El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su Informe Anual, en el que advirtió que a pesar de que los derechos humanos tuvieron en el 2007 un mayor protagonismo en la agenda del Estado, no hubo mayores avances en su protección efectiva. Horacio Verbitsky, presidente del CELS, y su director ejecutivo, Gastón Chillier, dieron a conocer en una conferencia de prensa las conclusiones del relevamiento. Las críticas más fuertes apuntaron al desempeño de la Secretaría de Derechos Humanos: “Se limita a trabajar sobre los juicios por los crímenes de la dictadura, pero tampoco a esto lo hace bien”, dijo el titular del organismo.

Este diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina es realizado por el CELS desde 1994. La edición de este año subraya la existencia de un “escenario político y económico favorable” generado, entre otros hechos, por la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad y el crecimiento económico. Sobre este escenario, sin embargo, el informe señala las deudas pendientes.

En relación con los juicios contra los represores, el organismo criticó la pobreza de su avance: “De 212 causas abiertas, de las cuales 139 se encuentran en movimiento, hasta el momento sólo 17 personas han sido condenadas”, reseñaron como dato inicial. Para el CELS no se trata sólo de la lentitud de los procesos judiciales, sino también del papel limitado que han cumplido los funcionarios. Verbitsky habló, a modo de ejemplo, del caso del represor Héctor Febres, muerto por envenenamiento en la sede de la Prefectura donde cumplía prisión poco antes de que se dictara su sentencia. “La Secretaría de Derechos Humanos había recibido la denuncia de un integrante de la Prefectura sobre las condiciones de detención de Febres y la cajoneó durante tres meses. Se la entregó al juez cien días más tarde, de modo que esa muerte se podría haber evitado.”

El informe cuestiona además la gestión de la Secretaría porque, “en lugar de dedicarse a resolver los numerosos inconvenientes generados desde la reapertura de los juicios, ha optado por presentarse como querellante de manera indiscriminada en las causas abiertas en todo el país, sin aportar pruebas útiles a los procesos”.

La investigación aborda después otros temas vinculados a los derechos humanos. La mala situación en las cárceles volvió a tener mucho despliegue, con la denuncia de la existencia de torturas y malos tratos. En la conferencia de prensa se formuló, además, un alerta concreto sobre la provincia de Buenos Aires, ya que en ese distrito en el último mes creció la cantidad de presos en las comisarías, lo que implica un retroceso con respecto a mejoras que se habían conseguido recientemente. La evaluación fue que tras la asunción de Daniel Scioli como gobernador, hubo cambios en la política policial que se tradujeron en un aumento de los arrestos, sumado a una vuelta al abuso de la prisión preventiva, “sin que esto haya mejorado en absoluto los índices de criminalidad”.

Un buen indicador, en cambio, apareció en relación con las muertes por violencia policial o de otros integrantes de las fuerzas de seguridad, que bajaron: fueron un 20 por ciento menos que en el 2006 y un 75 por ciento por debajo del período 2001-2002, cuando se registró un pico.

En cuanto a la protesta social, el CELS consignó que el criterio de no reprimir sostenido por el gobierno nacional ha tenido “evidentes debilidades para sostenerse en el tiempo y para extenderse en el territorio nacional”. Para ilustrarlo señalaron el asesinato del docente Carlos Fuentealba en Neuquén y “la violenta represión a los trabajadores petroleros de Caleta Olivia”, considerados como “los dos hechos de represión más graves ocurridos durante 2007”.

La cuestión social también fue señalada como una deuda pendiente. Chillier habló de la paradoja de que con un crecimiento económico sostenido, casi diez millones de personas continúan en la pobreza o la indigencia, al tiempo que los asalariados ven reducida su participación en el ingreso nacional. Los representantes del CELS se centraron en esos dos sectores para comentar el problema de la distribución de la riqueza: sobre los pobres, cuestionaron que aunque el Estado duplicó sus fondos, haya restringido el dinero destinado a las familias vulnerables, a los que hoy asiste con sólo un 1,5 por ciento de los recursos públicos. Sobre los que tienen trabajo, el relevamiento mostró que la expansión del PBI, de los salarios y de los niveles de empleo no generaron un aumento de su participación en el ingreso, “sino más bien lo contrario”. Los datos del año 2007 indicaron que la participación del trabajo en el ingreso disminuyó hasta ser del 27 por ciento, un 11 por ciento más bajo que en el 2001. Verbitsky detalló que esta sección del informe estuvo a cargo del economista Eduardo Basualdo y comentó cómo la pérdida de participación económica de los trabajadores está ligada a la baja sindicalización. En la actualidad, sólo el 12 por ciento de las empresas tienen delegados gremiales y apenas un cuarto de los empleados están afiliados.

Otros capítulos de la investigación se refieren a la libertad de prensa y el derecho a la información y el sistema judicial. El informe será presentado hoy en sala Adolfo Bioy Casares de la Feria del Libro, a las 18.30.