Fulvio Madaro y Néstor Ulloa –ex titulares del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de Nación Fideicomisos– deberán volver a declarar ante la Justicia, junto a otros 47 imputados cuyas indagatorias fueron fijadas por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa que investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa Skanska para la adjudicación de obras públicas. El magistrado pretende con estas declaraciones reconstruir la llamada “ruta del dinero” de las coimas pagadas supuestamente por la firma sueca a funcionarios argentinos, así como los importantes sobreprecios abonados por la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

De los 49 imputados citados por Oyarbide, hay 36 que ya prestaron declaración en el marco de la investigación. En el escrito, al que Página/12 tuvo acceso, el magistrado argumentó que dispuso la ampliación de sus indagatorias para que tengan “la posibilidad de defenderse eficientemente” y añadió que a tal fin se les hará una “descripción de los hechos alumbrada por el mayor de los rigorismos en cuanto a la claridad, precisión y circunstanciación de los sucesos que son materia de estudio”.

Según la resolución, Madaro deberá presentarse el 4 de junio y Ulloa un día después. Este último también está imputado en la causa paralela que instruye el fuero penal tributario, al igual que otros acusados cuyos nombres se repiten en el expediente federal.

Adrián López, el apoderado de Infiniti Group, la supuesta empresa fantasma a la que Skanska le compraba facturas, deberá comparecer el 18 de ese mes. También fue convocado por la Justicia para el 10 de julio el contador Alfredo Greco, supuesto nexo entre Infiniti Group y la firma sueca. Quienes también deberán volver a desfilar por los tribunales de Retiro son los ex directivos de Skanska Javier Azcárate, Gustavo Vago y Mario Piantoni, entre otros.

Entre las trece nuevas indagatorias se encuentran personas que figuran en la causa cobrando cheques de Skanska relativos a las obras cuestionadas. En el listado también aparecen titulares y miembros de empresas que “presumiblemente facturaban supuestos servicios a la firma Skanska relacionados con las obras efectuadas para la ampliación de los gasoductos”. Esos datos, sumados a lo declarado por los imputados, “autorizarían a presuponer” que los nuevos citados “aparecerían vinculados con los hechos”, según la resolución de Oyarbide.

Las indagatorias se prolongarán hasta el 8 de julio. El juez Oyarbide asumió hace poco más de un mes el control de la causa Skanska, luego de que su colega Sergio Torres se declarara incompetente y tras la renuncia del juez que tuvo el caso desde el principio, Guillermo Montenegro. Todos los imputados habían sido indagados desde mitad del año pasado hasta fines de septiembre, cuando Montenegro abandonó el juzgado para asumir como ministro de Justicia y Seguridad del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Torres no hizo ningún movimiento y la causa recién se activó en manos de Oyarbide. Además de estas nuevas medidas, ese juez autorizó la semana pasada la ampliación de la investigación a otras cuatro empresas constructoras que participaron junto a Skanska de las obras de ampliación de los gasoductos, y ordenó la realización de una pericia técnica.

El ex fiscal Carlos Stornelli –otro funcionario judicial que pasó al Ejecutivo, en su caso como ministro de Seguridad bonaerense– había pedido la indagatoria del secretario de Energía Daniel Cameron, pero Oyarbide aún no se pronunció al respecto.