El problema de la calidad institucional constituye un clásico del debate político argentino. No se trata de un debate menor, la ausencia de respeto al funcionamiento de las instituciones es una de las causas más eficientes de la ya endémica inestabilidad política argentina. Las crisis económicas y el culto a la discrecionalidad por parte de quienes detentan transitoriamente el gobierno y la administración del Estado son las explicaciones obvias de un fenómeno que, presente en buena parte de los países latinoamericanos, se encuentra particularmente exacerbado en el caso argentino concreto. Existen serios indicios para tildar de insuficiente cualquier explicación que se limite a las dos causas arriba señaladas.

En nuestro país, las reglas de juego para el funcionamiento del Estado en general son malas o carecen de reglamentación y los intentos serios de reforma suelen estrellarse contra la voluntad de quienes, representando al Gobierno detentan además la mayoría en el Poder Legislativo. Como además rige en la Argentina una suerte de parlamentarismo sui generis de hecho, la perdida de la mayoría en el Legislativo implica la cuenta regresiva automática para ser desalojado del Poder Ejecutivo. En este contexto, la falta de una ley eficaz de coparticipación federal se ha convertido en la variable más importante para entender el funcionamiento real del sistema político argentino.

En cuanto a reformas, nunca es tiempo ni lugar para aprobarlas. En los últimos cincuenta años, para no ir más lejos, todo aquel que asume funciones de gobierno en cualquiera de sus niveles declara que lo hace en tales condiciones de desastre que, si de un lado justifican el carácter emergencial de la gestión, del otro impiden perder el tiempo con “lujos” tales como las reformas legales e institucionales. En general y lamentablemente, estas declaraciones se corresponden con la realidad. El problema, sin embargo, es que, superada la crisis, la falta de reglas que limiten la discrecionalidad se convierte en un beneficio para el administrador de turno, que cierra así el paso a cualquier tipo de institucionalidad democrática y razonable. Un círculo vicioso en estado químicamente puro.

Cuando una parte significativa de la oposición declama su rechazo a estas prácticas pero las ejerce sistemáticamente en el interior de sus propios partidos, las crisis institucionales adquieren un carácter hegemónico. Nada de esto es ciencia ficción, por el contrario, constituye una ajustada fotografía de la situación política argentina actual. En estos días, una parte de la oposición se ha nucleado alrededor de un conglomerado de partidos que adoptan la denominación de Coalición Cívica. En realidad todos los partidos menos uno de los que conforman esta Coalición, que ha adoptado sin tapujos una defensa prácticamente incondicional de los sectores más concentrados del establishment, son meros sellos inexistentes que responden a descarnados intereses corporativos o, peor aún, simplemente personales. No es el caso del ARI, un partido con un claro origen contestatario de centroizquierda que prometía una profunda renovación de la cultura política argentina. Este partido ha sido disuelto hoy en la mencionada Coalición y en un clarísimo viraje hacia la derecha ha abandonado todos y cada uno de los postulados que le dieron origen. El problema central no radica aquí solamente en el abandono de los contenidos, sino en el desprecio total por toda forma de metodología democrática. Ningún partido político argentino posee hoy más distritos electorales caprichosa y arbitrariamente intervenidos que el ARI. Todo vestigio de democracia interna ha sido abandonado y reina ahí la voluntad omnímoda de uno de sus fundadores. Este es el trato que se les dispensa hoy a todos aquellos que todavía defienden las banderas originales de cambios. Una nueva formación política constituye, en este contexto de forzada polarización, la única opción posible para un país donde vastos sectores del centroizquierda carecen de toda forma de herramienta electoral valida. La falta de democracia interna de los partidos políticos posee efectos desastrosos sobre el funcionamiento del sistema democrático. Sin espíritu y prácticas republicanos, la república se constituye como mera caricatura de sí misma.

* Diputado nacional ARI Autónomo.