Eduardo Buzzi fue uno de los líderes de la protesta agraria y el que en los últimos días remarcó con más énfasis que el conflicto no terminó, pese a haber celebrado el rechazo del Senado al proyecto oficial como si se hubiera ganado un Mundial de Fútbol. En diálogo con PáginaI12, el presidente de Federación Agraria reconoció que la derogación de la Resolución 125 perjudicó a los productores más chicos, pero afirma que fue un paso necesario porque lo que se requiere es bajarles las retenciones no sólo a los pequeños chacareros sino a los que facturan hasta tres millones de pesos por año. Además, aseguró que “es un disparate desalentar la producción sojera” y que los cortes de ruta fueron “el instrumento que teníamos a mano para protestar”.

–Los chacareros que producen hasta 300 toneladas van a pagar más retenciones ahora que las que hubiesen tenido que afrontar si el Senado aprobaba la Resolución 125, ¿por qué festejaron su derogación?

–Ese sería un buen cuestionamiento si creyéramos que el único segmento que hay que atender es el que produce hasta 300 toneladas. Es cierto que son los más chicos y los más vulnerables, pero hay una gran confusión respecto de lo que se entiende por pequeña y mediana burguesía agraria. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa considera que una pyme es aquella que factura hasta tres millones de pesos por año y un productor de 300 toneladas factura 300 mil pesos. Por eso dije que el proyecto oficial se quedaba a mitad de camino. Se podría haber ido más allá porque hay recursos para hacerlo. Cuando se elaboró el presupuesto nacional se habían previsto alícuotas inferiores al 35 por ciento y cotizaciones internacionales más bajas. Además hay serias anormalidades en el comercio exterior que favorecen a las multinacionales y le restan recursos al productor. Yo no me hago cargo de la acusación que dice que los pequeños productores están peor porque Federación Agraria jugó con los grandes.

–Puede ser que los recursos estén disponibles, ¿pero por qué el Estado debería subsidiar a empresarios que producen hasta 3000 toneladas en un país con tanta pobreza?

–Si nos comparás con la gente que tiene hambre seguro que no, pero hay que mirar la cuestión global. El sistema de retenciones va a permitir recaudar 14.000 millones de dólares, cuando el año pasado estuvo en 6700 millones. Si invirtieran 2000 millones de dólares para tener una política diferenciada para los pequeños y medianos productores de todos modos quedarían 12.000 millones de dólares.

–¿Pero por qué los productores que facturan hasta tres millones de pesos tienen que ser beneficiados con esos 2000 millones de dólares?

–Yo también podría cuestionar los subsidios al servicio de transporte de pasajeros. El tema de cómo se usan los recursos es un debate interminable. Nosotros creemos que el país debe definir a la pequeña y mediana burguesía agraria como un actor central porque invierte y genera empleo.

–Desde ese punto de vista cualquier gran empresa podría justificar un pedido de mayores beneficios diciendo que si ganan más va a derramar más.

–No estamos planteando la teoría del derrame sino una definición estratégica de país. La agricultura argentina avanza hacia un escenario donde 3000 grandes empresas van a terminar produciendo 100 millones de toneladas. Nosotros decimos que hacen falta 150 mil productores haciendo esas 100 millones de toneladas. Eso tiene más territorialidad y va a generar más empleo. Además, creemos que al mismo tiempo se puede otorgar un beneficio universal de 100 pesos a los menores de 18 años para atenuar la pobreza.

–Defienden al productor, pero fundamentalmente al productor sojero.

–No es así. En reiteradas oportunidades dijimos que hay que crear condiciones para que el productor reemplace la soja por actividades con más valor agregado, pero mientras tanto hay que defender la actividad principal.

–La defensa de la diversidad es sólo discursiva, porque la renta extraordinaria de la soja que defienden es el mayor obstáculo para el desarrollo de otras producciones.

–Es cierto que otras producciones como la leche, la carne y el cerdo, deben generar la misma rentabilidad de la soja para no ser desplazadas, pero también es cierto que en política lechera, por ejemplo, se han cometido todos los errores posibles. Lo más lógico sería que la industria, los productores y el Estado aporten los fondos para subsidiar sólo seis productos esenciales de la canasta láctea. Eso equivale al 30 por ciento de la leche que se produce en el país.

–Propone elevar aún más la rentabilidad de otras producciones en lugar de bajar las ganancias de la soja, pero de ese modo el Estado termina otorgando beneficios adicionales a sectores que no los necesitan.

–No te ofendas, pero ese criterio es el de Guillermo Moreno.

–Pero el criterio que usted contrapone evidencia que el productor sojero no quiere abandonar su actividad.

–Si le otorgan la posibilidad de pasarse a una actividad con mayor rentabilidad se va a pasar porque no es idiota, pero para lograr eso no es necesario dinamitar la soja. Lo curioso es que se opta por los facilismos. Es un disparate desalentar la producción sojera cuando su colocación en los mercados mundiales no tiene límites. El punto es cómo hacemos una política lechera con instrumentos virtuosos y con subsidios direccionados para sostener los precios de seis productos de la canasta básica y no 16, como le propuso Moreno a la Presidenta, lo cual significa subsidiar el 55 por ciento de la producción a La Serenísima y a SanCor.

Se pueden subsidiar seis rubros de estricto consumo popular como leche, quesos, yogur, manteca y leche en polvo. Después si alguien quiere comprar un queso raro tendrá que pagarlo a un valor distinto.

–Para usted el conflicto sigue, pero varios dirigentes del campo dijeron luego de la derogación de la 125 que llegó la hora de ponerse a producir, dando a entender que el conflicto terminó.

–El conflicto no terminó. Yo hablé con Mario Llambías esta tarde (por ayer) y estuvimos de acuerdo en que la segmentación de las retenciones es una prioridad. Además queda pendiente la solución de los lecheros y ganaderos. Para ellos el conflicto tampoco terminó. No me extraña que el Gobierno quiera meter el tema agropecuario en el freezer, pero la mesa de enlace se debe hacer cargo, y se va a hacer cargo, de la diversidad de problemas del sector agropecuario. De eso no tengas ninguna duda. Decir lo contrario significaría que los sojeros hemos usado vilmente a los productores lecheros o ganaderos que aún no han tenido respuesta.

–¿Usted reivindica el nivel de virulencia que supuso cortar las rutas durante 100 días para conseguir la derogación de la 125?

–Esa virulencia no fue sólo por una resolución, fue por un conjunto de problemas no resueltos y por los niveles de agresión y de descalificación que sufrimos los productores de parte del Gobierno.

–El gobierno de Menem también agredió a numerosos sectores productivos y ninguno llegó al extremo al que llegaron ustedes.

–Andá a mirar los archivos. Salvo en 1995, cuando el 50 por ciento le dio el respaldo a Menem y por dos años metimos violín en bolsa porque la sociedad lo había votado, en el resto de la década hubo conflictividad agropecuaria y cortes de ruta. A lo mejor no en los niveles actuales, pero nosotros hicimos muchas protestas.

–Hubo cortes de ustedes y de otros sectores, pero ninguno llegó al extremo de poner en riesgo el abastecimiento de las ciudades.

–Las condiciones de aquel tiempo fueron de menos virulencia, pero igualmente firmes. Federación Agraria tiene la conciencia muy tranquila por haber confrontado con la etapa menemista.

–Pero la metodología que utilizaron ahora es muy cuestionable.

–Fue el instrumento que tuvimos a mano, pero eso no quiere decir que vayamos a hacer lo mismo de aquí en adelante. Fue algo que llegó a desbordarnos a todos. La gente tenía un nivel de bronca muy importante, cada vez que hablaba un funcionario amontonaba más gente en la ruta. No justifico la metodología, pero la entiendo.