debe trasladarlos hoy a las ocho de la mañana a los tribunales de Comodoro Py para que se notifiquen de la medida. Los otros seis, presos en el penal de Marcos Paz, fueron notificados ayer. El mayor embargo recayó sobre García Velazco, con 370 millones de pesos. Le siguen Otero con 285 millones, Fotea con 269, Franco con 225, Lynch Jones con 199, Morris Girling con 101, Daviou con 98, Vigo con 94, Capdevila con 86, Rodríguez con 16, Palet y Binotti con 7 millones de pesos.

La mayor parte de los procesados fueron detenidos por orden de Torres el 11 de marzo pasado. Dos de los que el juez ordenó capturar ya habían muerto impunes: los vicealmirantes Rodolfo Antonio Remotti y Leopoldo Alfredo Suárez del Cerro. Otros dos se convirtieron en prófugos de la Justicia: el subprefecto Jorge Manuel Díaz Smith y el oficial de la Policía Federal Claudio Pittana. La megacausa ESMA tiene otros cinco imputados que burlan con éxito al Estado: el capitán de navío Jorge Vildoza, el prefecto Gonzalo Sánchez y los policías Roberto González, Juan Carlos Linares y Pedro Salvia. Según el listado de 18 represores cuyas capturas ordenó Torres el mes pasado, restaría resolverse la situación procesal del contraalmirante Jorge Néstor Estévez, que como subjefe de operaciones comandó la Fuerza de Tareas 3 en 1978, y de Luis Wis Navarro, que integró el sector operaciones entre 1977 y 1979.

Según pudo saber Página/12 de fuentes judiciales, el único de los marinos detenido en marzo que no se negó a declarar fue el capitán de fragata retirado Ricardo Lynch Jones, quien según el dictamen del fiscal Eduardo Taiano se desempeñó en 1977 con el alias “Panceta” como voluntario del grupo de tareas 3.3.2. Hizo uso de la palabra para aclarar que quien actuó en la ESMA no fue él sino su hermano Gustavo Alberto, acusado de participar en vuelos de la muerte, que no está para defenderse de la acusación de “Panceta” porque murió hace más de veinte años.

En su resolución el juez Torres explicó que “la constitución, organización y funcionamiento” de los grupos operativos “se gestó desde la cúpula misma de la Jefatura de la Armada, con los medios y el personal perteneciente a esa fuerza, de un modo institucional y jerárquico”. Agregó que “ninguno de los estratos intermedios entre la Jefatura y el personal operativo, de inteligencia y logística que formaban parte del grupo de tareas, ignoraban o desconocían, negaban ni impedían de modo alguno la actividad de aquella formación”.

El juez detalló que “mientras duró el cautiverio de las víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada se les dispensó un trato inhumano, cruel y degradante”. Recordó que además de la picana eléctrica, el submarino y demás métodos de torturas, los secuestrados debían permanecer “encapuchados, esposados y a veces también engrillados a la pared o a una bala de cañón y únicamente se les permitía sentarse para comer, pero mirando hacia la pared. No les estaba permitido hablar ni moverse. Se les restringía al máximo la alimentación y para ir al baño debían levantar la mano y esperar”, aunque “muchas veces debieron evacuar en el mismo lugar donde estaban acostados”.

Según los registros del CELS, 27 de los 50 procesados en la megacausa ESMA están presos en el pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz, 22 gozan de arresto domiciliario, en tanto el prefecto Juan Antonio Azic aún se recupera de su suicidio frustrado en el Hospital Naval.