La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ratificó el criterio del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, al considerar que la Masacre de Trelew, como se conoce al fusilamiento de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar en 1972, es un delito de lesa humanidad y por lo tanto es imprescriptible. En la causa hay seis marinos retirados procesados y un prófugo con pedido de captura desde principios de febrero: el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, sindicado como autor material de la masacre y dueño en Miami de la firma RGB Group, contratista del Pentágono y de distintas fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. En el juzgado de Rawson calcularon que la traducción de todos los documentos probatorios en su contra solicitada por Interpol como requisito previo a la detención demorará no menos de dos meses.

El 22 de febrero pasado, tras las detenciones de los capitanes de navío Rubén Paccagnini y de fragata Emilio del Real, sus abogados Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre plantearon que la causa por la masacre de 1972 había prescripto por “falta de acción” a los quince años de los hechos. Un incidente similar presentó la defensora oficial Mirta Seniow de Gando, que asiste al capitán de fragata Luis Emilio Sosa. El juez Sastre rechazó los planteos por considerar que se trataba de delitos imprescriptibles y el 10 de marzo procesó a cinco marinos. Ayer la Cámara Federal, que aún no se pronunció sobre las apelaciones a los procesamientos, confirmó ese criterio.

Además de Paccagnini, Del Real y Sosa, los procesados son el contraalmirante Horacio Mayorga (los cuatro en el penal de Marcos Paz), el cabo Carlos Amadeo Marandino (en una comisaría de Rawson) y el capitán de navío Jorge Enrique Bautista (en el Hospital Naval). El brigadier general Carlos Alberto Rey y el general Eduardo Ignacio Betti gozan de prisión domiciliaria. El juzgado espera una serie de informes forenses que determinarán si están o no en condiciones de ser indagados.