Hasta ahora nada impidió que el juez federal Abel Cornejo avanzara en su carrera. Sin embargo, su aspiración de integrar la Corte Suprema salteña podría verse frustrada si prospera la impugnación presentada por organismos y personalidades del ámbito de los derechos humanos por falta de “integridad moral, idoneidad técnica, compromiso con la democracia y defensa de los derechos humanos”, tal como establece la legislación vigente en la provincia. “Lo acusamos de haber violado los derechos humanos en democracia, por haber ordenado las represiones más sangrientas en General Mosconi, donde murieron Aníbal Verón en 2000 y Carlos Santillán y Oscar Barrios en 2001”, dijo a PáginaI12 la abogada Mara Puntano, en representación de 327 ciudadanos de esa localidad.

Acompañaron la impugnación los familiares de los trabajadores asesinados en esos operativos represivos, el dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) Pepino Fernández, el padre Jesús Olmedo de La Quiaca, y adhirieron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Inés Izaguirre (APDH), el doctor en Derecho Roberto Gargarella, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Red Nacional de Abogados y la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otros.

“El poder del juez es muy grande, llegó a ser miembro del Consejo de la Magistratura, acumuló poder a pesar de ser un violador consuetudinario de los derechos humanos y encima lo premian para ir a la Corte provincial”, se lamentó Puntano. “Sabemos que la decisión política es nombrarlo, pero igual vamos a ejercer nuestro derecho a impugnarlo, para que quede sentado a quién están favoreciendo”, agregó esta abogada que hace ocho años llevó adelante el Juicio por la Verdad en Salta, representó a la familia Verón y a otros piqueteros y desocupados.

Cornejo fue propuesto para integrar la Corte por el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien presentó un proyecto para elevar el número de miembros de cinco a siete. Pero al mismo tiempo que propuso el pliego, Urtubey firmó el decreto 617 para establecer un procedimiento de elección participativo similar al que rige a nivel nacional, a partir del decreto 222/03 del Poder Ejecutivo. Las impugnaciones contra Cornejo fueron presentadas el 23 de junio ante el ministro de Justicia de Salta, Nicolás Juárez Campos, quien también recibió algunas adhesiones a favor de secretarios y empleados del magistrado.

El CELS, que también impugnó su candidatura, lo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por la represión ilegítima y posterior persecución penal de los manifestantes.

“Nunca antes se había recurrido a francotiradores con armas de largo alcance y munición de guerra, que están prohibidas para disuadir población civil”, expresó Puntano sobre la represión de 2001, en la que 200 personas fueron heridas, como Iván Dorado que quedó paralítico. En mayo de 2001, Cornejo detuvo a dirigentes del Partido Obrero que estaban cortando la ruta junto a obreros de Tartagal, y el 17 junio envió a la Gendarmería a desalojarlos. “Detuvieron a camilleros, al jefe de bomberos, hubo francotiradores y mataron a Santillán y Barrios”, recordó Puntano. En enero de 2004, la Cámara de Apelaciones anuló la declaración realizada bajo tortura de Edgar Cabrera, un joven piquetero, discapacitado mental, cuyos dichos habían sido usados para acusar a los integrantes de la UTD de Mosconi de portar armas. Sin embargo, esa causa por “sedición” iniciada por Cornejo contra los piqueteros aún no fue cerrada.