Sáb 05.07.2008

EL PAíS  › EVASIóN UTILIZANDO INDIGENTES

Piratas cordobeses

La Justicia federal de la ciudad cordobesa de Río Cuarto resolvió dictar el procesamiento y la prisión preventiva de la ex funcionaria municipal María Pía Cardoso y del policía Miguel Petitti, por su presunta vinculación con maniobras de evasión impositiva mediante la utilización de personas de escasos recursos. La investigación judicial determinó que un grupo de personas eran utilizadas para cobrar cheques cuyos montos eran descargados posteriormente como gastos y servían para que empresas del sur cordobés, dedicadas a la venta de granos, pudieran evadir impuestos.

La investigación del caso comenzó el pasado 26 de noviembre a raíz de un curioso episodio ocurrido en la sucursal Río Cuarto del Banco Francés, donde una mujer carenciada –Nilda Romero–, que habría sido llevada hasta el lugar por Cardoso, intentó mostrarle a su hijo un cheque por 40.000 pesos que le habían hecho firmar. Con la promesa de recompensarlos con el otorgamiento de sendas pensiones, los indigentes eran utilizados para firmar “papeles en blanco” que en realidad eran permisos de exportación de granos con los que, aparentemente, esas empresas montaban las maniobras de defraudación al fisco, según informaron fuentes judiciales cordobesas.

Cardoso, quien se desempeñó como titular de la Oficina de Saneamiento de Títulos de la Propiedad de la Municipalidad de Río Cuarto, está imputada como supuesta coautora de asociación ilícita fiscal agravada. Sobre ella cayó un embargo de 50.000 pesos. La medida judicial, que incluye el procesamiento de otras tres personas, fue adoptada por el juez federal subrogante Oscar Valentinuzzi. El procesamiento y prisión preventiva involucran asimismo al policía Petitti, acusado bajo el cargo de ser el supuesto coautor de asociación ilícita fiscal, con un embargo por 15.000 pesos.

Valentinuzzi dispuso además el procesamiento de Claudio Fabián Giles, de Hugo Alfredo Aguero –por sus conexiones políticas en el caso– y de Vanesa Romina Moyano, por considerarlos supuestos partícipes necesarios de asociación ilícita fiscal.

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