El espionaje informático a políticos y famosos llegó hasta los más altos niveles de los gobiernos nacional y bonaerense, según las pruebas acumuladas por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Esta semana, de hecho, pasaron por su despacho el gobernador Daniel Scioli, su hermano y estrecho colaborador José Sciol y también Isidro Bounine, uno de los secretarios más cercanos a la presidenta Cristina Kirchner. Todos reconocieron como propios decenas de e-mails que estaban en poder de los presuntos hackers.

Los correos hackeados al gobernador Scioli se remontan, algunos, a sus tiempos de vicepresidente y fueron sustraídos de la casilla que utilizaba en el Senado, según relataron allegados a la causa. Incluían información sobre todo tipo de trámites parlamentarios. Algunos también datan de su campaña electoral y otros eran intercambios con Cristina Kirchner. El mandatario bonaerense pudo verlos el miércoles y afirmó ante Su Señoría que le pertenecían. También fue a dar testimonio su hermano, “Pepe” Scioli, secretario general de la gobernación, e identificó otros tantos e-mails que le pertenecían.

También le tocó declarar a Bounine, uno de los secretarios privados de la Presidenta. A través de los e-mails que le robaron se podía reconstruir buena parte de la agenda de Cristina, sus comunicaciones y reuniones con otros funcionarios, los temas que circulaban y los pasos de la familia presidencial. Reconoció que todos le pertenecían. La semana próxima declararía otro secretario clave, Fabián Gutiérrez, que la acompaña desde sus tiempos de senadora. Y más adelante lo haría también el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

En las últimas tres semanas, a varios funcionarios la jueza Arroyo Salgado les exhibió correos electrónicos y todos los reconocieron: la ministra de Defensa, Nilda Garré; el canciller Jorge Taiana, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, el embajador en Washington, Héctor Timerman; el embajador en Naciones Unidas, Jorge Argüello, entre otros. Debido a los cargos ocupados por todos ellos y al contenido de sus comunicaciones, con esos y algunos testimonios más la jueza ya daría por cierta la existencia del delito de “violación de secretos políticos o militares”, aunque no descarta aplicar también el de asociación ilícita.

Dos de los sospechosos en la trama del espionaje tienen una orden de captura internacional por no haberse presentado en Tribunales, como había requerido la jueza. Ellos son Iván Velázquez y Pablo Carpintero, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) separados recientemente, que también trabajaron para la SIDE y como personal civil de inteligencia del Ejército. Lo último que se supo era que estaban en Uruguay.

Según pudo saber PáginaI12, esta semana se presentó ante Arroyo Salgado un ex integrante de la PSA diciendo que tenía información. El eje de su versión sugería que el interventor de la fuerza, Marcelo Saín, sabía lo que hacían Velázquez y Carpintero. La jueza, de todos modos, le pidió que todo lo que quisiera denunciar lo presentara por escrito. En el juzgado prefirieron tomar con cautela las manifestaciones del hombre, quien arrastraría una pelea con Saín y un juicio en su contra. En el expediente, de todos modos, se investiga la conducta de los funcionarios de los que dependían ambos agentes.

La red de espionaje, se presume en la causa, comercializaba los mails y montaba operaciones. Las víctimas no eran sólo políticos, sino personajes de la farándula y periodistas. Ya declaró, de hecho, Susana Giménez. Entre los próximos estarían Facundo Pastor, “Pampita” Ardohain, Eliana Guercio, Celeste Cid y Marcela Kloosterboer. Entretanto, el juzgado junta evidencias sobre la supuesta participación en la banda del ex jefe de la SIDE bajo el menemismo Juan Bautista “Tata” Yofre y de varios militares.