La sentencia de la Corte Suprema había habilitado ese resquicio. El tribunal cifró su decisión en lo ocurrido antes de la asunción de Luis Abelardo Patti. Todo lo acontecido después, en especial los avances de dos causas en su contra con procesamientos incluidos, quedó excluido de la resolución. Esos hechos, sobrevinientes a la elección de Patti y a su frustrado juramento, fueron fundamento de la medida que la Cámara de Diputados se disponía a aprobar a medianoche, al cierre de esta columna. Se gambeteó así el conflicto de poderes, la Cámara volvió a desaforar al represor, aunque no lo haya expresado en esos términos. Más aún, los legisladores optaron por el único camino que podía honrar dos decisiones judiciales no contradictorias sino sucesivas y complementarias: el fallo de la Corte y el posterior pedido de desafuero del juez Alberto Suares Araujo.

La discusión parlamentaria versó sobre una cuestión de procedimiento: ¿debía tomarse o no juramento a Patti como requisito previo al desafuero? La mayoría consideró que no es necesario. No es un punto desdeñable pero ciertamente subalterno en jerarquía a la decisión sustantiva. En el debate de fondo concordaron muchos partidos democráticos, incluyendo al oficialismo y a las fuerzas más relevantes de la oposición. El extendido consenso es especialmente relevante por la importancia institucional del asunto y resalta por contraste en un sistema político en el que la crispación predomina (demasiado) sobre los acuerdos transpartidarios.

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El delito, no las ideas: Geográfica y moralmente distante del Congreso, Patti desfiló (celular mediante) por varias radios y canales de tevé. Usó el mejor argumento a que podía echar mano, el de la soberanía popular, invocando el derecho de quienes lo votaron. Se victimizó alegando una persecución política. Pero ni el Congreso ni la Justicia federal toman en cuenta su ideología. Lo que prima es la avanzada investigación de crímenes de lesa humanidad, que se habría entorpecido si no se lo desvestía de fueros.

Sus ideas pueden ser repudiables para muchos. Por añadidura, aunque suene enojoso, es bastante verosímil suponer que buena parte de sus votantes lo apoyaron por lo que piensa o aun por lo que es, incluyendo su condición de apologista público de la tortura. Pero no está en cuestión su penosa escala de valores sino sus presuntos delitos. La última palabra no se pronunció ayer por boca de sus competidores políticos, la emitirán los tribunales en juicios ajustados a derecho.

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La prueba escrita: La diputada Graciela Camaño leyó estremecedores documentos (algunos de aquellos tiempos, otros de los albores de la democracia) en los que se mencionaba el insidioso protagonismo del líder de Paufe en la etapa del terrorismo de Estado. Una carta manuscrita de Diego Muniz Barreto, material de la Conadep. También citó una nota periodística publicada en 1977 por el diario Buenos Aires Herald en la que se identificaba por su apellido a las víctimas de Patti y a éste. En tiempos en que tanto se discute el rol y compromiso democrático de la prensa, bueno es recordar (y valorar) a los pocos que mantuvieron una conducta digna en tiempos tan duros, sin dejar de preguntarse por qué esa misma información no fue difundida por otros medios más reconocidos.

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Una familia presente: El contexto de impunidad, hilvanado por la dictadura y por las defecciones de gobiernos democráticos, signó que recién ahora puedan avanzar las causas contra Patti. Esa misma dilación influyó en otro hecho histórico, reflejado en la crónica de ayer. Victoria Donda, hija de desaparecidos, votó con la mayoría, aludiendo a ese contexto y recordando la saga de su familia. Sus padres, su abuela (fallecida hace pocos meses) que siempre la buscó y la quiso recuperar, ella misma, su hija. En el tramo más vibrante de una sesión memorable, Donda, pañuelo blanco en ristre, conjugó emoción y pertinencia. Cifró en su cuerpo y en su historia todo lo que se jugaba ayer en el recinto. Los vítores que recibió son, paradojas te da la vida, producto de la eterna dilación de la Justicia.

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Todos marcharon: En la avenida Rivadavia y dentro del Congreso había militantes políticos, sociales y de derechos humanos. En el recinto, sí que en mucha menor medida, se dejaron ver partidarios de Patti. Contra lo que muchos dijeron días atrás, la democracia se expresa en marchas y contramarchas. El espacio público es de todos y no es de nadie. Así fue ayer, así debe ser.

Una vez desaforado, Patti podrá defenderse en los tribunales, amparado en la presunción de inocencia. Sus víctimas tendrán tardía chance de perseguir verdad y justicia. Las instituciones funcionaron, con un cruel delay de 30 años. Pero funcionaron, en el estrecho margen de lo que es posible aquí y ahora.