El oficialismo impuso su dictamen en la larga, pero para nada aburrida ni formal, reunión realizada en “bicomisional” de Diputados. Se llegará hoy al recinto, donde nada está asegurado, ni siquiera el quórum. Si lo hubiera, sólo se puede predecir un debate fragoroso, extralarge, con una votación muy cerrada. El resto, el final, está abierto. Las negociaciones extraparlamentarias, buscando ampliar (vía reformas y agregados) la base de apoyo al proyecto del Gobierno parecen haber encontrado un tope determinado por la voluntad de la cúpula del kirchnerismo. Aunque, al cierre de esta edición rozando la medianoche, los contactos continuaban y los celulares seguían crepitando.

La regla de la mayoría, aspira el Gobierno, se hará valer esta noche o en la madrugada de mañana. Hasta acá el desempeño institucional no fue una pinturita, pero superó las expectativas previstas. Se expusieron posturas diferentes, se permitió el acceso del sector más afectado (los ruralistas) a las instancias previas. Se divulgaron distintas posiciones. La fuerza más vivaz fue, como es usual, la conjunción FPV-PJ. El Gobierno matizó su posición, amplió la cifra de producción para la exención de retenciones móviles y agregó el proyecto de ley de Arrendamientos, una mejora progresista de la ecuación de los chacareros menos poderosos. Por añadidura, un desgajamiento del oficialismo, compuesto por peronistas disidentes y radicales K, presentó un proyecto propio. Felipe Solá, con versación que pocos comparten, defendió las retenciones móviles, las facultades del Ejecutivo de decretarlas per se, criticó acerbamente a las patoteadas de los autoconvocados y mocionó escalas diferentes y la necesidad de una vasta legislación agropecuaria.

O sea, el oficialismo retocó su planteo original. Y de su tronco surgió una propuesta alternativa. Frente a eso, el veto absoluto que unificó a la UCR, la Coalición Cívica y el PRO lució como una táctica menor, más enderezada a ocultar diferencias que a sumar ideas. Y, muy eventualmente, a derrotar en toda la línea al oficialismo. Cero discusión interna, que se reclama a los otros. Un mediocre aporte centrado en expresar una exorbitante demanda corporativa.

Hubo diputados de lo que podría rotularse como espacio de la centroizquierda que fueron más creativos y sistémicos. El bloque del SI y Claudio Lozano se movieron en aras de urdir puentes entre la Federación Agraria Argentina y el oficialismo. Al cierre de esta nota daba la impresión de que habían encontrado escollos insalvables, aunque esto sólo se podrá saber acabadamente en el recinto.

El SI añadió un proyecto propio sobre el tema central del debate. Y se quedó con el mérito de que fuera otro proyecto de Eduardo Macaluse, presidente de su bloque, la base del proyecto sobre arrendamientos.

Lozano, en su carril, formuló una sugestiva denuncia sobre trapisondas de los grandes exportadores, que también agrega valor a lo que se habló en estos días excitados.

Puestos a redondear digamos que, con una dosis de desmesura “a la argentina”, el Congreso funcionó como tal, el oficialismo no fue pétreo, se escucharon todas las voces.

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Como el escorpión: Luciano Miguens de Hoz y Mario Llambías (sin el concurso de Eduardo Buzzi ni de Fernando Gioino, detalle nada menor) bregaron por ingresar a la sala en que sesionaban las comisiones. Nuevo paso en falso de quienes declamaron durante meses su fascinación por el Congreso y su apego a las instituciones. Nada tenían que hacer ahí dentro y su mero pedido habla de su praxis pechadora, de la que abusaron en estos meses.

Como premio consuelo, pudieron dedicarse a su hobby predilecto, la conferencia de prensa de parado. Mario Llambías llevó la voz cantante. Descalificó el proyecto del FPV, preanunció que si se aprueba será inconstitucional y habilitará los consecuentes reclamos ante la Justicia. Para ser un hombre millonario, de prosapia familiar linajuda, el titular de CRA se expresa bastante mal. Confunde tiempos de verbo (dice “habría” en vez de “hubiera”, por caso). Y se da injustificados aires de profesor de Educación Cívica cuando alega que la Corte debe intervenir si es alto el grado de confiscatoriedad de un tributo. Su falta de saber, en ese caso, juega en contra de sus intereses: si un impuesto es confiscatorio (violatorio del derecho de propiedad) es inconstitucional, sin más. No hay grados de confiscatoriedad así como (parafraseando al efecto una frase clásica) una vaca no puede estar un poco preñada.

De todas formas, el mensaje gutural se entendió y sonó menos belicoso que en otras instancias. Llambías no mentó siquiera medios ilegales de reacción, que fueron los predilectos de su sector. La sensatez, la apelación al Congreso parecieron haber perneado aún a los halcones del sector.

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Alfredo, solo: Alfredo De Angeli es una figura mediática, qué duda cabe. Es dable suponer que el hombre, amén de un rústico carisma, posee un poco de fortuna. El miércoles, un día en el que no tenía previsto itinerar por estudios de tevé, Ingrid Betancourt fulguró en el firmamento mediático, casi sin dejar lugar para nada.

Ayer el piquetero entrerriano volvió por sus fueros, ante micrófonos y cámaras que lo acompañan solícitos y, en una sugestiva mayoría de los casos, sin repreguntas.

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Productividad: La jornada de ayer fue hiperproductiva en hechos políticos. Asomaron chocantes disidencias entre la dirigencia agropecuaria. Hugo Biolcati, el vice de la Sociedad Rural, salpicó de sospechas a Buzzi. De Angeli se mandó por la libre convocando a un cacerolazo, varios integrantes de la cúpula de la FAA (en la que el Melli revista, en pendant con su rol de autoconvocado) lo desautorizaron. La fragmentación refleja la multiplicidad de intereses “del campo” que el Gobierno, con mejor muñeca y mayor provisión de cuadros funcionariales capaces, podría haber operado de modo más fértil.

La FAA y la dirigencia del SI reconocieron que los proyectos de ley de arrendamientos y de gravar con Ganancias a los pools de siembra son positivos pero marcaron un límite: no bastarán como moneda de canje para conseguir su aprobación de la ley que convalida la resolución 125.

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Ni lo peor ni lo mejor: El Gobierno llega con la razón de su lado, todos los proyectos en danza (el propio, el de los disidentes de Solá y el del SI) validan las retenciones móviles. Su constitucionalidad es cabal, tal como fundó con pasión y tecnicismo el diputado Luis Cigogna (FPV), un abogado comprometido con los derechos humanos y militante peronista asentado en el conurbano.

Pero la razón no basta en política, es notorio que el oficialismo llega a la sesión de hoy con el corazón en la boca y sin haber ampliado su base de sustentación.

No es clavado que logre quórum (dependerá bastante de la buena disposición del sector de Solá, ya que SI adelantó que no ayudará a dar número). Y si lo logra deberá puntear uno a uno los votos.

Si consigue que se apruebe, la pelota quedará del otro lado, la oposición, la dirigencia ruralista y sus bases deberán amoldarse a la ley, demostrando en el momento más exigente (al quedar en ocasional minoría) su convicción democrática.

Puede que el oficialismo saltee todos los ripios y gane con los números justos. Será mejor que un virtual traspié a mano de una oposición sin cabeza y sin propuestas. Ese horizonte de mayoría abroquelada, empero, no será un gran paso para salirse de la real crisis política. Hubiera sido mucho más promisoria una foto que mostrara al oficialismo, en conjunción con algunos partidos opositores de centroizquierda de un lado y a una coalición sólo respaldada por CRA y la Sociedad Rural. No era imposible lograrlo, a esta altura ese cierre virtuoso parece una quimera.

Pero, como en los partidos de fútbol, nada se puede tener por definitivo hasta el último instante. Hasta que se termine de articular y de votar en el recinto, en espera de un veredicto que todos deben acatar.

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