La investigación sobre el secuestro del presidente de la Casa de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Zárate, Juan Evaristo Puthod, pasará la próxima semana a la Justicia federal. El motivo: la connotación política del caso, ya que se trata de la desaparición de una víctima de la última dictadura militar. Puthod fue secuestrado el 27 de marzo de 1976 y pasó por siete centros clandestinos de detención antes de ser blanqueado a disposición del Poder Ejecutivo. Pero hasta que el traspaso se concrete y un fiscal federal tome la posta, el fiscal bonaerense Martín Zocca continuará buscando indicios sobre los potenciales captores. El dato lo confirmó a Página/12 el propio Puthod tras tratar el tema con Zocca.

Durante la tarde de ayer el militante peronista secuestrado en la tarde del martes y liberado el miércoles por la noche recorrió junto con el fiscal y agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires campos cercanos a Zárate con el fin de identificar el lugar donde transcurrió su cautiverio. “Si digo algo el fiscal me mata, pero hay posibilidades” de ubicarlo, sugirió Puthod, quien admitió que se emocionó al recibir un llamado telefónico del hijo de Jorge Julio López, el testigo del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006 (ver recuadro).

La versión sobre la intervención de la Justicia federal comenzó a circular en la mañana del miércoles, luego de medio día sin rastros de Puthod. Según ese trascendido, por la militancia política de la víctima no podía considerarse un delito común sino una “desaparición forzada de persona”, un delito federal. El traspaso de la causa a la Justicia federal implica no sólo mayores recursos para investigar sino también una admisión sobre la gravedad institucional del caso. Los organismos de derechos humanos reunidos en Justicia Ya!, querellantes en el caso López, tuvieron que esperar 19 meses hasta que la Cámara Federal de La Plata aceptó el cambio de carátula que les había negado el juez federal Arnaldo Corazza. Ese mismo día el tribunal platense resolvió apartar de la investigación a la policía bonaerense, que aún actúa en el caso Puthod pese a las sospechas sobre la intervención de esa fuerza que el presidente de la Casa de la Memoria hizo públicas en la entrevista publicada ayer por Página/12.

Una vez que la Justicia de Garantías de Zárate acepte la declinación de competencia, el interrogante es si la causa pasará al juzgado federal de Campana, por el lugar donde ocurrieron los hechos, o al de San Martín, que instruye la megacausa Campo de Mayo en la cual Puthod declaró como testigo. “El fiscal me explicó que por la connotación política la causa va a pasar a la Justicia federal pero hasta que se sortee un juzgado y empiece a intervenir un fiscal federal él va a seguir investigando”, relató Puthod, quien ignora qué magistrado está hoy a cargo de su caso. “Sé que es una jueza pero no le conozco la cara”, aclaró.

Hasta el momento la víctima no cuenta con un abogado que lo asesore. “Recién lo voy a buscar cuando intervenga otro fiscal. En esta etapa quiero estar yo mismo al frente de la investigación. Creo que es la mejor garantía de que se investigue: salir a buscar, romperle las bolas al fiscal, joder a la DDI. Cuando golpearon a mi señora hicimos la denuncia en la fiscalía de Campana, se cajoneó y no se hizo nada. Ya pasé por esa experiencia y no quiero que se repita”, explicó.

Cuando Página/12 le preguntó si por su cercanía personal y política con Sara Derotier de Cobacho podía llegar a ser patrocinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Puthod adelantó que “lo vamos a charlar, yo les tengo mucha confianza, en especial al abogado Eduardo Rezses, un muchacho que trabaja muy bien”. Ante la consulta Rezses dijo que aún no se había analizado la posibilidad de actuar como querellantes. “Por lo general sólo somos parte en causas por terrorismo de Estado. En casos de delitos actuales, ya sean de violencia policial, torturas en cárceles u otros, nos limitamos a hacer seguimientos, pedidos de informes, presentaciones a las fiscalías. Pero en este caso no lo descartamos. Tenemos que analizarlo”, explicó el abogado.

Luego de declarar por la mañana a una agencia de noticias que “la seguridad mía y de mi familia es prioridad número uno” y anunciar que se iba a reunir con el ministro de Seguridad Carlos Stornelli, Puthod informó en diálogo con Página/12 que “se tomaron algunas medidas” aunque se negó a tener custodia personal.