Las cámaras patronales agropecuarias y el gobierno se preparan para una semana decisiva, con dos concentraciones opuestas en distintos puntos de la Capital el martes por la tarde y la votación en el Senado el miércoles. La movilización de la Sociedad Rural fue sugerida por la jefa de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió, con el argumento republicano de que sin presionar no se conseguiría una votación distinta a la de Diputados. Con el mismo criterio, el Vicepresidente Julio Cobos ignoró el acuerdo alcanzado en las comisiones de Agricultura y de Presupuesto y permitió el acceso a sus deliberaciones a Luciano Miguens, quien negó que la Sociedad Rural fuera la entidad de los grandes productores porque, dijo, tiene socios de una o dos hectáreas. Sin ostentar contactos con los líderes de la asonada, el ex senador Eduardo Duhalde está urdiendo un tejido político que le permita conducir su salida, como si CFK fuera una presidente inerme y con la economía en ruinas, como Raúl Alfonsín o Fernando de la Rúa. La toma de la sede central del Partido Justicialista por un tumulto encabezado por los candidatos de Adolfo Rodríguez Saá a vicepresidente y a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Héctor Maya y Teresa González Fernández de Solá precedió por pocas horas a la constitución de una minicegeté cismática encabezada por el senador Luis Barrionuevo, sin gremios de significación pero con un propósito manifiesto. En su primer reportaje posterior al engendro, Barrionuevo dijo que su jefe político era Duhalde. El esposo de la Senadora Hilda González se reunió la semana pasada con uno de los precursores de esa técnica, el ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota, quien en marzo de 1974 participó en el motín policial al mando del coronel Antonio Navarro, que depuso al gobernador Ricardo Obregón Cano y provocó la intervención federal a su provincia.

Distintas versiones no excluyentes dan cuenta de la elección del lugar de la cita de los empresarios pasado mañana. Una es que Carrió lo sugirió porque en el monumento a los españoles celebró misa el cardenal Eugenio Pacelli, luego Pío XII, en 1934, y Juan Pablo II en 1982. El Vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, dijo que era un espacio rockero, porque allí se han realizado algunos recitales de verano. El presidente de Confederaciones Rurales, Mario Llambías, abrió su corazón y mostró sus sentimientos más profundos al decir que estaban frente al zoológico. Y todos coinciden en que es el sitio más cómodo para llegar desde Palermo, Recoleta. Belgrano, Vicente López y San Isidro, de donde se esperan los contingentes porteños, y para estacionar las 4x4 y los demás vehículos que lleguen desde el interior. Su resultado es una incógnita. La convocatoria de la mesa de enlace a volver a las rutas tuvo menor eco que las formuladas antes de la decisión presidencial de enviar al Congreso la resolución que estableció la movilidad de las retenciones y el incremento de la alícuota y menos de cincuenta personas respondieron a la última convocatoria de Alfredo de Angeli a cacerolear. Lo que no habían previsto y los enfurece es que Néstor Kirchner fuera a responder con otra convocatoria. Así trata de equilibrar las presiones y permitir que cada Senador vote de acuerdo con su conciencia. Es inevitable que las interpretaciones de estos hechos estén tan divididas como las opiniones en torno del conflicto.

Sopa de letras

Buena parte de la discusión en las comisiones del Senado giró en torno del precio sobre el que se pagarán las compensaciones. La oposición señaló que la resolución 125, ratificada por la Cámara de Diputados, utiliza el precio FOB de la soja y el girasol (sigla de free on board, es decir ya en el barco). En cambio, la resolución de la Oficina Nacional de Control del Comercio Agropecuario (ONCCA) que reglamenta el mecanismo para el pago de las compensaciones, las calcula sobre el precio FAS (free alongside ship, que según ese ente de control en realidad es en la puerta de la explotación o a lo sumo de la fábrica elaboradora). Ante la insistencia de la oposición y luego de una consulta del senador Miguel Pichetto con la Casa Rosada, los senadores oficialistas ratificaron que se pagaría sobre el precio FOB. Este incluye el transporte desde el lugar de producción al acopiador, el acopio, el transporte al silo, los fletes, los gastos portuarios, el despacho de Aduana y el cierre de compraventa internacional. Calcular la compensación sobre el precio FOB implica bonificar al productor por una actividad que no realiza. El director de la Oncca, Ricardo Echegaray, dijo en el Senado que cuando vende el grano, el productor no desarrolla la actividad de acopio, de molienda, ni contrata la logística portuaria para exportar o los servicios de despachante de aduana. Estos son gastos propios de la exportación o de operaciones intermedias entre el productor y el exportador, que deben ser deducidos del valor FOB antes de calcular la compensación. Las compensaciones a productores de trigo, molinos, industria láctea, aves y porcinos, ganado criado en Feed Lot siempre se pagaron sobre el precio FAS (es decir el precio FOB, menos los costos del proceso exportador). La única excepción fue la industria aceitera, por la influencia del senador justicialista Roberto Urquía, quien había conseguido ubicar a un allegado al frente de la Oncca. Cuando Urquía hizo saber su oposición al incremento de las retenciones, la presidente lo reemplazó con el ex director de la Aduana, Echegaray. Una de sus primeras decisiones fue reclamar a las aceiteras 130 millones de pesos que cobraron de más. Echegaray explicó en el Senado que la compensación debía cubrir el impacto de la retención móvil, es decir su porción posterior a la vigencia de la resolución 125, por encima del 35 por ciento. Pero después de cuatro meses de conflicto y en la semana decisiva de la votación en el Senado, no hay espacio político para reivindicar un criterio impecable pero que se tornó inoportuno. Esto ratifica que a partir de la sanción de la ley el gobierno deberá abocarse con la mayor seriedad a la redefinición de una política agropecuaria integral.

El Quía

El caso del senador Urquía merece un análisis más detallado. Productor en más de cien mil hectáreas entre propias y arrendadas, posee plantas de aceite, molinos de harina, puertos, ferrocarril y empresa comercializadora. En cada uno de esos rubros forma parte de la cúpula respectiva. Urquía renunció a la presidencia de la comisión de presupuesto del Senado porque el proyecto del gobierno en cuyas listas había sido electo afectaba sus intereses. Sin embargo, el jueves asistió a la reunión de las comisiones, lo cual sugiere que también se propone votar en la sesión del miércoles. Otro tanto ocurre con el senador santafesino Carlos Reutemann, autor de un proyecto que baja la retención mínima al 22 por ciento para trigo y maíz y al 30 por ciento para girasol. Para la soja fija un 36 por ciento cuando su precio sea inferior a 600 dólares la tonelada y hasta el 40 por ciento cuando pase de los 800; permite imputar al impuesto a las ganancias una parte de las retenciones pagadas, deducir de ganancias el 70 por ciento de los gastos en fertilizantes, y pagar la mitad del IVA para semillas, herbicidas, fungicidas e inoculantes. También es gran productor de soja el senador salteño Juan Carlos Romero, todos ellos del Frente para la Victoria.

La doctrina Gardel

Según fuentes del radicalismo transversal, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, canalizaría inversiones en un fondo de siembra de Santiago del Estero a través de su hermano Freddy. El gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora convocó junto con Kirchner a la movilización de pasado mañana. El conflicto de intereses de todos los senadores sojeros es ostensible ya que la derrota del proyecto oficial les produciría un notable beneficio económico, en detrimento del fisco. Consciente de esa incompatibilidad, Reutemann aclara cada vez que habla que es un “pequeño productor”, como si la magnitud de la explotación atenuara la incorrección de votar a favor de sí mismo, tal como hizo la semana pasada Felipe Solá, quien privilegió sus intereses familiares y de clase sobre los del partido que le permitió postularse a la banca y los del pueblo que lo votó. Pero aun así, el pequeño productor de la fórmula uno no dio datos concretos sobre las hectáreas que cultiva y su ecuación económica. En esto coincide con el resto de los productores y de las entidades patronales, lo cual quita toda verosimilitud a la repetida afirmación de que con el incremento de las retenciones perderán dinero. Aplican a estos asuntos la doctrina Gardel: “No avivés nunca a un otario, dejalo que siga gil”. La negativa a revelar las cifras de sus explotaciones ha sido sistemática y cuando no les quedó más remedio que quebrar el sigilo, suministraron informaciones parciales que ni siquiera respaldan su discurso. El economista jefe de la Sociedad Rural, Ernesto Ambrosetti, dijo en el Senado que con el aumento de los costos habrá un momento en que el productor no pueda invertir en innovaciones tecnológicas, lo que hará caer la producción y la productividad “en el mediano o largo plazo”, con lo cual “debería haber menos divisas y menos posibilidad de exportar como de abastecer los distintos mercados”. Es decir, tal vez en el futuro ganen menos.

El propio Reutemann, en la reunión de comisiones del viernes, dijo que sólo obtienen rentas extraordinarias los productores de las mejores tierras, que ubicó en la provincia de Buenos Aires. En las zonas marginales, agregó, se puede obtener un ingreso equivalente a 28 quintales por hectárea, con costos que crecen hasta 20. Pero esto no equivale a pérdidas, sino a menores ganancias. Como explicó en el mismo lugar el secretario de agricultura, ganadería, pesca y alimentos, Javier de Urquiza, pese a ese incremento de los costos el nivel de ingreso y de rentabilidad sigue siendo alto. De Urquiza suministró datos precisos de las distintas regiones del país. Lo mismo hizo el secretario de comercio interior, Guillermo Moreno, quien defendió el arrasamiento del Indec, con una clase rudimentaria sobre las causas de la inflación. Después de dispararse ese tiro en el pie, suministró un cuadro completo de números, tanto oficiales como de publicaciones especializadas de uso corriente en el mercado, y formuló observaciones pertinentes: los ingresos del productor se calculan por tonelada, pero sus costos por hectárea. “Es perfectamente posible articularlos, pero a veces se mezclan los números, quizás a propósito, y no hay precisión sobre cuando se habla de hectáreas y cuando de toneladas”, dijo. También advirtió que sin retenciones se estaría convirtiendo a los chacareros arrendadores en un sector social rentista, como ocurrió a principios del siglo pasado, con el modelo del rastacueros que tira manteca al techo, prohijado por la Sociedad Rural: “La diferencia entre un capitalismo moderno y uno prebendario es cuánto del ingreso nacional redistribuimos en términos de beneficio y cuánto en términos de renta”. Por cierto, estos datos pueden discutirse y, en el caso de Moreno requieren una revisión minuciosa, dada su propensión a la fantasía. Pero constituyen una base para el análisis y revelan una voluntad de basarlo en la realidad que no muestran los alzados: el segundo de Alfredo De Angeli en la Federación Agraria entrerriana, Juan Alberto Echeverría fue condenado por evasión fiscal y el director de la Oncca informó al Senado que según las declaraciones juradas de los productores, 1040 establecimientos producen 3,2 millones de toneladas de soja, el 8,4 por ciento del total en la Capital Federal. La técnica de cultivo en asfalto y con iluminación a semáforos y gas de mercurio es observada con atención en otros grandes centros urbanos, como Nueva York y París, donde tampoco se consiguen tierras para cultivar el yuyo mágico.