EL PAíS › EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PORTEñO TRAMITA UN CONCURSO CON NUMEROSAS IRREGULARIDADES
En el contexto del avance macrista para nombrar jueces sin concursar los cargos, el Consejo debe resolver si aprueba una selección de secretarios de juzgado denunciada por tráfico de favores y por la aparición de exámenes gemelos.
Mientras el macrismo avanza para lograr designar jueces, fiscales y secretarios sin concurso, el Consejo de la Magistratura porteño deberá resolver esta semana si convalida un concurso de secretarios de juzgado que estuvo plagado de irregularidades. En tres años aparecieron denuncias del gremio de judiciales, sospechas de intercambios de favores con los jurados e incluso exámenes gemelos, que involucraron al hijo de un camarista federal contencioso. “Esto genera la posibilidad de un desembarco del poder político en la Justicia. Y, por otro lado, de los que están en el contencioso federal y pueden extenderse a otro poder”, alertó la secretaria general de UEJN Capital, Cecilia González de los Santos.
La Justicia se convirtió en uno de los principales objetivos del jefe Mauricio Macri a comienzos de este año, cuando los magistrados concedieron una serie de amparos ante el despido de 2300 trabajadores y ante la intervención de la obra social. Como anticipó PáginaI12, los macristas presentaron proyectos para ampliar la cantidad de juzgados y de cargos en el Ministerio Público, a lo que le agregaron la semana pasada un proyecto para que esos cargos se designen sin concurso. También presentaron iniciativas para restringir los amparos y otorgar al Ejecutivo la posibilidad de recusar a un juez sin justificativo.
En tanto, el Consejo de la Magistratura recortó la capacidad del fuero contencioso para conceder amparos, cuando llegan fuera del horario de atención. En esos casos, lo derivó al fuero contravencional, que no tiene tradición en hacer control de legalidad de las acciones de Gobierno. Las críticas de los camaristas cayeron sobre el Consejo, donde una de sus integrantes admitió recibir “órdenes” del gobierno porteño (ver recuadro).
No es la única medida polémica del Consejo. Hace tres años que recibe críticas por un concurso para secretarios del fuero contencioso que inició el 30 de junio de 2005. Para cubrir nueve cargos se presentaron 109 personas. Al examen llegaron 52. Los rumores empezaron con anónimos: que algunos fueron a la prueba sin un solo libro y entregaron con extremada rapidez; que un concursante, en una fiesta, tomó de más y contó que tenía las consignas con anticipación. El titular de la UEJN, Julio Piumato, reclamó al Consejo que investigase. Pero el Consejo no investigó nada, ya que estimó que el sindicato “no aportó prueba alguna”. Hasta que se pudieron ver los exámenes.
En febrero de 2007, aparecieron dos exámenes casi idénticos. Pertenecían a Blas Gallegos Fedriani y a Mariano Tozzi. El primero es el hijo del camarista federal en lo contencioso Pablo Gallegos Fedriani. El segundo es el relator (secretario privado) del mismo camarista. Gallegos Fedriani es un magistrado con peso en la Sala V, que tiene entre sus ambiciones llegar a la Corte Suprema. Una cámara oculta de Telenoche Investiga le pasó zumbando hace algunos años: mostraba un pedido de coimas para cambiar un fallo que perjudicaba a una empresa de energía. El pedido de dos millones de dólares lo había hecho un falso abogado, vinculado al secretario de la Sala V. Les ofrecía a los empresarios que le pagaran la coima después de que saliera el fallo, lo que sugería que estaba en contacto con alguno de los camaristas. Gallegos Fedriani fue el único que no firmó el fallo que fue desfavorable para esa empresa. La investigación terminó con el sobreseimiento.
Cuando salieron a la luz los exámenes gemelos del hijo de Gallegos Fedriani, el gremio de judiciales volvió a pedirle al Consejo que investigara. El Consejo nunca contestó este segundo pedido del gremio, que hace unos días pidió el “pronto despacho”, una forma de decirles a los consejeros que ya llevan más de un año haciendo la vista gorda. Gallegos Fedriani y Tozzi renunciaron al concurso.
En su presentación, el gremio pedía que los inhabilitaran de por vida y afirmaba que “de la simple lectura de los exámenes de Tozzi y Gallegos Fedriani surge claramente que son casi idénticos. Sólo varían los conectores e invierten párrafos en tres casos”. Y advertía que “probablemente tuvieron el examen con antelación”. El gremio denunciaba que dos de los jurados habían sido designados irregularmente: Gregorio Flax y Jorge Barbagelata.
Barbagelata es apoderado de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la ciudad (Cassaba), que mantiene un litigio con el Colegio Público de Abogados porteño por cerca de 60 millones de pesos. El titular de ese Colegio, Jorge Rizzo, presentó un amparo contra Cassaba que recayó en la Cámara de Gallegos Fedriani. La resolvió a favor de Barbagelata en dos días hábiles. “Fue una devolución de favores, claramente. Y el hijo de Gallegos Fedriani fue premiado con un cargo en la Corte Suprema”, aseguró Rizzo a PáginaI12.
El tercer jurado del concurso era el juez Fernando Lima. Curiosamente, dos de los principales promedios del examen eran empleados en su juzgado. Una de las concursantes presentó un amparo que llegó por sorteo al juez Lima. Curiosamente, Lima se excusó. Otro magistrado, Hugo Zuleta, falló contra las designaciones de los otros dos jurados. Tras pasar por segunda instancia, la causa duerme hoy el sueño de los justos en uno de los cajones del Tribunal Supremo de Justicia.
Mientras, el concurso avanzó: quedaron diez personas para ocupar nueve cargos. El jurado decidió subirle el puntaje a otras dos, por lo que los aptos pasaron a ser doce. ¿Por qué? Poco después, el Consejo de la Magistratura registró tres vacantes más de secretarios de Juzgado y las adosó a ese polémico concurso, en lugar de hacer uno nuevo. Alegó que se debía “evitar el dispendio de tiempo y labor del Consejo”. Quedaron doce cargos para doce concursantes. Y todos contentos. No todos: la UEJN y los jueces Guillermo Treacy y Elena Liberatori se presentaron ante el Consejo para impugnar la decisión. Liberatori les señaló que toman las demoras del concurso “como si fuera una circunstancia natural y que no dependiese del Consejo” y advirtió que la medida puede ser revocada por su falta de legalidad. Después de tres años de denuncias, el Consejo tendrá que resolver si convalida el concurso en su plenario del próximo jueves.
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