No es común que un funcionario del Poder Judicial admita que recibe órdenes del gobierno porteño. Eso ocurrió, sin embargo, en el Consejo de la Magistratura de la ciudad, en boca de una consejera macrista. Poco después, ese mismo organismo les quitó poder para resolver amparos a los jueces en lo contencioso administrativo, el fuero que más dolores de cabeza le causó al jefe Mauricio Macri. En tanto, el macrismo se encamina a ampliar los juzgados contravencionales y contenciosos, lo que –se comenta en Tribunales– diluirá el poder de fuego de Sus Señorías para frenar acciones de la gestión PRO. Y, de paso, la reforma judicial dejará una cuota jugosa de cargos para repartir entre macristas y kirchneristas.

Mientras se discutía en el Consejo de la Magistratura un aumento de salarios para los empleados judiciales, se dio un diálogo ilustrativo entre el presidente del Colegio de Magistrados, Marcelo Vázquez, y la consejera Liliana Biasi, electa por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. “Nosotros tenemos la orden que nos da el ministro (de Hacienda, Néstor Grindetti), que está otorgando el 19,5 por ciento de aumento”, sostuvo la concejera macrista, según figura en la versión taquigráfica de la sesión del 1º de abril.

–Un ministro del Poder Ejecutivo no tiene facultades para ordenarle al Consejo de la Magistratura –le recordó Vázquez.

–No, ordenar, no. Nadie nos ordenó nada. Nos dieron parámetros –se desdijo Biasi.

–Usted dijo que fue la orden del ministro, y debería repudiarla en la medida que el Poder Judicial es independiente –retrucó Vázquez.

–¿Cree usted que tenemos un Poder Judicial independiente? –le preguntó Biasi y, luego de varias fintas, concluyó: “Quizá me expresé mal. A lo mejor, no es una orden. Es una sugerencia. Simplemente, me estoy contagiando de todas las órdenes que me dan desde arriba”.

A fines de abril, el Consejo de la Magistratura pareció volver a “contagiarse con órdenes” y decidió recortar las atribuciones de los jueces contenciosos para conceder amparos fuera de turno o en días inhábiles. Casualmente, esos magistrados fueron los que tuvieron una serie de enfrentamientos con Macri al comienzo de su gestión, por conceder amparos a los 2400 trabajadores despedidos y por la intervención de la Obsba. El conflicto llegó al punto de que los macristas amenazaron con llevar a juicio político a los jueces díscolos, una hipótesis que se desactivó por el momento.

El recorte de atribuciones tuvo su origen en un fallo del juez Roberto Andrés Gallardo de fines de diciembre. Su Señoría había concedido una cautelar a las familias de cartoneros para que se mantuviera abierto el Tren Blanco. Lo hizo con una presentación que llegó fuera del horario de atención de los juzgados. Eso último desató una polémica dentro de los tribunales porteños, ya que no existe un reglamento para estos casos.

El Consejo de la Magistratura dispuso un reglamento que establece que los jueces contenciosos no atenderán de ahora en más los amparos que se hagan fuera de turno, sino que serán derivados a otro fuero –el contravencional– que no tiene tradición en hacer control de legalidad de los actos del Ejecutivo. Esta decisión desató un conflicto dentro del Poder Judicial y generó críticas de las Cámaras en lo Contencioso y Contravencional: los primeros porque les recortan atribuciones y los segundos porque los usan de “mesa de entradas”.

El presidente de la Cámara en lo Contencioso, Eduardo Russo, les envió un correo electrónico a los consejeros para plantearles que esa resolución viola la garantía de juez natural. La Cámara Contravencional fue más allá: rechazó la resolución en una acordada, firmada por todos los camaristas. “Entendemos que los únicos facultados para reglamentar los turnos de jueces de nuestro fuero somos nosotros. Además, incurrieron en una alteración de competencias que sólo se puede resolver por ley”, explicó a Página/12 Marcelo Vázquez, titular de la Cámara Contravencional.

“Les habíamos enviado una propuesta de reglamento y no fue aprobada nunca. De la noche a la mañana, y en vísperas de un cambio de autoridades, sacaron este reglamento”, advirtió Russo a este diario.

Ese cambio de autoridades no parece que vaya a resolver el conflicto: pasó a presidir el Consejo Mauricio Devoto, compañero de Macri en el colegio Cardenal Newman.

La avanzada

Mientras tanto, el macrismo avanza con un proyecto de ley para ampliar los fueros judiciales, que tiene tratamiento preferencial para el próximo 5 de junio. La iniciativa –en la que tienen un principio de acuerdo con el kirchnerismo– le permitirá obtener una cantidad importante de cargos en el Ministerio Público. Estos cargos, de jueces, fiscales o defensores, podrán cubrirse sin concurso previo, dado que el Tribunal Superior de Justicia ya sentó un precedente sobre dos nombramientos del Consejo de la Magistratura (ver recuadro).

El proyecto es del legislador de PRO Martín Borrelli. Propone aumentar los juzgados en lo Contencioso (pasarían de doce a catorce) y llevar a nueve los juzgados contravencionales, además de crear una nueva Cámara de Apelaciones (con tres camaristas más). Como justificación, los macristas señalan que existe una sobresaturación de expedientes a raíz de la transferencia de competencia de 16 delitos penales a la ciudad y las ejecuciones fiscales que deberán atender en el fuero contencioso. “Hay bastante consenso de todos los sectores para aprobarla”, explicó Borrelli a este diario.

¿Por qué existe tanto consenso? En Tribunales la respuesta es tajante: “Porque todos se benefician con los cargos”. El Ministerio Público tiene tres cabezas: el fiscal general, el titular de los defensores oficiales y el de asesores tutelares. Las tres están repartidas políticamente: PRO ubicó como jefe de los fiscales a Germán Garavano, el Frente para la Victoria tiene a Mario Kestelboim como defensor general y a la cabeza de los asesores tutelares está la dirigente del ARI Laura Musa.

Con la reforma de la Justicia, se crearán más de 30 cargos en el Ministerio Público (por su estructura, los más beneficiados serán los fiscales), que implicarán, entre empleados y funcionarios, unos 400 puestos. En los pasillos de Tribunales ya circulan los nombres de quienes ocuparán esos 30 cargos (en su mayoría, son secretarios de juzgado) y también con qué mecanismo se los elegirá: con la excusa de la saturación de la Justicia, estos cargos podrán ser designados por las autoridades de cada área (en manos de PRO, FpV y ARI) como interinos, dejando para un futuro lejano los concursos. Esto también implica que podrán ser removidos con facilidad, lo que funda las bases de una Justicia PRO.