El martes 24, la Orden del Día de la Policía Federal incluyó un texto insólito. Indica que mañana, lunes 30, comenzará a impartirse a todo el personal destinado en comisarías un “Ciclo de Conferencias sobre Derechos Humanos y Garantías Constitucionales”. Sus considerandos dicen que si bien los institutos de formación, capacitación y perfeccionamiento policial incluyen esos temas “resulta de toda evidencia la necesidad de complementarla, de modo de afianzar la internalización de sus conceptos y consecuente aplicación”. Agregan que las comisarías “mantienen la más estrecha e inmediata relación con la comunidad” y que los servicios que prestan “tienen a la ley como marco regulatorio de actuación”, el cual es
“de inexcusable cumplimiento”. También dicen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben “sujetarse a sus términos”, lo cual en la Argentina no es la obviedad que debería ser. El ciclo será obligatorio fuera de horas de servicio, durará dos días y se impartirá en forma rotativa a todo el personal de comisarías, ya sean oficiales subalternos, suboficiales o agentes, de lunes a viernes, de 9 a 12, hasta “cubrir la totalidad del numerario”. El quinto y último curso terminará el 18 de octubre, los docentes serán los mismos de las Academias policiales y el programa incluirá cuatro puntos: derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional; Declaraciones, Pactos y Convenciones en materia de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional; Convención sobre los Derechos del Niño y Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Efectista, simple y falso
Esta es una de las respuestas policiales al sórdido episodio del sábado 14, cuando personal de la comisaría 34ª golpeó y arrojó al Riachuelo a tres adolescentes, uno de los cuáles se ahogó. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez hizo saber al comisario general Roberto Giacomino que del manejo que hiciera del caso dependería su continuidad en el cargo, y la Policía Federal volvió a demostrar su llamativa impermeabilidad respecto del poder político que, en dos décadas, no ha producido ni las purgas ni las reformas que sí sucedieron (con resultados dudosos) en las Fuerzas Armadas y otras de seguridad. Giacomino dispuso entonces la separación y arresto de la docena de efectivos que participaron o que conocieron lo sucedido y encubrieron a los responsables. Según el gobierno nacional esas medidas administrativas tienden a quebrar el pacto de silencio que hizo posible que uno o varios golpearan y empujaran a Ezequiel Demonty y sus amigos, pero muchos otros más no lo impidieran ni lo denunciaran. Los cursos de derechos humanos completarían la tarea. Demasiado efectista, demasiado simple y, sobre todo, falso. Nadie (y menos un iusnaturalista sin saberlo, como Giacomino) puede pretender que los policías que secuestran, torturan y matan a personas indefensas lo hacen por ignorancia de las leyes, la Constitución o las Convenciones Internacionales.
El ejemplo del mando
Ninguna enseñanza teórica acerca de tales textos puede reemplazar el ejemplo del mando, en una estructura jerárquica y vertical. De poco vale que todos los policías se aprendan de memoria el catálogo de derechos y garantías, si sus superiores les transmiten el mensaje opuesto. El mismo sábado 14 del asesinato de Ezequiel, el comisario Giacomino reclamó la reposición de los derogados edictos policiales, violatorios de todas las leyes, constituciones y convenciones protectoras de los derechos humanos. Esos edictos, que los jueces se cansaron de declarar inconstitucionales antes de su derogación por el Poder Legislativo, no eran “herramientas para prevenir el delito”, como pretendió Giacomino, sino la cobertura pseudolegal para que la policía delinquiera. Giacomino también demandó que se repusiera en vigencia el denominado Memorando 40. Se trata de una comunicación interna policial, redactada el 19 de abril de 1965 por la Dirección de Asuntos Judiciales de la propia Federal, que dejaba en manos del Jefe de Policía la decisión de labrar actuaciones y privar de la libertad a menores de edad, sin consulta con ningún juez. En 1994, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el Memorando 40 “colisiona manifiestamente con la Constitución Nacional, leyes y tratados internacionales”. En 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó que las prácticas de detención no fundadas en una ley ni sujetas a revisión judicial, como las permitidas en el Memorando 40, contrarían principios básicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El propio gobierno argentino reconoció ante la Corte Interamericana (en el caso 11.752, por la detención, torturas y muerte de Walter Bulacio) la incompatibilidad del Memorando 40 con la normativa constitucional e internacional. La Comisión y la Corte Interamericana son los órganos encargados de interpretar los textos cuya enseñanza promueve ahora Giacomino.
Merodeadores
La Constitución y la Convención Americana también descalifican la figura del merodeo, que reclamó Giacomino. “El policía se acercaba al sospechoso, lo interrogaba y si no podía justificar un trabajo o un domicilio, lo metía preso. El policía sabe cuándo un tipo está en el delito, se da cuenta. Con los edictos, podías asustar al punga. Los edictos estaban basados en una moral, en buenas costumbres que se han perdido. Hay que volver a eso”, dijo. Cada una de las conductas que los policías de la 34ª realizaron en el secuestro, tormentos y asesinato de Ezequiel están contenidas en estas palabras de Giacomino, que forman parte del sentido común policial. La quiebra del pacto corporativo que Alvarez intenta imponerle a Giacomino constituye un paso adelante, pero es por completo insuficiente. El sumario administrativo cuya apertura solicitó al ministro el Centro de Estudios Legales y Sociales debería concluir con sanciones contra Giacomino por violaciones a la Ley para el Personal de la Policía Federal y su decreto reglamentario 1866/83, que prohíbe al personal policial “hacer propaganda que pueda afectar la disciplina o el prestigio de la institución”.
Una saludable advertencia
En la dirección contraria a la de Giacomino apuntan los considerandos del informe presentado al senador Eduardo Duhalde por su ex ministro Carlos Arslanian, cabeza de la Comisión creada para formular propuestas sobre la prevención del secuestro de personas. El informe cita las investigaciones del econometrista Eduardo Patricio Pompei, que los lectores de este diario conocen, y reproduce dos gráficos que muestran el asombroso paralelismo entre la caída del salario, la inequidad en la distribución del ingreso y el incremento de los delitos en contra de la propiedad.
El cuadro de la izquierda refleja la tasa de aumento del delito contra la propiedad en la década; el de la derecha la evolución del llamado coeficiente de Gini, que mide el índice de inequidad social.
La Comisión Arslanian destacó que “la marginalidad, la indigencia y la extrema pobreza traen consigo un debilitamiento de las instituciones básicas y aguda conflictividad social que cuestiona la utilidad misma del respeto por las normas, lo que caracteriza una situación de anomia”.Agregó que el derecho penal no es “la única herramienta para contener al delito”, que las políticas de crecimiento, desarrollo e igualdad de oportunidades estimulan “la conveniencia de respetar el orden jurídico” y promueven “comportamientos socialmente adecuados con un grado de efectividad superior al de la pena cuya ejecución, por añadidura, lejos está de cumplir con la misión que solemos asignarle”. El control del delito, dice, requiere intervenir en todos los niveles: sobre sus causas, sobre el control social ejercido por la comunidad y las instituciones específicas y sobre la situación de la víctima. Si se opera tan sólo en el fortalecimiento de las instituciones penales “es más que probable que fracasemos en nuestro objetivo y contribuyamos con ese fracaso a un desprestigio de policías, jueces y agentes penitenciarios”. Más que las recomendaciones penales de la Comisión, importa esta saludable advertencia. Es dudoso que sea tenida en cuenta, sin embargo, por el histérico periodismo de televisión que, sin diferencia de ideologías, promueve el pánico social magnificando el impacto de delitos que afectan al sector del que provienen los periodistas, mientras ignoran otros que golpean más abajo en la escala social. Es presumible que esa máquina televisiva de asustar burgueses y producir fascistas no se detendrá en estas minucias.
Del otro lado
Del otro lado del Riachuelo, pese a su justa y triste fama el mayor problema no es la policía, sino los sectores de la política, la justicia y el ministerio público que por acción u omisión propician los comportamientos ilegales. La Comisión Provincial por la Memoria presidida por Estela Carlotto entregó a la Suprema Corte bonaerense un documento en el que fustigaba el gatillo fácil, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el hacinamiento carcelario y los calificaba como “prácticas de terror llevadas a cabo por agentes del Estado que recuerdan métodos que caracterizaron a la dictadura”. También defendía la continuidad del Banco de Datos sobre Tortura creado por la Defensoría de Casación que en dos años documentó nada menos que 1400 casos, algunos denunciados y otros “obtenidos bajo el amparo del secreto profesional”. No fue la policía sino el procurador general Eduardo Matías De la Cruz quien objetó las afirmaciones de la Comisión al mismo tiempo que los desconocidos de siempre atentaban contra la vida de Estela Carlotto. Según De la Cruz “decir que la policía está igual que durante la dictadura es un agravio a todo el sistema político e institucional”. Estela de Carlotto le respondió: “Vive en otro planeta”.
De la Cruz, cuyo discrecional manejo presupuestario puede derivar en un futuro escándalo de corrupción, aún sostiene las políticas impulsadas por el ex gobernador Carlos Rückauf y su ministro de justicia Jorge Casanovas, que condujeron a la caótica situación actual. Las defendió en 2000 ante la Legislatura, descalificó el año pasado durante la reunión nacional del Ministerio Público a quienes objetan la tortura, porque eso “da prensa pero no le importa a la gente”, sostuvo en el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte que existía “una lucha ideológica, en donde a veces hay que pactar con el enemigo” (sic). También llamó “juez de la dictadura” a uno de los miembros de la Comisión, el camarista federal Leopoldo Schiffrin, con un notorio desprecio por la verdad. Lejos de serlo, Schiffrin pasó aquellos años en el exilio y su designación primero como secretario letrado de la Corte Suprema y luego como camarista fue dispuesta por un gobierno constitucional.
Protección a los torturadores
El desmantelamiento del Banco de Datos, iniciado por De la Cruz, está a punto de perfeccionarse por una decisión de la Suprema Corte. Supresidente Juan Carlos Hitters (firmante de un ¡tratado de derechos humanos!, que el comisario Giacomino podría utilizar para la instrucción de sus muchachos) ordenó la apertura de un expediente para que el Defensor de Casación, Mario Coriolano, explique por qué en vez de denunciar ante la justicia cada caso, mantuvo el secreto profesional. La intención del Banco no es promover la acción penal (que es función de los fiscales y no de los defensores), sino levantar un mapa que sirva para prevenir la repetición de casos y ejercer alguna forma de control sobre esa práctica viciosa, aun cuando la víctima no se anime a sostener los cargos en un proceso judicial, por temor a represalias por parte de aquellos que lo han golpeado y a cuya merced continúa. El hostigamiento a Coriolano es una vía indirecta pero eficaz de protección a los torturadores y reducción de sus víctimas a la impotencia y el silencio.