El gobierno nacional deberá entregar esta semana los documentos que requirió la Justicia a partir de la imputación al jefe de la Armada, Jorge Godoy, y al resto de la cúpula marítima por espionaje ilegal en la Base de Almirante Zar. Una vez que se sustancie la causa, el fiscal Fernando Gelvez pedirá que se lo cite a indagatoria. En el escrito que impulsó la investigación, el CELS destacó que los organismos de Inteligencia funcionan como un instrumento al servicio de quienes deben tomar decisiones (en este caso, Godoy). En base a los documentos de espionaje interno, este diario reconstruyó uno de los casos, en el que los espías de la base de Trelew hicieron inteligencia ilegal para una negociación por un intercambio de tierras en Puerto Madryn que encabezó Godoy.

Como publicó PáginaI12 esta semana, el jefe de la Armada fue imputado en la causa por haber firmado un documento (el “Plan Básico de Inteligencia Nacional 201, edición 2005”) en el que avaló el espionaje ilegal al admitir que serán objeto de inteligencia las “amenazas asimétricas” (ver recuadro) y aquellas cuestiones que tengan que ver con la “comunicación institucional”, es decir, con la imagen de la Armada. Ambas directivas abrieron el camino para que se hicieran seguimientos a organismos de derechos humanos, piqueteros y políticos que cuestionasen a la fuerza.

Danzas galesas

En la versión pública, contada por los diarios locales, el almirante Godoy aterrizó en Chubut en julio de 2006 para firmar un convenio en Puerto Madryn por el cual cedía 72 hectáreas que eran propiedad de la Armada para que la municipalidad construyera viviendas. La comuna le otorgaba, a cambio, un sector de amarre en el muelle, con lo que el almirante se anotaba un poroto en la interna con Prefectura que mantiene allí por el control de la pesca. Ese día, Godoy almorzó junto al gobernador Mario Das Neves. Los mozos tuvieron que cambiar el menú porque la esposa del almirante es alérgica al pescado. Luego participó del acto, estampó su firma en el convenio y disfrutó un show de danzas galesas.

El acuerdo por las tierras había sido fruto de una larga negociación con la Armada, que pedía un lugar para un nuevo amarradero naval en su competencia marina con Prefectura. En medio de las discusiones, los marinos sufrieron los cuestionamientos de los concejales del Partido de Acción Chubutense (PACH), que denunciaron que el lugar que le estaban dando a cambio tenía un valor fiscal mucho más alto que el que recibía el municipio. Una concejal de ese partido –que no es precisamente de izquierda– también hizo un pedido de informes porque la Marina recibió por contratación directa en trabajos de infraestructura del muelle local y por otras actividades comerciales que desarrolla la Armada en la zona que “perjudicaban a los empresarios locales”. Todo ocurrió bajo la atenta mirada de los espías navales.

Nuestro hombre en Madryn

En mayo de 2005, mientras comenzaba la negociación de Godoy por las tierras de la Armada, el COOP –que depende directamente de Godoy– envió un mensaje cifrado a la Fuerza Aeronaval 3 (FAE3), que fue retransmitido al jefe de la sección Inteligencia de la base Almirante Zar, Gustavo Monzani. El mensaje, firmado por el capitán de navío Carlos Daniel Vázquez, pedía un análisis pormenorizado de Puerto Madryn: fichas detalladas del “factor político” (intendente, concejales y jueces, su “posición ante las Fuerzas Armadas”), el “factor psicosocial” y la “presencia de movimientos de piqueteros”, el perfil ideológico de los periodistas locales, la presencia de organismos de derechos humanos, la “agresividad de los mismos” y su influencia en los medios locales. Un objetivo se salía de lo habitual: reclamaba datos sobre la Prefectura y, en particular, los “aspectos del conflicto local Armada-Prefectura”. Algo que caía dentro de la negociación que debía encarar Godoy para conseguir un nuevo amarradero.

En la respuesta que enviaron los espías había una larga lista de políticos y periodistas locales (con foto incluida), con semblanzas de cada uno y de su perfil ideológico. En un caso, subrayaban su “interés por las tierras fiscales”. Sobre Prefectura, advertían que “adquirió un rol preponderante” ante la población y “llegó a eclipsar la presencia del Apostadero Naval”. También destaca que la fuerza no veía con buenos ojos los acuerdos que estaba firmando la Armada con el gobierno provincial.

En la lista de los concejales que elaboraron, dos tenían un asterisco: los del PACH, Nora Rodríguez y Jorge Iriarte. El informe aclaraba que “no tendrían simpatía por la Armada, estando muy vinculados con el titular de Prefectura”. Se trata de los que cuestionaban el traspaso de tierras y también de los que pidieron informes por las obras civiles en el muelle. Los marinos llegaron a la conclusión de que esos cuestionamientos dejaron “una imagen deslucida de la Armada ante la comunidad desinformada”.

Con su propia letra, uno de los espías (probablemente Monzani) agregó una recomendación dirigida al COOP: “Aprecio conveniente que el FAE3 empiece a interactuar en forma informal con los concejales para averiguar qué hay detrás y tranquilizar las aguas”. También plantea que cuando se retomen las obras “sería conveniente que el tema no siga en el tapete”. La imagen de la Armada era, en el plan de Inteligencia firmado por Godoy ese año, uno de los objetivos del espionaje.

Entre los conflictos políticos, el informe de Inteligencia ilegal señalaba el de las “tierras fiscales”: destacaba que la Armada estaba negociando la sesión de tierras para un Apostadero Naval, “lo que generó en algunos medios de prensa locales malestar y comentarios negativos”. Luego seguía un detallado informe sobre los medios locales y la orientación ideológica de sus periodistas. En el caso de un fotógrafo, escribieron en negrita: “Ideología izquierdista”. Al lado del título desfavorables de uno de los medios locales, hacían una anotación para ningunearlos: “Poca tirada”. Poco después, esos medios registraban la firma de Godoy del traspaso de tierras, a pura sonrisa.