El ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint-Jean y su ministro de Gobierno Jaime Lamond Smart fueron detenidos por orden del juez federal Arnaldo Corazza por su presunta responsabilidad en el manejo de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura. La causa fue iniciada por los hijos del periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, secuestrado en 1977 y cautivo en varios de esos centros clandestinos. El objetivo de la causa judicial es establecer la participación de estos civiles –la denuncia inicial incluye a otros seis– en los crímenes del terrorismo de Estado.

Los dos ex funcionarios del gobierno militar fueron detenidos el lunes a la noche y trasladados ayer a la mañana para prestar declaración en el juzgado de La Plata, donde pidieron la prisión domiciliaria, lo que el juez Corazza les concedió, ya que ambos son mayores de 70 años. Saint–Jean, que es militar pero estaba retirado cuando lo nombraron interventor de la provincia de Buenos Aires, ya pasó los 80 y está enfermo. Smart tiene 72 y goza de buen estado de salud, por lo que los querellantes pedirán que cumpla prisión en una cárcel común, según anticipó Alejo Ramos Padilla, abogado de Javier y Héctor Timerman, actual embajador en los Estados Unidos.

La denuncia contra Saint-Jean y Smart fue presentada por Ramos Padilla en septiembre del año pasado, mientras se sustanciaba el juicio oral contra el sacerdote Christian von Wernich. El letrado pidió entonces además la detención de otros seis civiles que prestaron funciones durante la dictadura, entre quienes están Alberto Rodríguez Varela y Roberto Durrieu, ambos abogados en actividad. A esa presentación se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y numerosas víctimas, que hicieron que del secuestro de Timerman se pasara a investigar setenta casos de detenciones ilegales en los centros clandestinos manejados por el entonces jefe de policía Ramón Camps.

Saint-Jean, como interventor, y Smart, como ministro de Gobierno, fueron los jefes directos del entonces jefe de policía. En la denuncia inicial, el abogado de la familia Timerman los señaló no sólo por haber formado parte de un gobierno represivo: “Desde las páginas de La Opinión se denunciaban violaciones a los derechos humanos, se publicaban hábeas corpus, etc. –recordó–. Ello sin duda irritó a los genocidas de la dictadura, en especial a Guillermo Suárez Mason, Camps y Saint-Jean, que conformaban el ala más violenta de la misma. El primero –Suárez Mason–dispuso la detención de Timerman, el segundo –Camps– llevó a cabo el operativo y el tercero –Saint-Jean– convocó a un equipo especial de funcionarios civiles de su confianza para que desde la Gobernación colaboraran con estas operaciones”.

La participación de estos civiles fue reconocida por el propio Camps en su libro El caso Timerman, en el que el represor agradeció su “colaboración”. Camps dijo en el texto que esos funcionarios “trabajaron en la investigación y los interrogatorios” y aportaron para “establecer cuál era el verdadero trasfondo de La Opinión a través del análisis del contenido de todos los números”.

Tras aquella denuncia, el fiscal federal Sergio Franco solicitó al juez Corazza la detención de Saint-Jean y de Smart. El fiscal argumentó que Saint-Jean, como gobernador de facto, “ostentaba el mando superior de la Policía, aun por encima del propio Camps”. En cuanto a Smart, entendió que le cabían similares consideraciones, “pues en su carácter de ministro de Gobierno debía resultar un eslabón necesario entre el gobernador militar y la jefatura de la policía, al menos en la facilitación de los medios necesarios para la operatoria del terrorismo de Estado”.

Smart tiene una historia estrechamente vinculada con el poder militar: era secretario de un juzgado hasta que en 1968 el gobierno de Juan Carlos Onganía lo designó fiscal; tres años más tarde, otro gobierno militar, el de Roberto Levingston, lo promocionó a juez como integrante de la Cámara Federal dedicada a juzgar guerrilleros y opositores políticos, más conocida como “el Camarón”. Con el golpe de estado del ’76 se convirtió en ministro de Gobierno bonaerense; recuperada la democracia se dedicó al ejercicio de la abogacía como defensor de los ex policía Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa y del represor Albano Harguindeguy. Además del caso Timerman, Smart tiene abierta una segunda causa judicial en la que fue imputado por el secuestro y la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez, ocurridos en 1978 en San Isidro.