En todo accidente hay una cuota de fatalidad y otra de imprevisión o negligencia. Según los casos, uno u otro factor puede prevalecer a la hora de buscar un porqué. En relación con el micro que volcó en la Cuesta del Totoral, todo indica que prevaleció la impericia y la falta de prevención, en una cadena que comprende desde el chofer y el propietario del micro hasta el propio Estado, incapaz de establecer una política nacional de prevención de accidentes y de control del transporte público, según coincidieron, ante una consulta de este diario, dos especialistas en seguridad vial.
Para Eduardo Bertotti, titular del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), accidentes como éste son “consecuencia de la política de desregulación del transporte de pasajeros, que conduce a la falta de control”. “Mediante una falsa política para favorecer el empleo, se permite que preste el servicio de transporte cualquier propietario de vehículos, y el Estado se ve excedido en el control”, argumenta Bertotti.
Alberto Silveira, de la Asociación Luchemos por la Vida, coincide en señalar las falencias en los controles, pero agrega otros dos factores: “La falta de capacitación de los choferes profesionales en conducción segura y el otorgamiento irresponsable de licencias de conducir”, sostiene. Según Silveira, las licencias son emitidas por más de mil municipios, sin ninguna coordinación entre sí sobre la existencia de antecedentes, y “muchas veces en forma corrupta, mediante el pago de una suma de dinero”.
El descontrol del transporte público, insiste Bertotti, se origina en la desregulación de la actividad, “que permite la proliferación de las combis y tolera los micros y los remises truchos”. De esa manera, sostiene, hay cada vez más vehículos para controlar y menos Estado para hacer los controles, lo que encierra, en el fondo, “una decisión política”.
Además de esa carencia, el titular del ISEV señala otra: la inexistencia de una política nacional de seguridad y –menos aún– de un organismo que se dedique a abordar esa problemática y trazar programas de prevención.
Silveira, de Luchemos por la Vida, considera que en el caso de Catamarca la responsabilidad del conductor no es menor. “Hay que ver a qué velocidad iba y si había ingerido alcohol antes de conducir”, sostiene. De acuerdo con una investigación realizada por la asociación civil, en 1999, el 31 por ciento de los choferes profesionales encuestados en la ciudad de Buenos Aires admitió haber protagonizado un accidente de tránsito en los últimos dos años, tres veces más que los conductores no profesionales (11 por ciento). “Además, el 25 por ciento de los choferes profesionales protagonizó accidentes graves, con lesionados o muertos, cuando en los países desarrollados es del 1 al 2 por ciento”, precisó Silveira.
“Cada país tiene el número de muertos por accidentes de tránsito que está dispuesto a tolerar –concluyó Bertotti–. Espero que este hecho contribuya a que se agote nuestro nivel de tolerancia respecto de la falta de seguridad vial.”