La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención de dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), separados de la fuerza, sospechosos de haber sido pilares de una red de espionaje informático a políticos, artistas y periodistas. Los presuntos hackers, Iván Velázquez y Pablo Carpintero, se encontrarían en Uruguay, según ellos mismos difundieron en abril último. Por eso también la magistrada pidió su captura internacional. Habían sido intimados a comparecer en el juzgado bajo apercibimiento, pero no se presentaron.

Velázquez y Carpintero serían expertos en meterse en casillas de e-mail ajenas y capturar la correspondencia electrónica. Lo habrían hecho con un centenar de víctimas, que van desde la propia presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete y varios ministros, hasta exponentes de la farándula como Susana Giménez, Gerardo Sofovich, Carolina “Pampita” Ardohain y Andrea del Boca, entre muchos otros, y también un grupo de periodistas.

Arroyo Salgado investiga a la ciberbanda desde hace más de un año y medio, durante el cual acumuló cientos de e-mails y horas de escuchas telefónicas. A esta altura, todo apunta a que los espías traficaban información con fines comerciales, pero también para hacer operaciones políticas. La causa hasta ahora está caratulada como “violación de secretos políticos y militares”, pero Arroyo Salgado analiza por estos días agravar la calificación como “asociación ilícita”, un delito que los jueces consideran no excarcelable cuando hay peligro de fuga o de entorpecer la acción de la Justicia por parte de los imputados.

En mayo, la Justicia allanó las casas de ambos agentes y de otros supuestos integrantes de la red: el ex jefe de la SIDE de comienzos del menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, el general retirado Daniel Reimundes (secretario general del Ejército en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete. También está en la mira un amplio grupo de compradores de información: empresarios, militares, políticos y periodistas.

Después de aquellos procedimientos, el dúo de la PSA presentó un pedido de exención de prisión a través de un apoderado. La jueza se los concedió, con la condición de que se presentaran en el juzgado. Como no concurrieron, la siguiente citación fue bajo apercibimiento de mandarlos a arrestar. Tenían plazo hasta el martes pasado, pero no aparecieron. Por eso, la magistrada resolvió revocarles el beneficio que les había otorgado y mandarlos a detener porque “no mostraron voluntad de comparecer”, según explicaron allegados a la causa. Lo más probable es que sean indagados una vez que los apresen y no se descarta que queden presos.

Velázquez y Carpintero fueron personal civil de inteligencia del Ejército al menos hasta 2006, cuando pasaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo de Marcelo Saín, y que a su vez depende del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández. Con anterioridad, también hicieron trabajos para la SIDE.

Sus movimientos son rastreados casi desde el inicio de la causa judicial, aunque su presunta responsabilidad empezó a trascender recién en marzo último. Primero, se los asoció con la convocatoria a la primera Marcha Federal a Plaza de Mayo a favor del campo para el 28 de marzo, que circuló por Internet con elocuente lenguaje castrense. Poco después el dúo apareció vinculado a un intento de hackeo al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El juez recibía insistentes mensajes del proveedor de Internet del tribunal, Telmex, para que cambiara su clave que le llamaron la atención. Cuando se contactó con la compañía le dijeron que se trataba de un intento de phishing (robo de datos). En forma extraoficial, apuntaron a usuarios de su propio sistema, Velázquez y Carpintero. La denuncia fue incorporada a la causa.

Después de aquellos episodios Velázquez y Carpintero fueron separados de sus cargos en la PSA. La razón, según explicaron por entonces en la fuerza, era que habían ido a increpar a un alto funcionario de la SIDE. En una carta que hicieron circular los agentes –y que hasta le mandaron a Lorenzetti– dijeron ser víctimas de persecución y amenazas fruto de una interna con la Secretaría de Inteligencia. Según su versión, dejaron la PSA “por una decisión de índole personal” y decidieron por seguridad “residir en Uruguay”. Desde allí, en una entrevista con Perfil,dijeron: “Desarrollamos para la secretaría (SIDE) un software de recepción de correspondencia electrónica orientado hacia la lucha contra el terrorismo fronteras afuera y lo hemos ido perfeccionando. Y cuando decidimos irnos de la SIDE y fuimos a la PSA, hemos aportado esa tecnología y la hemos utilizado”.

En los últimos tiempos, sin embargo, habrían planeado rumbear para otras latitudes, según pudo saber este diario. Italia sería una alternativa, donde contarían con la ayuda de Stefano Andrini, periodista y dirigente de la agrupación neofascista Alianza Nacional. Andrini fue candidato a diputado en las elecciones de legisladores italoargentinos para ocupar una banca en Roma, donde vive. Hace casi diez años tuvo una condena por intento de homicidio como integrante de un movimiento nazi-skin que dejó en coma a un joven. Cuando estuvo en Buenos Aires este año, se lo vio a menudo acompañado por Velázquez.