Pasadas las diez de la noche, tres horas después de iniciado el debate, el oficialismo abrió la mano en el recinto y presentó nuevos cambios en su propio dictamen, lo que implica más beneficios para los pequeños y medianos productores. El jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, adelantó su intervención para anunciar las reformas en los reintegros para las oleaginosas (soja y girasol) que “dejará al 85 por ciento de los productores fuera del alcance de la resolución 125”. La nueva escala establece que hasta 300 toneladas exportadas recibirán compensaciones que fijarán la retención en el 30 por ciento, cinco puntos menos que las que regían al 10 de marzo; entre 300 y 750 toneladas los reintegros bajarán la alícuota a 35 por ciento, la que regía hasta la resolución 125; mientras que aquellos que exporten hasta 1500 toneladas, también pagaran sólo el 35 por ciento por las primeras 750. Al cierre de esta edición el debate continuaba y a pesar de que las modificaciones no contentaron a la oposición, el oficialismo confiaba en que el proyecto se aprobaría.

El núcleo duro de la oposición –UCR, CC y PRO– adjudicó la “concesión” anunciada por Rossi a la intención de tratar de sumar a los oficialistas díscolos a la hora de votar. Solidaridad e Igualdad (SI) y Claudio Lozano –que oficiaron de intermediadores del Gobierno con la Federación Agraria– señalaron que los cambios eran “más mezquinos” que los que habían ofrecido antes que se frustrara la negociación. El “divergente” Felipe Solá –que aglutinó detrás de su proyecto a los peronistas rebeldes y parte de los radicales K– dijo que fijará su posición final en su discurso, previsto para la madrugada.

Conscientes de que el debate sería extremadamente largo y la jornada transcurriría sin grandes conclusiones, los presidentes de los principales bloques llegaron a un acuerdo. El kirchnerismo quería hacer pública las nuevas modificaciones antes de la votación. La oposición las quería escuchar, pero reclamó adelantar sus intervenciones para dejar expresa su postura antes que la gente se vaya a dormir y los medios periodísticos empiecen a desaparecer del recinto.

Rossi anunció la nueva escala de retenciones (ver aparte), la eliminación de la segmentación por extensión productiva medida por hectáreas y la ampliación a distintas regiones de los subsidios por transporte, para los que estén más allá de 400 kilómetros del puerto exportador. Señaló que así se dejaba afuera del alcance de la resolución 125 al “85 por ciento de los productores agropecuarios”. También consideró que el avance de los proyectos sobre arrendamientos rurales y la aplicación del impuesto a la Ganancia a los pools organizados a través de fideicomisos brindaba oportunidades a los pequeños productores.

Rossi elogió el trabajo parlamentario de las dos últimas semanas, el debate y las modificaciones sobre el proyecto del Ejecutivo y cuestionó a los “agoreros” que calificaron al Congreso como “una escribanía del Gobierno”. También embistió contra quienes criticaron las modificaciones que el Gobierno había realizado a la curva en las alícuotas de las resolución 125 y cuestionaron como una utopía que el precio de la soja trepara a más de 600 dólares, un valor que ya alcanzó –“un mes después de las modificaciones”– en los mercados internacionales. Allí, incluyó al presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías.

Antes, desde el radicalismo, la Coalición Cívica y el macrismo volvieron a insistir en la suspensión de la resolución 125 por 150 días y cada uno a su turno cuestionó “la inconstitucionalidad” de la medida que consideran “confiscatoria”.

“El Congreso de la Nación no puede perder la oportunidad que tiene de legislar a favor de la paz social. Ninguna ley puede impulsar la discordia entre el pueblo argentino. Sería un acto de extrema torpeza. Si nosotros no resolvemos el conflicto otros lo resolverán. Lo resolverá la Corte o lo resolverán las rutas, no lo permitamos”, reclamó el radical Oscar Aguad.

El jefe de bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, señaló que “luego de más de 100 días de conflicto sólo falta que el Congreso reconozca el disparate de una resolución que puso en jaque la producción, al campo y paralizó el país”. Pérez dijo que el aumento de las retenciones “va a destruir a la agricultura, de la misma manera que con políticas similares se liquidó la ganadería y la lechería en la Argentina”.

Después de los anuncios de Ro-ssi, el grueso de la oposición interpretó que los cambios fueron para alinear a su propia tropa.

Eduardo Macaluse, de SI, lamentó la “escasa voluntad” del oficialismo para tratar de arribar a un consenso, que consideró que está muy lejos y que “condicionó la batalla política, como anticipo de las elecciones de 2009”, entre el kirchnerismo y una gran parte de la oposición. “Todo se mide en términos de triunfo o derrotas. Unos dicen ratifíquese la resolución 125, otros derógase, cuando podían haber términos intermedios como establecer, fijar, para que nadie se tenga que poner de rodillas frente al otro.” Macaluse, igual que el economista de la CTA, Claudio Lozano, anticiparon su voto negativo con argumentos casi idénticos. “Las reformas no alcanzan y tampoco incluye al maíz ni el trigo, cuando se dice que se quierecombatir la sojización del campo.”

Casi a las siete en punto de la tarde, el kirchnerismo había logrado su primer triunfo. Había juntado quórum (129 diputados) para sesionar. Unos 115 diputados propios, incluidos tres bonaerense díscolos encabezados por Solá, 3 legisladores del Movimiento Popular Neuquino, 5 santiagueños del Frente Cívico y Social, 4 radicales K, 4 del bloque que encabeza el socialista K Ariel Basterio y aliados como Miguel Bonasso y Eduardo Lorenzo Borocotó.

Rossi dijo que escucharán todas las opiniones y “estarán abiertos” a introducir nuevos cambios si las propuestas mejoran las del oficialismo. La oposición no le creyó. Con los números muy ajustados, el kirchenrismo se jugaba a aprobar las retenciones móviles en la madrugada.

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