Dicen que su rentabilidad está en riesgo y lo repiten cada vez que tienen la oportunidad. Su discurso apunta a reforzar el imaginario del chacarero que trabaja de sol a sol para ganarse el pan con el sudor de su frente. Por eso se comparan con los campesinos que protagonizaron el Grito de Alcorta, a principios del siglo XX, y cada vez que realizan una manifestación sacan a relucir los tractores viejos que adornan sus chacras. Sin embargo, los empresarios que durante los últimos tres meses cortaron rutas no defienden su supervivencia como actor económico sino una renta extraordinaria que queda en evidencia en la cotización record de los granos y el espectacular precio de sus campos. El debate parlamentario sobre las retenciones es una buena excusa para repasar esos números que siguieron mejorando durante el conflicto.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, el viernes pasado la tonelada de soja, una vez descontadas las retenciones y los gastos de exportación, cotizó en los puertos argentinos a 972 pesos. El 28 de diciembre, en cambio, el precio era de 926 pesos. Eso significa que, pese al aumento de las retenciones, el productor recibe hoy un 5 por ciento más que a fin de año. Si se compara con principios de octubre, cuando los empresarios tomaron la decisión de invertir en la nueva campaña, la suba es del 16 por ciento (de 837 a 972 pesos). En el caso del girasol, la situación es similar: en diciembre del año pasado, el precio de la tonelada, una vez descontadas las retenciones, era de 1142 pesos y el viernes cerró a 1252 pesos (9,6 por ciento).

Como las estadísticas dejan en evidencia que, pese al aumento de las retenciones, los ingresos del complejo agroindustrial siguieron mejorando, las entidades que representan a los productores dicen que el problema es la suba de los costos (semillas, fertilizantes, etc.), los cuales supuestamente horadaron la rentabilidad del sector. Sin embargo, según cifras de la Compañía Argentina de Tierras, la inmobiliaria más grande del país dedicada al sector agropecuario, el valor de los campos siguió subiendo en los primeros cinco meses del año. Ese dato contradice el argumento de los dirigentes del agro, pues si el precio de la tierra aumentó es porque la demanda creció y si la demanda creció es porque la rentabilidad actual y la proyectada son muy tentadoras. Lo que sigue es un detalle de cuánto valen los campos en la provincia de Buenos Aires, información disponible en la página web www.cdaetierras.com.ar:

- En la zona tradicionalmente maicera de Pergamino, Rojas y Salto la hectárea se vende actualmente, en pleno conflicto por las retenciones, a la friolera de 11.000 dólares, un 10 por ciento más que en diciembre de 2007, un 100 por ciento más que el promedio de los últimos diez años y un 340 por ciento más que el piso registrado en junio de 2002.

- En los campos trigueros de Tres Arroyos, San Cayetano y Necochea la hectárea cotiza a 5000 dólares, un 11 por ciento más que a fines del año pasado, un 150 por ciento más que el promedio de los diez últimos años y un 525 por ciento más que en junio de 2002.

- En los campos mixtos de Bragado, 9 de Julio, Viamonte, Lincoln, la hectárea trepó a 7500 dólares, 7 por ciento más que en diciembre, 135 por ciento más que el promedio de la última década y 400 por ciento más que en junio de 2002.

El boom también abarca a zonas ganaderas que, según las entidades rurales, están siendo “castigadas” por la política oficial:

- El valor de la tierra en Tapalqué, Rauch, Maipú y Dolores, localidades tradicionalmente dedicadas a la cría de ganado, llega a 1900 dólares por hectárea, 11,8 por ciento más que en diciembre de 2007, 138 por ciento más que el promedio de los últimos diez años y 533 por ciento más que en junio de 2002, cuando la hectárea se conseguía a 300 dólares.

- En la zona de invernada de Trenque Lauquen, Villegas y Rivadavia la hectárea cuesta 6000 dólares, 15 por ciento más que en diciembre, 150 por ciento más que el promedio registrado desde junio de 1998 y 500 por ciento más que en junio de 2002.

Los números son contundentes y demuestran que la actividad agropecuaria no sólo es un buen negocio para los pools de siembra, pues un pequeño productor que posee, por ejemplo, 150 hectáreas en Pergamino está parado sobre un capital de 1.650.000 dólares y esa cotización sólo es posible de explicar por los negocios que esa tierra genera.

Cuando los medios de comunicación difunden estas cifras, lo cual no sucede muy seguido, para beneplácito de los empresarios, las entidades del agro remarcan que las tierras de la provincia de Buenos Aires tienen una calidad superior a las del resto del país. Sin embargo, el rendimiento por hectárea no muestra grandes diferencias por región. Según datos de la Secretaría de Agricultura, en la campaña 2005/2006 el rinde promedio de quienes produjeron soja en Buenos Aires fue de 2,87 toneladas por hectárea, mientras que, por ejemplo, en el departamento salteño de General San Martín fue de 2,75, en la localidad santiagueña de Alberdi fue de 2,3 y en la entrerriana Gualeguaychú fue de 2,35 toneladas por hectárea. En esas zonas marginales los que están en una situación económica delicada no son justamente quienes plantan soja y cortan rutas sino los pequeños campesinos que fueron desplazados por los sojeros.

Durante las últimas semanas, algunos analistas plantearon, por ingenuidad o conveniencia, que la disputa que está llevando adelante el Gobierno no se justifica si se toma en cuenta que con este aumento de las retenciones “apenas” tenían previsto recaudar 1500 millones de dólares adicionales. Sin embargo, lo que está en juego no sólo es la renta extraordinaria de este año sino la que se espera para las próximas cosechas. La demanda creciente de granos para alimentos y combustibles, potenciada por la especulación financiera global, hace prever un escenario de expansión sólo comparable con lo ocurrido entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, en marzo parecía ciencia ficción que la tonelada de soja llegara a cotizar a 600 dólares en el mercado internacional y ahora está a punto de alcanzar esa marca. Esta semana los diputados no van a discutir el futuro de los pequeños y medianos agricultores, por los cuales ahora todos parecen preocuparse, sino el derecho del Estado para apropiarse de esa renta extraordinaria en nombre del conjunto de la sociedad.