El seguimiento ambiental que debían hacer los investigadores de la Universidad de Buenos Aires en Gualeguaychú sobre los efectos de Botnia todavía no pudo iniciarse, porque la Secretaría de Medio Ambiente no aportó los fondos para su financiamiento. Así lo señaló a Página/12 Jorge Aliaga, el decano Ciencias Exactas y Naturales. Esa facultad firmó en diciembre un convenio con Romina Picolotti para hacer un trabajo de seguimiento, sumándose al programa de vigilancia ambiental de la Nación. Debían empezar en enero, hace cuatro meses, pero todavía siguen esperando para arrancar.

La participación de las universidades en el control de los efectos de Botnia surgió por una convocatoria del ex intendente de Gualeguaychú Daniel Irigoyen, que en el año 2006 pidió ayuda a especialistas de Exactas, de la Universidad de Luján y de la Comisión de Energía Atómica para que documentaran el estado de la región de manera previa al inicio de actividades de la pastera. Así se armó un grupo de treinta especialistas que hicieron mediciones de la calidad del agua, el aire y los suelos en la zona de influencia de Botnia y establecieron la llamada línea de base de la zona, un registro de carácter oficial que servirá para saber –y eventualmente probar ante la Corte de La Haya– si Botnia contamina.

La investigación se realizó con bajo perfil, financiada por la intendencia y en buena medida por las horas de trabajo aportadas de manera gratuita por los docentes. Los resultados del estudio se presentaron en sociedad a fines del año pasado, en los días en los que Botnia empezaba a funcionar; al conocer los detalles de la investigación, la secretaria de Medio Ambiente los convocó para que continuaran con la tarea bajo su órbita.

“El proyecto es, básicamente, continuar y reforzar lo que se hizo durante los años 2006 y 2007, con mediciones periódicas de los indicadores ambientales para compararlos con la línea de base. Se supone que no estamos en una situación de cataclismo, que la entrada en funcionamiento de la pastera va a generar cambios que irán fluyendo, en el largo plazo. Presentamos a la secretaría un proyecto para controlarlo, que fue aprobado. Firmamos el convenio. El tema es que concretarlo está atado a que se reciban fondos para comprar los equipos necesarios y costear los insumos”, relató el decano. Por esa razón fue sufriendo sucesivas postergaciones hasta hoy.

La demora no implica que Gualeguaychú carezca de monitoreo, ya que en la ciudad hay puestos de control de la atmósfera y el agua, que darían el alerta en caso de un accidente. Lo que Aliaga señala como interrumpido es el trabajo específico de los investigadores universitarios, “los estudios a largo plazo y en profundidad” que, según habían convenido, continuarían los monitoreos a partir del registro de la línea de base.

Botnia comenzó sus pruebas en septiembre del año pasado y entró en producción el 9 de noviembre. En los meses iniciales hubo denuncias por el mal olor y una sucesión accidentes que tuvieron como afectados a trabajadores de la planta; luego la situación pareció estabilizarse y no hubo nuevas denuncias. El gobierno uruguayo ha sostenido que –según sus registros– hubo cambios ambientales en la zona de influencia de la planta de celulosa, pero todos estuvieron “dentro de lo previsible”. Los resultados de los controles argentinos han tenido, hasta el momento, muy poca difusión.