Un fiscal de San Isidro pidió la detención de uno de los hijos del titular de la CGT. Se trata de Facundo Moyano, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Peajes, quien fue acusado de daños, robo y extorsión agravada por un escrache que realizó el lunes con su gremio contra la empresa Autopistas del Sol. Durante la protesta, en la que se reclamaba un aumento de salarios, un grupo de trabajadores entró en la sede de la empresa, rompió muebles e hizo pintadas en el frente. Ayer, al conocer el pedido de arresto, el sindicato salió a refutar los cargos y se declaró en estado de alerta y movilización. Moyano dijo a PáginaI12 que lo acusan por portación de apellido. “Si se tratara de Juan Pérez no trascendía. El objetivo es pegarle a Moyano”, consideró.

El pedido de detención fue presentado por el fiscal Diego Calegari ante el juez de Garantías Rafael Sal Lari, quien en las próximas horas deberá decidir si le da lugar o considera que alcanza con llamar a Moyano hijo a declarar. De todas formas, anticipándose a una eventual orden de arresto, los abogados defensores del gremialista, Daniel Llermanos y Roberto Vázquez, se presentaron ayer en el juzgado con un pedido de eximición de prisión y le aseguraron al juez que su cliente no va a eludir la acción de la Justicia.

Facundo Moyano tiene 23 años y es el penúltimo de los siete hijos del secretario general de la CGT. En el Sindicato de Trabajadores de Peajes ocupa el tercer lugar en la jerarquía, con el cargo de secretario gremial. Consultado por PáginaI12, ayer dijo en su descargo que no tomó parte en los incidentes. “Hubo compañeros que el día de la protesta entraron equivocadamente a la sede. Saltaron arriba de los sillones y escribieron cosas, pero yo me quedé en la puerta, no entré ni hice nada.” Rechazó la acusación de robo con un comentario corto: “Me da risa”.

También dio su interpretación del porqué de la denuncia: que Autopistas del Sol, que está controlada por capitales españoles, podría estar “sensible” por la situación de Aerolíneas Argentinas, donde los empresarios españoles acaban de definir su retiro de la compañía. “Se ve que tienen susto de que les pase lo mismo”, graficó. Autopistas del Sol pertenece al grupo Abertis, de buena relación con el Gobierno, aunque en los últimos días circularon rumores acerca de que la continuidad de la concesión estaría en dudas.

Los fiscales actuaron a partir de la denuncia que presentó la empresa, en la que da una versión de los hechos distinta. Según Autopistas del Sol, Moyano hijo “entró a la sede y lideró el grupo que provocó los destrozos”. Así lo sostuvo la vocera de la compañía, Alejandra Barczuk: “El entró, él estuvo ahí, formaba parte de los que hicieron los hechos de vandalismo y hay testigos que lo vieron”, afirmó la vocera. En su demanda, la concesionaria enumeró que “fueron destrozados puertas, sillones, cuadros, mesas, sillas, computadoras y vidrios blindex, mientras que un empleado de Autopistas del Sol fue golpeado por uno de los gremialistas”. En cuanto a la denuncia por robo, dijo que el objeto robado fue “una cámara de video de seguridad”. Al finalizar el escrache la oficina “quedó virtualmente destruida”, definió Autopistas del Sol.

El sindicato convocó a una conferencia de prensa en la que Moyano hijo no estuvo presente. El que habló fue el titular del gremio, Sebastián Seoane, quien insistió en vincular la denuncia a la portación de apellido del dirigente. Apuntan a Moyano “porque vende e impacta” y porque “al pegarle a ese apellido, se le pega a todo el movimiento obrero”, sostuvo. Para argumentarlo, subrayó que “Facundo Moyano no es el titular del sindicato, es sólo el secretario gremial” y puntualizó: “Si en todo caso tuviera que haber un responsable, sería yo”. En la misma línea, los defensores agregaron que Moyano fue el único imputado de una manifestación en la que participaron 300 personas, y que los fiscales pidieron su detención “en menos de un día, con una celeridad que llama la atención”.

El gremio reclama un aumento salarial del 30 por ciento. Las negociaciones con la firma llevan tres meses y están estancadas. El sindicato, que no tiene personería gremial, había decidido el escrache como medida previa a la convocatoria a un paro.