El relato oficial ha remarcado que por detrás del rechazo a las retenciones móviles se escondía el cuestionamiento a la legitimidad de un gobierno que había recibido el respaldo popular apenas unos meses atrás. En los días pasados, han surgido otras acciones que afectan a la legitimidad democrática, pese a que en apariencia parezcan inocuas. Pero esta vez no han provenido de una organización de latifundistas.

Hace dos semanas, desde las esferas del Gobierno se anunció la realización de una celebración interreligiosa en Salta, por un nuevo aniversario de la Revolución del 25 de Mayo de 1810. Este acto, que expresaba una política de reconocimiento a la diversidad religiosa existente en nuestro país, sustituía al tradicional Te Deum. Un Tedéum que, en los últimos años, había adquirido connotaciones especiales y novedosas, habida cuenta de las críticas homilías con las que el cardenal de Buenos Aires azotó a los máximos mandatarios. La iniciativa gubernamental implicaba una profunda transformación simbólica, aunque no en la dirección de quebrar una tradición de 198 años, como fue sostenido desde algunos medios de comunicación. La suspensión del Tedéum suponía terminar con una figura no acorde a los tiempos de la democracia y no contemplada por ninguna legislación nacional. Es que en regímenes democráticos la legitimidad de los gobernantes proviene del voto popular y es éste el que consagra a sus representantes. El Te Deum, en tanto “consagración sagrada” de las autoridades, pretende erigir a la institución eclesiástica como otra fuente de legitimación. Sin embargo, el rechazo de la jerarquía católica a participar de una ceremonia interreligiosa en pie de igualdad con otros cultos y la perdurabilidad de una cultura política dominante que permea un repertorio de prácticas con visos de confesionalidad confluyeron para que se diera marcha atrás con el proyecto original. Mal que le pese, la decisión del Gobierno de reeditar el Te Deum contribuye a desvirtuar las fuentes de la legitimidad democrática. El devenir de los acontecimientos puso de manifiesto, una vez más, la limitada autonomía del poder civil para tomar decisiones de carácter público. Decisiones que restringen los márgenes de maniobra para la acción política y detienen los caminos que conducen a una sociedad más democrática e igualitaria.

El análisis comparativo es pertinente en estos casos, a los fines de elevar nuestra mirada y observar cómo, ante situaciones análogas, es posible otro tipo de respuestas. Veamos entonces lo ocurrido en México a mediados del siglo XIX. En 1855, Benito Juárez, quien luego fuera presidente, se disponía a asumir como gobernador de Oaxaca. Era costumbre en aquella época que las autoridades políticas solicitaran el Te Deum en las catedrales. Producto de una serie de desencuentros entre el clero y Juárez, los religiosos decidieron enfrentar al flamante gobernador. A pesar de ser advertido de la necesidad de continuar con la tradición, Juárez resolvió no asistir al Te Deum. En un escrito, “Apuntes para mis hijos”, Juárez explica: “No por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. Este suceso fue para mí muy plausible para reformar la mala costumbre que había de que los gobernantes asistiesen hasta a las procesiones (...). Además, consideré que no debiendo ejercer ninguna función eclesiástica ni gobernar a nombre de la iglesia, sino del pueblo que me había elegido, mi autoridad quedaba íntegra y perfecta con sólo la protesta que hice ante los representantes del Estado de cumplir fielmente mi deber. De este modo evité el escándalo que se proyectó y desde entonces cesó en Oaxaca la mala costumbre”.

Ciento cincuenta años atrás, Benito Juárez ya proyectaba un horizonte de igualdad en materia de derechos para las diversas confesiones religiosas. Paralelamente, resguardaba la independencia del Estado y defendía la soberanía popular como fuente exclusiva de legitimación política. En la Argentina del siglo XXI, en todos esos terrenos resta un largo camino por recorrer.

* Doctor en Sociología, profesor de la UBA, investigador del Conicet.