Las sospechas sobre la complicidad de oficiales del Ejército en la fuga del teniente coronel Julián Oscar Corres derivaron ayer en el pase a disponibilidad del coronel Jorge Roque Cocco, el secretario general del Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca que se encargó de proveer de camas, sábanas, mantas y medicamentos a los represores detenidos en la delegación local de la Policía Federal. Ante la probabilidad de que la gestión de Cocco no haya sido una patriada personal, sino un servicio institucional, la ministra de Defensa, Nilda Garré, citó para el martes a su despacho al comandante del Cuerpo V, general de brigada Oscar Roberto Gómez.

Las autoridades judiciales y policiales que investigaban la fuga tuvieron a Cocco en la mira hasta el miércoles, cuando el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió volver al ruedo y citar a prestar declaración testimonial a los principales sospechosos. Los relatos de los guardias encargados de custodiar al torturador de La Escuelita sugieren que Cocco era el enlace institucional entre el Cuerpo V y la Policía. Jefe del Batallón de Inteligencia 181 y de la Central de Reunión de Información hasta diciembre, cuando ascendió a coronel, Cocco fue el encargado de visitar y garantizar buena atención a los camaradas en desgracia. El servicio incluía gestionar medicamentos ante la obra social del Ejército.

El comisario Gustavo Scelsi, el mismo que iba a los cumpleaños del juez que niega ser su amigo, declaró ayer ante Alvarez Canale que Cocco visitaba la delegación desde la detención en 2006 del suboficial Santiago Cruciani. Aclaró que “el Ejército prestaba los elementos: se los tenemos que devolver”. Sobre el tema se explayará el general Gómez ante Garré. A partir de la información que consta en la instrucción judicial, el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, inició un sumario interno para investigar el rol de Cocco. El pase a disponibilidad implica que no se le asignará ningún destino hasta que aclare su situación.

Mañana a las ocho el juez le tomará declaración indagatoria al ex segundo jefe de la Policía Federal bahiense, Marcelo Alejandro Voros, quien según sus subordinados compartía cafés en su despacho con los represores que debía custodiar. Luego será el turno de las testimoniales de Cocco y de Héctor Lapeirade, viejo conocido del juez, padrino del Laucha Corres y dueño de la petrolera Chañares Herrados SA, que le dio trabajo al represor mientras estuvo prófugo. El juez no citó aún al coronel retirado Rubén Villano, un ex subordinado de Corres, también oficial de inteligencia, que lo visitaba en su prisión VIP.

Charlas de café

Tras rechazar la recusación de los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño, el jueves a la noche Alvarez Canale indagó a solas al comisario Scelsi. El ex jefe de la delegación local contó que el día de la fuga estaba de licencia, en una peluquería, cuando a las 9.57 recibió un llamado de Voros con la noticia de la fuga. Cuando mencionó su llamado al juez que lo indagaba se produjo un diálogo absurdo que Alvarez Canale, por razones que un buen psicólogo debería explicar, se esmeró en detallar:

–¿Recuerda que al momento de anoticiarme le pregunté si había fallecido alguien, porque usted me dijo “tengo una mala noticia”?

–Sí –asintió.

–¿Recuerda que le dije que estaba de licencia?

–Sí.

–¿Recuerda que le dije que debía vigilar la Ruta 3 camino a Viedma porque Lapeirade tiene allí una bodega?

–Sí.

Ese fue el tenor de la charla de la que se negaron a participar los fiscales. Al detallar las medidas que ordenó, Scelsi mencionó que dio a sus subordinados el teléfono de la casa de Corres y “un celular que podría estar utilizando”. El juez no tuvo más remedio que preguntarle si tenían celulares. “No me consta”, respondió.

–¿Es cierto que comían cordero y lechón? –preguntó el juez.

–No. Y de haberme enterado habría adoptado medidas disciplinarias. (La versión taquigráfica no incluye detalles de gestos y sonrisas.)

El párrafo sobre las condiciones de detención es confuso. Sólo queda claro lo que no se afirma: que estuvieran encerrados. Scelsi admitió que no existía registro de visitas y que la cámara de seguridad no funcionaba. El juez no le preguntó por qué no ordenó repararla. Otro hecho que Alvarez Canale y el desconocido que va a sus cumpleaños no mencionaron fue el pedido de la mutual Sociedad Militar, a las 21.30 del día previo a la fuga, para que la policía enviara en forma “urgente” una custodia a sus oficinas de Bahía Blanca y Punta Alta. Parece ser que, justo esa noche, las alarmas de ambas sedes se pusieron de acuerdo para descomponerse.