El jefe Mauricio Macri consiguió una ayudita para sus amigos. La Legislatura le aprobó una norma que beneficia a los proveedores en el ajuste por inflación que tendrán los costos de los contratos con el Estado. Además, consolidó las deudas anteriores con un bono por 490 millones de pesos. Entre los beneficiados están el amigo y ex asesor del líder de PRO Nicolás Caputo y el primo del Jefe, Angelo Calcaterra, a quien Franco Macri le transfirió las constructoras del grupo. “No sólo es un favor a los amigos. El Gobierno decidió que su nave insignia es la obra pública y está soldando un pacto de ganancias extraordinarias para los proveedores”, denunció el legislador de la CTA Martín Hourest.

Fue una sesión maratónica, que duró toda la madrugada y terminó a las seis de la mañana de ayer con la aprobación de la norma con los votos del bloque PRO y del kirchnerismo. Los legisladores aprobaron un bono por 490 millones de pesos para cancelar deudas que provienen de la gestión de Jorge Telerman. El censo de esas deudas –que incluye obras públicas pero también bie-nes y servicios– estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda porteño, que fijará una tasa de indexación. Entre las empresas que se incluyen en la lista está Caputo con 9.730.491 pesos y Calcaterra con 8.330.972. Con 805.932 aparece Victorio Américo Gualtieri, un empresario cercano al ex presidente Eduardo Duhalde. La deuda del Estado se cancelará en un plazo no superior a 41 meses, en pagos semestrales.

“La ley propone la cancelación de deuda de la anterior administración, la tan mentada herencia recibida, que luego de ser rigurosamente sistematizada puso en evidencia la innegable existencia de la misma como así también la necesidad de honrarla y saldarla”, recitó el macrista Alvaro González, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A esa comisión se acercaron las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción, que pidieron que las deudas no se indexaran más por los números del Indec, sino por estimaciones privadas de la inflación (incluso llegaron a sugerir poner a disposición las propias, de forma tal que el beneficiario de la deuda estaría diciendo cuánto le tienen que ajustar por inflación a su favor). En su paso por la Legislatura, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, también hizo lobby por este punto. Dijo que hay “un nivel de inflación que no se refleja a los índices del Indec, que hizo muy complicada la renegociación para que continuaran las obras”. Los macristas incluyeron este pedido en el primer borrador de la ley, pero luego lo cambiaron ante las protestas de la oposición. Por un descuido, la idea de los empresarios quedó en los fundamentos de la ley en la que habla del Indec y también “de otros organismos especializados”. Finalmente, se determinará los ajustes a partir de los índices públicos.

La Cámara de la Construcción también reclamó que se derogara un decreto de necesidad y urgencia de Aníbal Ibarra de 2003 que establecía que el 10 por ciento del monto de un contrato es inamovible y no se puede indexar por la inflación. El macrismo consiguió derogar ese diez por ciento inamovible para los contratos que se firmen de ahora en más. Los que están en el listado de bono –incluidos los amigos y familiares de Macri– podrán sumarse a ese régimen gracias a una cláusula transitoria, pero se les mantendrá el 10 por ciento fijo.

“Para los contratos abiertos, el premio es la tasa de interés del bono.

Para los nuevos contratos, la ley quita el 10 por ciento inamovible del contrato a pedido de la Cámara de la Construcción. Tanto el bloque de Macri como los K apoyaron esto en el despacho de mayoría”, señaló Hourest a PáginaI12. “¿Qué significa esto? Cuando vos en una licitación decís que vas a renegociar el precio y le renegociás también la tasa de ganancia, le estás eliminando el riesgo empresario. Le están garantizando una tasa extraordinaria”, explicó el economista de la CTA.

El legislador también remarcó un segundo punto en el que la ley macrista beneficia a las constructoras: “Objetivamente, la ley les permite a empresas que hayan detenido las obras o que las estuvieran ejecutando muy por debajo del ritmo que tenían en el contrato a entrar en un proceso de renegociación de deuda. Esto abre la posibilidad de frenar obras y chantajear al gobierno para que le renegocien el precio del contrato”.

“Consideramos correcto que la redeterminación se convirtiera en ley, porque antes era un DNU. Pero no estuvimos de acuerdo con retirar la cláusula del 10 por ciento. Fue una concesión a la Cámara de la Construcción que fue aceptada por el macrismo, el kirchnerismo y el socialismo”, afirmó el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo. Por su parte, Ibarra cuestionó el censo que hizo la gestión PRO para determinar la deuda con los proveedores. “El macrismo transforma en deuda meros reclamos de empresas que ni siquiera están reconocidos como deuda en el presupuesto 2008”, acusó. “Esto se suma a la política de pleno endeudamiento que hizo Macri, con lo cual parece que generar endeudamiento y que lo paguen los que vienen es una constante en su gestión”, advirtió.