Cuatro funcionarios del Ministerio de Economía, tres de los cuales aún mantienen sus cargos, serán indagados por el juez federal Sergio Torres por haber favorecido al Grupo Greco a través de “maniobras defraudatorias” destinadas a que se le pagara una supuesta deuda que hoy ronda los 600 millones de pesos. Los imputados actuaron como abogados del Palacio de Hacienda durante la gestión de Roberto Lavagna en el trámite de la causa civil en la que los empresarios reclamaban el pago. Según la investigación penal, habrían pactado con el holding mendocino “sin tener en cuenta” que no era el Estado el que tenía deudas millonarias con el grupo, sino precisamente al revés.

Uno de los acusados viene a engrosar la lista de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri con problemas judiciales: es Osvaldo Siseles, ex subsecretario Legal del Ministerio de Economía y actual asesor del presidente del Instituto de Vivienda de la ciudad, Roberto Apelbaum.

Los otros tres imputados todavía integran la planta permanente de la cartera y están sumariados con pedido de exoneración. Son Yolanda Eggink, ex directora general de Asuntos Jurídicos (nombrada en ese puesto por Lavagna); Daniel Alberto García, ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados, y la abogada de ese área Beatriz Pernás.

El Grupo Greco fue, en los años setenta, un poderoso holding que llegó a manejar 45 empresas, entre ellas bodegas como Resero, Agua Villavicencio, el Banco de los Andes y tuvo participación en el diario Mendoza. Con sus bodegas y viñedos alcanzó a concentrar más de la mitad de la producción vitivinícola del país. En 1980 fue a la quiebra y terminó intervenido por la dictadura militar. En 1987 Raúl Alfonsín acordó la devolución de parte de las empresas al grupo que, a su vez, asumía obligaciones pendientes. Años más tarde los Greco reclamaron judicialmente por el supuesto incumplimiento del convenio.

En agosto de 2005 el juez Francisco Soto reconoció al grupo empresario como acreedor y dispuso homologar la liquidación de una deuda que le reclamaba al Estado por 332.396.128,64 pesos. Como se computa en bonos, al contemplar actualización e intereses, el monto ronda los 600 millones de pesos. En aquel entonces, los abogados de Economía que intervinieron en la causa –durante la gestión de Lavagna– no apelaron. En este punto es donde encajaría, según el juez Torres, la posible responsabilidad de Siseles, Eggink, García y Pernás.

“Los abogados del Ministerio de Economía y Producción acordaron con los representantes o integrantes del Grupo Greco para abonar a éstos las deudas que reclamaban al Estado nacional –sostuvo Torres–, sin tener en cuenta las millonarias acreencias que tenía el Estado a su favor (...) que ascendían a más de 500 millones de pesos.”

Frente a la orden del juez Soto de pagar, y ya con Felisa Miceli al frente del Palacio Hacienda, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para que el pago fuera incluido en el Presupuesto. Llevaba las firmas de la ex ministra, del ex presidente Néstor Kirchner y del jefe de Gabinete Alberto Fernández. Tuvo media sanción en Diputados. Cuando llegó al Senado lo frenó un grupo de radicales que alertó sobre posibles irregularidades al ver que figuraba como un “pago a proveedores”.

El escándalo tomó tal magnitud que la propia Miceli terminó reconociendo que el pago no correspondía y denunció a sus empleados. La presentación judicial del ministerio fue preparada y presentada por Alejandra Taddei y Alejandro Rúa. Ellos plantearon, entre otras cosas, que “no solamente el Estado nacional no les adeuda un solo centavo a los señores Greco y Bassil sino que, por el contrario, es la parte actora la que está en deuda con el Estado”, por una cifra que ubican en casi 547 millones de pesos. Además de los funcionarios citados a indagatoria, apuntaron al ex secretario legal de Lavagna Eduardo Pérez, que aún no fue citado. Al ex ministro, en cambio, no lo implicaron en forma directa.

Ante Torres se presentó Ernesto Sanz, jefe del bloque radical en el Senado, con el cálculo de la deuda favorable al Estado, y pidió la citación de Miceli, Kirchner y Fernández. “Me contento con que indaguen al servicio jurídico”, le comentó ayer a Página/12. El abogado Ricardo Monner Sans también le apuntó a la ex ministra. La Procuración del Tesoro denunció al juez Soto ante el Consejo de la Magistratura, que está investigándolo. El juez Torres parece más cerca de imputar a Soto por ordenar un pago improcedente que a algún ex ministro, según pudo saber este diario. Por lo pronto, la primera tanda de indagatorias se hará entre el 18 y el 25 de junio por tentativa de defraudación.