Tres militares y seis policías retirados de Mendoza serán juzgados por el homicidio del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo y la desa-parición de su compañera, Alicia Raboy, en junio de 1976. El juez federal Walter Bento clausuró la etapa de instrucción y dio vista a fiscal y querellantes para que formulen su acusación, paso previo al comienzo de las audiencias. Entre los imputados sobresale el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo de Ejército, del que dependían los asesinos del poeta. La investigación fue promovida por su hijo Javier Urondo, patrocinado por los abogados Pablo Salinas y Alfredo Guevara (h), del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza.

En mayo de 1976 Montoneros trasladó a Paco Urondo a Mendoza con la misión de rearmar una regional desangrada. Cayó el 17 de junio en una cita envenenada en Guaymallén. Iba en un Renault 6 verde con su compañera, la hija de ambos, Angela, y otra militante. Al llegar vio que su contacto estaba sentado en el asiento trasero de un Falcon. Era un operativo conjunto del Ejército y la policía. Los persiguieron treinta cuadras. Al verse cercado, hizo bajar a las mujeres para que escaparan. Raboy alcanzó a dejar a la beba en un corralón. Fue secuestrada, trasladada el Departamento de Informaciones (D2) de la policía y permanece desaparecida. La versión original de los hechos señala que Urondo ingirió cianuro para no caer vivo a una mesa de tortura. La autopsia del médico Roberto Bringuer lo desmiente. Sostiene que murió por “contusión craneoencefálica”, víctima de golpes en la cabeza.

Los otros dos militares retirados que serán juzgados son los coroneles Tamer Yapur, segundo comandante de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, y Orlando Dopazo, jefe de inteligencia. Los policías son todos ex miembros del D2, donde funcionó el mayor centro clandestino de Mendoza. El comisario general Juan Agustín Oyarzábal era su segundo jefe. El sargento Celustiano Lucero es quien admitió haberle pegado “un cachazo” a Urondo en la cabeza. Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda eran los encargados de la “inteligencia subversiva” del D2 y enlaces con la Brigada. El sargento Luis Rodríguez conducía el auto desde el que los ametrallaron. El médico Raúl Corradi será juzgado por encubrimiento, por documentar heridas de bala para justificar la versión del enfrentamiento.

Bento calificó los hechos como homicidio simple en el caso Urondo y privación ilegítima de la libertad en el de Raboy. “Coincidimos con el relato de los hechos pero pedimos que se considere la muerte como homicidio calificado por el concurso premeditado de varias personas, y el caso Raboy como homicidio criminis causa, porque su ingreso consta en registros del D2 e inferimos que la mataron para ocultar su secuestro”, informó Salinas. Urondo fue sepultado como NN en Mendoza. Sus restos fueron identificados en 2002. Tenía 46 años.