Una seguidilla de proyectos que cuestionan al canciller Carlos Ruckauf fue presentada en el Congreso a partir de la documentación entregada por la periodista Gabriela Weber en el Juicio por la Verdad en La Plata y que lo compromete en un pedido de “eliminar elementos subversivos de las fábricas” cuando era ministro de Trabajo en 1975. Los diputados Alfredo Bravo (ARI) y Margarita Jarque (Frente Grande) reclamaron que el presidente Eduardo Duhalde lo separe de su cargo actual “por estar inhabilitado moralmente para representar a los argentinos ante la comunidad internacional”. Bravo, como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, citará a la investigadora para que explique los antecedentes del caso. El diputado Mario Capello (UCR) también pidió informes.
“Estamos hablando de un funcionario que se enorgullece de haber firmado el decreto de aniquilamiento que significó el antecedente jurídico de la más salvaje represión desatada sobre nuestro pueblo”, recordó Jarque, en alusión a la conocida disposición de octubre de 1975, meses antes del golpe militar. Ruckauf, sostuvo también la legisladora en el proyecto de resolución que también acompaña Bravo, es quien “en la campaña electoral a la Gobernación Bonaerense pregonaba la mano dura y llamaba, coherente con su esencia, a meter bala a los delincuentes como método para terminar con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”.
Las reacciones desde el ámbito legislativo respondieron a la presentación que hizo el miércoles la periodista Weber ante la Cámara Federal platense, en la que incluyó documentación ligada a la investigación sobre la desaparición de 14 obreros de la fábrica Mercedes Benz durante la última dictadura. Entre los papeles, la mujer incluyó un informe de la empresa automotriz de Argentina que dice que Ruckauf fue uno de los funcionarios que en 1975, cuando era ministro de Trabajo, pidió “eliminar los elementos subversivos de las fábricas”. El actual canciller figura en ese reporte como uno de los impulsores junto con el secretario de SMATA, José Rodríguez, de 115 despidos en la Mercedes Benz, que se concretaron en octubre de ese año y afectaron a trabajadores vinculados a la comisión interna disidente de aquel entonces. Según la investigación de Weber los operarios que desaparecieron pertenecían a ese grupo.
El jueves, además, el juez francés Gérard Caddeo, quien instruye la causa por la desaparición del periodista galo Maurice Jeger y su esposa Olga González en 1975, citó a declarar a Ruckauf aprovechando que estaba en París invitado por Gobierno. El ministro dijo que responderá, pero por escrito. La abogada de los familiares de la pareja desaparecida, Sophie Thonon, señaló que la intención de la Justicia francesa es interrogar a Ruckauf sobre “qué significa aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. “¿Significa por ejemplo hacer desaparecer gente?”, planteó Thonon. La abogada recordó que durante el Gobierno de Isabelita no sólo desaparecieron Jeger y González sino “centenares de otras personas desaparecieron antes del golpe militar de 1976 con los mismos métodos que después iba a usar la dictadura”.
El radical Capello, secretario del bloque, dijo ayer: “No podemos hacernos los distraídos ante denuncias concretas que recaen sobre aquellos que tienen el deber de representar a nuestro país en el seno de las naciones”. En la provincia de Buenos Aires, el diputado Alejandro Mosquera (Frente Grande), que encabeza la Comisión de Derechos Humanos, también pidió la renuncia de Ruckauf. “No es posible que quien represente a la Argentina en el mundo sea un funcionario partícipe de esa política que comenzó con la acción represiva masiva del terrorismo de Estado”, sostuvo el legislador.