La Justicia Federal de Santa Fe declaró “inválidas e inconstitucionales” las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en la causa por la supresión de identidad de María Carolina Gaullame (Paula Cortassa), secuestrada en 1977 y entregada por los represores a un juzgado de menores. El juez federal Reinaldo Rodríguez hizo lugar al pedido de los abogados querellantes para que se investigara la responsabilidad en el caso de Leopoldo Fortunato Galtieri y otros tres militares.
María Carolina fue secuestrada el 11 de febrero de 1977 y mantenida en cautiverio durante dos meses. “El móvil (fue) usarla como herramienta psicológica para quebrar en la tortura a su padre”, consideró el abogado Jorge Pedraza en la presentación con la que reclamó la nulidad de las leyes.
El secuestro de la niña, según los querellantes, “coadyuvó a ocultar su verdadera identidad hasta veinte años después, cuando el Ejército ya conocía quiénes eran sus padres”. Al entregarla al Juzgado de Menores, los represores omitieron indicar el nombre de su padre, quien continúa desaparecido. El ocultamiento de la identidad es la práctica perversa que se repite en todos los casos.
El juez Rodríguez ahora podría citar a indagatoria a Galtieri y a otros tres antiguos jefes de la fuerza, el coronel Juan Rolón (por entonces responsable del Comando de Artillería), al coronel Domingo Marcellini (ex titular del Destacamento de Inteligencia 122) y a Manuel Morales, ex segundo jefe del destacamento.
El juzgado puntualizó los artículos de las leyes que declaró inválidos e inconstitucionales: el 1 de la ley 23.492 de Punto Final y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 23.521 de Obediencia Debida, según detallaron voceros del caso.
El 15 de agosto pasado, Rodríguez ya había declarado inconstitucionales algunos artículos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en otra causa en la que se investigan delitos cometidos durante la última dictadura militar. En ese caso se encuentra involucrado, entre otros, el ex juez federal Víctor Hermes Brusa.