El intento de hackeo a la cuenta de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, será investigado por el juez federal Sergio Torres. Tal como había anticipado Página/12, el supremo hizo ayer la denuncia a través del director de Informática del alto tribunal, Alfredo Catoira. La investigación recaerá en manos del fiscal Guillermo Marijuán. En la presentación se adjuntaron artículos periodísticos de distintos matutinos que describen la saga de supuestos espionajes orientados a funcionarios públicos.

El magistrado resolvió hacer la presentación judicial después de consultarlo con los demás supremos y de que la empresa Telmex, proveedora de acceso a Internet, confirmara por escrito que “otro usuario” había intentado robarle información. La carta no identificaba al hacker, pero en forma extraoficial la compañía ya había relacionado con el episodio a Iván Germán Velázquez, un ex agente de la SIDE que hasta hace unos días integraba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El ex espía le mandó la semana pasada a Lorenzetti una insólita carta (por e-mail) a modo de “descargo psicológico” (sic) en la que, para despegarse del hackeo, dice ser víctima de “operaciones” y “campañas de desprestigio” de un sector de la central de inteligencia estatal. Más aún: en el texto, al que accedió Página/12, culpa a un alto funcionario de la SIDE, a quien describe como “preso de los celos profesionales y la envidia, porque no entiende cómo los funcionarios del Ejecutivo me consultan en materia de seguridad a mí, un pibe de 29 años (ayer recién cumplidos), y no a él, que se jacta de hablar diariamente con la señora Presidenta”.

La semana pasada llegaron a distintas redacciones mails con fotos privadas del CEO de Clarín, Héctor Horacio Magnetto, y también de Victoria Bereziuk, la secretaria de Claudio Uberti, el ex funcionario del Ministerio de Planificación, ambos pasajeros del vuelo privado en el que llegó Guido Antonini Wilson con la valija con 800 mil dólares. En el primer caso, La Cámpora, que responde a Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta de la Nación, desmintió cualquier relación con el correo que aparecía firmado por esa agrupación; el de Bereziuk era anónimo.

Velázquez y Pablo Carpintero –su compañero de trabajo hasta hace menos de un mes en la PSA, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– dieron una entrevista desde Montevideo, Uruguay, al diario Perfil, en la que desmienten estar vinculados con estos sospechosos episodios. “Nosotros desarrollamos para la SIDE en su momento un software de intercepción de correspondencia electrónica orientado hacia la lucha contra el terrorismo y lo hemos ido perfeccionando. Y cuando decidimos irnos de la SIDE y fuimos a la PSA, hemos aportado esa tecnología y la hemos utilizado” (sic), explicaron los espías, que dicen haber iniciado los trámites de asilo político en ese país.

La presentación realizada por la Corte se enmarca en un posible “delito de acción pública”. La controversia se plantea porque no existe una tipificación taxativa en el Código Penal de los delitos informáticos.