Era un anuncio de importantes consecuencias económicas y hasta geopolíticas. Y el anuncio también era una perfecta ocasión para volver a mostrarse juntas. La presidenta Cristina Fernández y la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, fueron las caras más buscadas del llamado a licitación internacional para la construcción de un gasoducto submarino entre la isla fueguina y el continente. El acto se realizó ayer en el Salón Sur de la Casa Rosada, ante un auditorio especialmente interesado por las inversiones energéticas. Aparte del infaltable ministro de Planificación, Julio De Vido, estuvieron el vicepresidente, Julio Cobos; el secretario de Obras Públicas, José López; el senador fueguino José Martínez y directivos de compañías petroleras. “Esto muestra a una Argentina que está recuperando una mirada estratégica y a largo plazo”, se entusiasmó CFK. El ducto a construir recorrerá 37,7 kilómetros por debajo del estrecho de Magallanes y permitirá inyectar 18 millones de metros cúbicos diarios al gasoducto San Martín, que se extiende desde el sur de Santa Cruz hasta Bahía Blanca y abastece a los grandes centros urbanos.

El origen del gas que se incorporará a la red argentina son los pozos del norte de Tierra del Fuego que explotan las empresas Total (francesa) y Apache (estadounidense). Los metros cúbicos diarios que se agregarán al gasoducto San Martín a partir de junio de 2009 (si se cumplen las fechas previstas en el pliego) contribuirían a solucionar la escasez que padece hoy la Argentina como consecuencia del crecimiento de la demanda. La obra costará aproximadamente 200 millones de dólares. “Esta obra constituye el desafío más importante del plan de obras. Su construcción es una muestra de soberanía”, dijo ayer De Vido. La mención a la palabra “soberanía” no pasó desapercibida para varios de los asistentes al acto en el Salón Sur. Empresas brasileñas y estadounidenses estarían interesadas en la obra. En la licitación deberán competir con grupos nacionales.

Además de la incógnita en torno de la empresa que resulte favorecida, la construcción del nuevo gasoducto submarino podría tener consecuencias geopolíticas. Sobre todo en la relación con Chile. En la época dorada del menemismo (julio de 1995), la Argentina y Chile firmaron el Protocolo de Integración Gasífera y Suministro de Gas Natural que incluía un principio de “no discriminación”. Según ese principio, ante situaciones de escasez ambos Estados debían mantener la misma proporción de suministro que había regido en condiciones normales (o sea, se comprometían a compartir los costos de una eventual caída de la oferta). Hoy, a diez años de firmar aquel Protocolo, la Argentina intenta privilegiar la demanda interna y pone restricciones en el suministro a Chile.

En Tierra del Fuego, esa política se concretó a través del freno a la exportación de gas a la empresa chilena Methanex, instalada en la ciudad de Punta Arenas. La restricción se impuso por disposición de la Casa Rosada. La caída del suministro a Chile impidió que el gobierno fueguino cobrara las regalías correspondientes. “Tuvimos grandes complicaciones pero nos van a restituir las regalías que dejamos de recibir”, confesaron a PáginaI12 desde la administración que encabeza Ríos. En la Casa Rosada saben lo que significa recortar el abastecimiento al otro lado de la cordillera. Pero hasta que no crezca la oferta el mapa energético nacional no permite otra cosa: el martes, hubo cortes en el suministro a industrias del Litoral, Córdoba y el conurbano. La interrupción había sido más drástica con Chile (el lunes se había suspendido casi todo el envío de gas, unos 47 mil metros cúbicos).

El nuevo gasoducto se extenderá en forma paralela a otro de menor volumen, que se erigió hace treinta años. Su construcción ya está despertando una pregunta entre los especialistas: ¿el gas que están extrayendo Total y Apache, y que llegará al continente por el nuevo ducto, alcanzará para incrementar la oferta local y al mismo tiempo normalizar las exportaciones a Chile? “No va a haber menos oferta para Chile”, dijeron a PáginaI12 desde el gobierno fueguino. Habrá que ver cuál es la posición pública de Chile, como también de las empresas extranjeras involucradas. Lo que es indiscutible es que en este juego hay muchos factores en cuestión. Ayer estuvo en la Casa Rosada el embajador estadounidense, Earl Anthony Wayne. A fines de abril, Wayne había visitado Ushuaia para prometer inversiones de su país y de Canadá: la empresa Apache, casualmente, reúne capitales de esos dos países.