El macrismo avanza con su plan para controlar la Justicia de la ciudad. Un proyecto legislativo intenta poner límites a la presentación de recursos de amparo contra la gestión de gobierno, mientras que otro pretende que el Ejecutivo obtenga la atribución de recusar a un juez sin necesidad de expresar la causa. Los proyectos, que están en estudio en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, generaron la reacción de la Defensoría General de la ciudad que, en un documento presentado ante el vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, sostiene que “implican una regresión histórica respecto del control democrático de los actos de administración”. Los diputados de la oposición tampoco digieren la iniciativa, que “de aprobarse, implicaría un retroceso en una Justicia que es de vanguardia”, según la opinión de Ivana Centanaro, vicepresidenta de la Comisión de Justicia. Las propuestas se suman a otros avances sobre la Justicia, de los que dio cuenta este diario el domingo último (ver recuadro).

Las medidas cautelares contra el Estado apuntan a garantizar derechos contemplados por la Constitución, pero que el Estado no cumple o bien vulnera mediante acciones que podrían ser arbitrarias. Desde la sanción del Código en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en 1999, la figura del recurso de amparo fue usada por los porteños para frenar obras que no contaban con estudio de impacto ambiental (la construcción de torres y de un paso bajo nivel), el despido de trabajadores contratados; el reclamo de un subsidio para evitar que los cartoneros trabajen con sus niños o la garantía de una vivienda digna para los habitantes de la incendiada Villa Cartón, entre otros casos.

Uno de los proyectos controvertidos es el del diputado Martín Borrelli, presidente del bloque del PRO, quien propone que pueda recusarse al juez de una causa sin necesidad de expresar las razones por las que se hace el pedido. Borrelli explicó a PáginaI12 que su propuesta obedece a la necesidad de “hacer ajustes y adecuar el Código a muchos otros códigos procesales de algunas provincias”, que cuentan con esa figura. Y evaluó que pensar que de esa manera el Ejecutivo podrá elegir los jueces “es una lectura un poco forzada”, ya que “sólo se puede recusar al juez una sola vez”, tras lo cual la causa vuelve a sortearse entre el resto de los magistrados.

La otra iniciativa, presentada por los diputados Martín Ocampo y Cristian Ritondo, apunta a regular las medidas cautelares, al punto de que virtualmente cercena la posibilidad de accionar contra la ciudad, cuando prescribe: “No podrá en ningún caso ordenarse medidas precautorias que afecten de cualquier forma, total o parcial, la prestación de un servicio público o una actividad de interés público”. Entre otras modificaciones, la iniciativa establece que quien solicite el amparo debe prestar una “contracautela”, es decir, una respuesta patrimonial ante los eventuales daños que pudiera producir un pedido que no es razonable.

Para el defensor general, Mario Kestelboim, este requisito “alejaría la posibilidad de que personas que carecen de recursos económicos puedan peticionar ante la Justicia, ya que no tienen bienes con que responder”.

El diputado Ocampo argumentó que “para las personas sin recursos está prevista una contracautela juratoria”. Pero la diputada Ivana Centanaro (FpV) consideró que ese requisito ya está contemplado por la jurisprudencia pues “los jueces sólo conceden el amparo cuando hay verosimilitud en el derecho reclamado”, es decir, cuando el reclamo es razonable.

El diputado Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) interpretó que al permitir la recusación de jueces sin causa “el macrismo busca que los amparos caigan en jueces que le son afines”. El ex jefe de Gobierno interpreta las propuestas como “un avance sobre el Poder Judicial, para que las causas (que involucran a la administración) sean tratadas por jueces afines”. “Y como no puede remover a los que están, además busca designar nuevos jueces sin concurso”, agregó.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Sergio Abrevaya se manifestó en contra de ambos proyectos: “Con la posibilidad de recusar sin fundamentos –dijo–, están buscando contar con jueces favorables en las causas en que estén comprometidos intereses de la administración. Imponer una contracautela para el demandante es terminar con el amparo, una herramienta de los particulares para la protección de sus derechos”.

Centanaro defiende el actual Código al sostener que “incorpora lo más moderno del Derecho, con nuevas garantías para los ciudadanos; por eso, si se aprueban las modificaciones iríamos para atrás en una Justicia que es de vanguardia”. Silvia La Ruffa (FpV), vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, coincidió en rechazar los proyectos: “No es aceptable una reforma que prohíba que por una medida cautelar se pueda parar una obra que podría tener alto impacto ambiental”, razonó.

Según fuentes legislativas, los proyectos podrían ser tratados en la sesión del 12 de junio. Kestelboim concluyó que “la reglamentación que se proyecta constituye un fuerte obstáculo tendiente a impedir la actuación del Poder Judicial”. En el documento presentado en la Legislatura, el defensor sostiene que en esas propuestas “se aprecian únicamente motivos tendientes a dilatar o directamente a impedir el control judicial sobre las actividades de las autoridades administrativas”.

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