La decisión política para derogar la Resolución 125 llegó dos días después de la derrota en el Senado. El Poder Ejecutivo instruyó ayer al ministro de Economía, Carlos Fernández, para que limite la vigencia de las retenciones móviles y el sistema de compensaciones para pequeños y medianos productores y disponga nuevas partidas arancelarias para soja, girasol, trigo y maíz, tal como estaban en noviembre del año pasado.

Horas después, Fernández firmó las resoluciones dando origen a un nuevo régimen de retenciones fijas. “Primero llegó la decisión política para dar de baja la 125 y luego se procedió con las resoluciones técnicas, que estarán publicadas en el Boletín Oficial el lunes, junto al decreto presidencial”, afirmaron a PáginaI12 desde el Ejecutivo. Con la firma de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el decreto defiende las retenciones móviles, menciona las trabas que sufrió el oficialismo en el Senado y critica a los sectores patronales del campo. “No puede haber un sector que imponga al conjunto (de la sociedad) sus propios intereses de lucro”, se expresa en los fundamentos del decreto.

“Con miras a la protección del interés de los que menos tienen, ordenamos dejarlas sin efecto (las retenciones móviles) para que puedan discutirse, en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones.” Con estas palabras, el Poder Ejecutivo dejó clara su postura post-Senado. El lunes publicará en el Boletín Oficial el decreto presidencial con la decisión política de dar marcha atrás con la Resolución 125. Paralelamente, el Ministerio de Economía publicará tres resoluciones firmadas el viernes, dando de baja la 125 y otras dos estableciendo el nuevo régimen de derechos de exportación para soja, girasol, trigo y maíz.

Cuando estos decretos se publiquen en el Boletín Oficial, la soja pasará a tributar un 35 por ciento en concepto de derecho de exportación, el girasol un 32 por ciento, el trigo un 28 por ciento y el maíz un 25 por ciento. “Entre el 11 de marzo y el próximo lunes rigen las retenciones móviles y el sistema de compensaciones. Todo lo que se comercializó en ese período está sujeto a las retenciones móviles. No hay retroactividad en esta decisión política y el lunes arranca un nuevo sistema”, indicaron a este diario fuentes del Ejecutivo.

Luego de más de 120 días de conflicto con el sector agropecuario y tras la derrota política del oficialismo en el Senado, el Ejecutivo salió a fijar su posición, a través de la letra del decreto 1176, presentado ayer por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández. De esa manera, la Presidenta de la Nación defendió la facultad del Ejecutivo para fijar su política económica a través del sistema de las retenciones móviles, cuyo objetivo fue “estabilizar los precios internos a niveles convenientes y asegurar un máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional”. También reconoció las presiones sufridas durante todo este período, tanto las que vinieron desde algunos sectores del campo como el embate sufrido en el Congreso.

“Todo indica que la resolución del tema por la vía legislativa resulta imposible, dada la situación existente. Si bien la Cámara de Diputados pudo arribar a una expresión de esa voluntad, por mayoría absoluta, en el Senado existió un empate que hizo necesario el desempate por parte del señor vicepresidente de la Nación. Debido a esta situación, es el Poder Ejecutivo el que debe dirimir la cuestión, volviendo a ejercer sus facultades, pues de otro modo ha sido imposible”, se establece en el decreto presidencial.

El Ejecutivo reconoció a través de este decreto su derrota legislativa. Sin embargo, ayer reunió a todos los legisladores que votaron por el proyecto oficial para comenzar el reacomodo del bloque K. El oficialismo en Diputados se tomará dos semanas para luego avanzar con las leyes de arrendamiento y emergencia agropecuaria, pendientes de la última sesión en la Cámara baja (ver aparte). “El ánimo del Gobierno sigue siendo mejorar la situación de los pequeños y medianos productores, por eso es probable que se evalúe algún proyecto legislativo integral”, señalaron desde Economía.

Con esta nueva situación política, cayeron todas las compensaciones a la soja y el girasol y a los fletes. También quedó sin efecto la creación de un Fondo Social de 4000 millones de pesos (aportados por las retenciones a los grandes pooles de siembra) destinado a la construcción de hospitales, escuelas, viviendas y el apoyo de la agricultura familiar. “Es probable que los grandes se apuren a exportar rápidamente al 35 por ciento de retenciones, porque más adelante podría establecerse un régimen que lleve las alícuotas al 39 o 40 por ciento”, indicaron a este diario desde el Ejecutivo.

Una vez que se conoció la decisión política de dar marcha atrás con la 125, Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, avaló la medida pero rápidamente pidió por una segmentación de pequeños productores y un sistema que compense a los que producen menos de 300 toneladas, algo que se incluía en el proyecto que supo tener media sanción de Diputados, ahora desconocido por la Mesa de Enlace (ver aparte).

A través del decreto 1176, la Presidenta asumió el embate legislativo –y de alguna manera la victoria del sector agropecuario– pero no se privó de criticar con dureza el accionar de la Mesa de Enlace. “El uso legítimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional fue pretexto para un violento lockout, que inició una escalada de cortes de ruta, desabastecimiento, amenazas, agresiones verbales y físicas, y ha querido presentarse ante el pueblo como una manera de menoscabar la participación del Congreso”, sentenció el Ejecutivo.

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