Si para el 23 de mayo el Congreso no aprueba una nueva ley para nombrar jueces subrogantes, cerca del 20 por ciento de los juzgados de todo el país quedarán acéfalos. Ese día vence el plazo que fijó un año atrás la Corte Suprema para que los legisladores reformen el sistema de designación vigente, que consideraron inconstitucional. En ambas cámaras habría consenso para votar –al menos intentarlo– una nueva norma antes de que suene el gong. Pero lo harán a regañadientes y con un gran malestar con el máximo tribunal, que planean demostrar en los debates parlamentarios en puerta. El proyecto del kirchnerismo al que el Senado daría media sanción la semana próxima, de hecho, acusa a los supremos de entrometerse en el ámbito de otro poder del Estado y generar “inseguridad jurídica” al “enfatizar su rol institucional”.

Hasta mayo del año pasado, cuando un juzgado quedaba vacante por la renuncia, destitución o muerte de su titular, el Consejo de la Magistratura elegía a un reemplazante transitorio. No necesariamente tenía que ser un juez: los designados eran, a menudo, secretarios. Con ese método se llenaron más de 200 sillones vacíos en los últimos años mientras evolucionaban a paso lento (con un promedio de duración de dos años) los concursos nacionales para cubrirlos en forma definitiva. El cuerpo de consejeros también aprobaba las suplencias en casos de licencias, excusaciones y recusaciones.

Aquella forma de asignar interinos se terminó cuando la Corte Suprema resolvió invalidarla. Argumentó que violaba la Constitución Nacional, que dispone que para que alguien sea considerado juez deben participar en su nombramiento el Poder Ejecutivo y el Senado. Ese requisito no se cumplía cuando secretarios o abogados matriculados asumían como subrogantes. Para evitar un descalabro en la justicia, el fallo del alto tribunal convalidó las sentencias que ya hubieran sido dictadas bajo el régimen cuestionado y prorrogó los mandatos de los suplentes en funciones por un año. Ese fue el plazo que le impuso al Congreso para que dicte una ley acorde a los parámetros constitucionales.

El viernes 23 de mayo se acaba el tiempo. Según las últimas cifras que manejan en el Consejo de la Magistratura, hay en total 176 juzgados vacantes. Es un cálculo en base a los concursos en trámite y las ternas a estudio del Poder Ejecutivo. No abarcaría, por ejemplo, casos recientes para los que aún no se llamó a examen. A la vez, no todos los subrogantes en ejercicio carecen de la condición de juez. “Calculamos que por lo menos el 70 por ciento no son jueces constitucionales”, dijo la diputada kirchnerista Diana Conti, presidenta de la Comisión de Selección del Consejo, consultada por Página/12. Como sea, el fallo de la Corte cuestionó el sistema de suplencias en su conjunto. En el Congreso, quienes están abocados a la letra fina de la reforma estiman que alrededor del 20 por ciento de los 900 juzgados y cargos de tribunales federales de todo el país pende de un hilo.

A cara de perro

El Senado y Diputados dejaron la discusión del tema para el último minuto y todavía no hay siquiera dictamen de comisión. Fue premeditado, una manifestación de rechazo hacia el tribunal supremo, que no es la primera vez que les da indicaciones a los legisladores. También lo hizo, por ejemplo, con la movilidad de las jubilaciones. “La Corte puede dictar una inconstitucionalidad pero no le puede dar órdenes al Congreso, que puede remover a sus ministros. Pero que nadie se asuste, no va a haber ningún colapso ni parate, vamos a dictar una ley para asegurar el suministro de Justicia”, se quejó Conti.

El debate de la nueva ley comenzará en el Senado. Allí, el oficialismo promete lograr la aprobación de un dictamen este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratarlo sobre tablas al día siguiente en el recinto. El proyecto que lleva las de ganar pertenece a los kirchneristas Miguel Angel Pichetto y Nicolás Fernández. Propone que las vacantes sean cubiertas por jueces de igual competencia de la misma jurisdicción o de la más cercana, y si eso no es posible, por un nombre sorteado entre una lista de conjueces abogados confeccionada cada tres años por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Esas listas tendrán entre 10 y 20 integrantes por cada Cámara según las necesidades de la zona.

Ese mismo esquema fue aprobado la semana pasada en Diputados dentro de un paquete de normas destinadas a agilizar los juicios contra represores para solucionar una situación puntual que suele causar grandes dilaciones en las provincias: las excusaciones de jueces amigos o conocidos de los imputados.

Para los radicales, la solución K tiene un problema: “En el interior del país, en lugares donde hay juzgados únicos, no tendrían con quién subrogarse entre sí”, criticó Ernesto Sanz, senador de la UCR, en diálogo con Página/12. Sanz y Gerardo Morales pusieron en la mesa de discusión un proyecto para que los subrogantes sean los secretarios letrados de juzgado o tribunal, con acuerdo del Senado. La lista la armarían las Cámaras, la envían al Consejo de la Magistratura, que –previo análisis de los antecedentes– la eleva al Ejecutivo, que pediría acuerdo al Senado. Serían mandatos de doce meses. Un proyecto del ex senador salteño Ricardo Gómez Diez que no perdió lugar en el debate es mix de los otros.

En lo inmediato, ¿qué pasa hasta que se instrumente la nueva ley? El oficialismo plantea prorrogar las subrogancias vigentes y listo. La Asociación de Magistrados impulsó lo mismo a modo de “emergencia” en una presentación ante el Congreso. La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) también envió sus ideas para un “sistema transitorio”: la base es la formación de una lista con los candidatos que fueron ternados pero no designados en los concursos desde febrero de 2005. Debería ser remitida al Poder Ejecutivo para que la supervise y luego acuerde el Senado.

Como criterio general, para el titular de la AABA y ex consejero Beinusz Szmukler, “la cobertura por magistrados en actividad en otros tribunales es altamente inconveniente, ya que trae como consecuencia una menor dedicación a su propio tribunal y el agravamiento de la mora en la que está inmersa la mayoría del poder judicial”.

“Inseguridad jurídica”

La mayoría de los proyectos del Senado son críticos con la Corte. El del oficialismo tiene párrafos durísimos. Le cuestiona su tendencia a “enfatizar su rol institucional” marcando políticas públicas como en el caso del Riachuelo, la pesificación y las jubilaciones. Advierte sobre “la inseguridad jurídica que conlleva” y dice que “puede llegar a condicionar las competencias del Parlamento”. “La asunción por parte de la Corte de un rol activo puede provocar el resquebrajamiento del sistema de división de funciones entre los poderes”, agrega. “La Corte no puede decirle al Congreso lo que debe hacer e incluso cómo y cuando debe hacerlo”, insiste. El fallo sobre subrogancias, objetan los senadores K, es contradictorio: “declara la inconstitucionalidad del sistema, mantiene a los subrogantes por un plazo determinado y convalida sus sentencias y resoluciones, no obstante ser nulas per se (...) la Corte modula los efectos de dicha nulidad (...) podría encuadrarse dentro de las sentencias atípicas”.

En el Senado está previsto que el de los jueces interinos sea el tema de la próxima sesión. Los K ya afilan el lápiz y preparan discursos para apuntarle al máximo tribunal. Los supremos, entretanto, confían en que se apruebe la ley, pero por si acaso ya piensan estrategias para “entrar en acción” con alguna medida fuerte si eso no sucede. A la vez, en los despachos de Tribunales un comentario frecuente advierte que el problema tampoco estará cien por ciento terminado hasta que se instrumente un nuevo régimen que agilice los concursos para juez titular dentro del Consejo de la Magistratura pero también en el Poder Ejecutivo, donde las ternas de candidatos suelen permanecer una eternidad hasta que un nombre es elegido y enviado al Senado. Y así tal vez llegue un día en que con un escenario fatalista casi no queden jueces y la mayoría sean subrogantes, pero legítimos, como los pide la Corte.