La Justicia federal de Rawson interrogó al cabo Carlos Alegre como testigo en la nueva causa que apunta a las responsabilidades de la cúpula de la Armada en el espionaje ilegal en la base Almirante Zar. La denuncia de Alegre ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había dado origen a la causa madre por esos hechos, que ya fue elevada a juicio oral y público. El fiscal federal Fernando Gelvez está comenzando a impulsar la nueva denuncia del CELS, que apunta a cinco miembros de la conducción de los marinos, con su jefe, el almirante Jorge Godoy, a la cabeza. Esa organización sostuvo que el seguimiento ilegal estuvo basado en el Plan Básico de Inteligencia Naval 2005, que lleva la firma de Godoy y se basa en legislación de la dictadura.

Alegre formaba parte del grupo de inteligencia de Trelew. Se negó a hacer espionaje ilegal y lo contó ante los abogados del CELS. En la causa madre llegó a estar imputado, pero quedó desvinculado de acusación alguna cuando le dictaron el sobreseimiento. Ayer, el cabo prestó declaración testimonial ante el fiscal Gelvez, que tiene delegada la nueva causa, y ratificó lo que ya había transmitido al CELS y a la Justicia en su momento. Corría marzo de 2006 y el juzgado allanó las bases de Trelew y Puerto Belgrano. En ambas fueron encontradas fichas y documentos de inteligencia sobre políticos, gremios, organizaciones sociales y de derechos humanos. La ministra de Defensa, Nilda Garré, separó al jefe de Inteligencia de la Armada y al número tres de la fuerza, ambos implicados por los documentos. Además, ordenó cerrar las dependencias de inteligencia de las bases navales y hacer un sumario interno de las actividades de los marinos espías.

Según pudo saber PáginaI12 de fuentes judiciales, el fiscal está recolectando pruebas referidas a la acusación del CELS sobre cinco jefes de la Armada. Además de Godoy, se trata del vicealmirante Benito Rótolo, vicejefe de la fuerza; el contraalmirante Luis De Vincenti, jefe del Comando de Aviación Naval; el capitán de navío Carlos Ruda, jefe de la Central de Inteligencia de Puerto Belgrano; y el capitán de navío Luis Fajre, a cargo de la Fuerza Aeronaval 3.

El fiscal Gelvez ya le tomó declaración a parte de los implicados, pidió documentación al juzgado y también al Ministerio de Defensa. Desde esa cartera aún no respondieron a sus requerimientos, informó la fuente consultada por este diario. El periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS, declarará por exhorto.

Si prospera esta investigación la cúpula de la Armada será llamada a declaración indagatoria, es decir, como acusada por el espionaje en la base Almirante Zar. Sólo entonces el Gobierno decidiría sobre la continuidad de los funcionarios en sus respectivos cargos. Apenas se conoció la denuncia, y mucho antes de que quedaran imputados a nivel judicial en la causa madre, los jefes de Inteligencia Naval, de Inteligencia y otros diez oficiales y suboficiales fueron separados en forma inmediata. Sin embargo, ahora las autoridades del Ministerio de Defensa dijeron que van a “esperar la acción de la Justicia, con tranquilidad”. El razonamiento que hacen en los pisos superiores del edificio Libertador es que a los autores materiales “los agarraron casi in fraganti”, mientras que la responsabilidad de los jefes es vista como algo “muy mediato”. En realidad, así podrían llegar a quedar imputados, como autores mediatos del delito por el que sus subordinados irán a juicio.