Habrían sido los primeros doce enjuiciados por protagonizar protesta social en la era de la justicia contravencional porteña. Los integrantes de la comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tenían fecha de juicio oral para ser juzgados por el presunto corte de la avenida General Paz durante marchas de agosto y septiembre pasado. Pero el proceso fue suspendido hasta que el Tribunal Superior de Justicia resuelva las impugnaciones presentadas por la defensa de los acusados. La fiscalía había pedido que los penalicen con un año de suspensión de sus actividades gremiales. “Eso es algo prohibido por la Constitución”, se quejó Juan Carlos Capurro, abogado de ATE.

Los trabajadores del INTI habían desplegado un intenso plan de lucha que culminó con la modificación de su convenio laboral, con sustantivas mejoras. “No cortamos la General Paz, marchamos por la colectora y dejamos un carril libre porque queríamos repartir volantes a los automovilistas”, explicó a PáginaI12 José Magallanes, uno de los miembros de la comisión. En general, la modalidad de protesta se basa en concentraciones en la puerta del INTI, como la que hicieron hace pocas semanas en reclamo de un adicional salarial del 15 por ciento por funciones tecnológicas, que se sume al magro 19 por ciento obtenido por el otro gremio, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).

El 9 de agosto el fiscal contravencional Norberto Brotto tomó nota de lo que ocurría en la protesta frente al INTI e inició la causa de oficio. Enrique Martínez, presidente del organismo, no tuvo que ver con la denuncia de los hechos. Sólo fue citado como testigo y, según dijo a este diario, refirió que la acusación había sido originada por un automovilista que denunció la rotura de su vehículo durante una de las manifestaciones. Pero el abogado Capurro y el delegado Magallanes desmintieron que en la causa haya sido incorporado este hecho. “No hay nada de eso”, dijo Capurro. Magallanes recordó un reclamo de un automovilista pero por una pedrada proveniente de la máquina cortadora de césped de la empresa concesionaria a cargo del cuidado de la avenida.

El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires debe resolver los planteos del abogado de ATE referidos a “serias irregularidades procesales”, por las que fue suspendido el juicio. Una de ellas se refiere a que el fiscal Brotto intervino en el caso cuando estaba destinado a la fiscalía de Saavedra, y cuando fue trasladado a su actual destino se llevó el expediente. A criterio de la defensa de los delegados gremiales, lo que tiene que decidir el máximo órgano judicial de la ciudad es “un asunto que hace a las libertades públicas porque está en juego si (Mauricio) Macri dice quién puede hacer una asamblea o una marcha, con la concepción absurda de que hay que pedir permiso para ejercer el derecho a protestar”.

Capurro calificó el proceso como “una persecución a los delegados por hacer asambleas en su lugar de trabajo, algo que es legítimo y no una contravención”. El abogado dejó en claro que no hubo corte de la General Paz. “Venir a pretender judicializar esto es un disparate, es como si acusaran a un maratonista de entorpecer el tránsito y lo condenaran a no correr durante un año.” Sin embargo, algo así le ocurrió a la docente Marina Schifrin, juzgada en 1997 por “impedir el funcionamiento del transporte público” y condenada a no participar de movilizaciones durante un año.

Los trabajadores del INTI no habrían sido los primeros enjuiciados si un grupo de obreros del gremio de la construcción (Uocra) hubiera rechazado la “probation” que les impusieron como pena también por cortar calles: los albañiles aceptaron ir a pintar hospitales, mientras que ATE rechazó esa modalidad y tuvo que encarar el proceso oral. Por ser la primera comisión interna que va a juicio, sus integrantes tenían pensado movilizarse junto a otras organizaciones gremiales y sociales el último día de audiencias, en repudio a la “criminalización de la protesta social”. Ante la suspensión del proceso, guardarán sus energías por si los doce tienen que volver al banquillo.