Los miembros de las Fuerzas Armadas tendrán su propio defensor del Pueblo. Mientras la senadora María Cristina Perceval, presidenta de la Comisión de Defensa, presentó el viernes un proyecto de ley para crear un defensor del Pueblo Adjunto para Asuntos Militares y de Defensa Nacional, la ministra de Defensa, Nilda Garré, elevó el lunes a la presidenta Cristina Fernández un proyecto a priori similar para eliminar de la ley que regula las tareas de la Defensoría la prohibición de intervenir en la órbita castrense. Ambas propuestas fueron anunciadas ayer durante la “Conferencia sobre Reformas Democráticas y Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas” que organizó el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Si bien la exclusión que fija el artículo 16 de la ley 24.284 abarca también a las fuerzas de seguridad, la idea de que miembros de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura puedan exigir por sus derechos por fuera de la estructura de sus respectivas fuerzas fue rechazada de plano por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández.

“Nuestro desafío es que los derechos humanos se conviertan en un paradigma institucional de las Fuerzas Armadas”, explicó Garré en la apertura de la conferencia, ante decenas de oficiales superiores de la Armada y la Fuerza Aérea y escasos representantes del Ejército. El lunes, durante una reunión con el ombudsman parlamentario para las Fuerzas Armadas de Alemania, Reinhold Robbe, la ministra informó que en los últimos tres meses Defensa recibió más de cien denuncias por abusos laborales, sexuales y por malos tratos a los cadetes.

Garré compartió la mesa con la anfitriona Perceval y con el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, quien recordó que “nuestro vínculo con las Fuerzas Armadas comenzó de la peor manera: como víctimas”. Emilio Mignone y Augusto Conte, fundadores del CELS, eran padres de desaparecidos. Tras un cuarto de siglo analizando e impugnando pliegos de militares con antecedentes durante la dictadura “se comenzó a trabajar en la democratización de las Fuerzas Armadas para su inserción en el proceso institucional”, explicó el periodista, ya que “sus hombres son sujetos de derechos igual que el resto de los ciudadanos”. Verbitsky consideró que la creación de un defensor del Pueblo en la órbita militar implica “un cambio cultural importante” y “no rompe la disciplina porque es sólo para casos de abusos, para que se respeten los derechos humanos de sus integrantes”.

Los elogios de la ministra Garré al modelo de ombudsman parlamentario alemán desde mediados de 2007 sugerían que ese sería el ejemplo a seguir. Robbe explicó ayer, en la primera mesa de trabajo, que la figura del defensor, designado por el Parlamento, se creó tras la caída de Hitler, “algo tan único que toda comparación queda prohibida”. Describió dos tipos de funciones. “Para los soldados soy su paño de lágrimas, su vocero y abogado”, dijo. Esa faceta incluye intervenir ante abusos pero también en temas salariales, de capacitación y ascensos. “Por otro lado soy el brazo extendido del Parlamento para controlar a las Fuerzas Armadas”, agregó.

La unidad de Robbe cuenta con cincuenta colaboradores. La mitad son juristas que procesan pedidos. El año pasado recibieron seis mil reclamos para una fuerza de 250 mil hombres y mujeres distribuidos en cinco continentes. Dispone de amplias facultades para visitar sin aviso y sin restricciones cualquier guarnición militar, incluidas las tropas en el exterior. Una vez al año elabora un informe que entrega al Congreso y a la opinión pública. “Crear confianza es decisivo. En ese sentido, mi experiencia es maravillosa. Incluye desde actuar como asistente espiritual ante hechos traumáticos hasta garantizar que las tropas tengan el mejor equipamiento del mercado. Los militares saben que cuando describo su situación no lo hago según la conveniencia de los políticos”, explicó.

Defensa informó el lunes que el modelo alemán “fue analizado largamente” y “sus enseñanzas han germinado en nuestro ministerio”. Sin embargo, si bien no se conoce el proyecto elevado a la presidenta, el anticipo de un vocero de Garré sugiere que es bastante más modesto. “Se propone en términos genéricos eliminar la prohibición” que impide a la Defensoría intervenir en el ámbito militar, pero no “construir una institución nueva” como la del comisionado parlamentario. El proyecto de Perceval, al que accedió PáginaI12, exige para el defensor adjunto amplios conocimientos de defensa nacional y legislación militar. Entre sus facultades incluye la de requerir informes, inspeccionar registros, visitar cuarteles sin previo aviso, presenciar audiencias en procedimientos administrativos y judiciales y proponer medidas legislativas y administrativas. El del Ejecutivo es “más tímido: no crea un defensor nuevo sino que agrega al existente una nueva competencia”, resumió Garré. La creación del cargo complementaría el proyecto oficial de reforma del Código de Justicia Militar que Diputados aprobó por 154 votos a favor y dos en contra y cuyo tratamiento en el Senado es “inminente”, según anticipó ayer Perceval.