Desde Neuquén

El próximo lunes será un día histórico para toda la región patagónica: por primera vez y en un juicio oral y público, ocho represores que actuaron durante la dictadura militar del ’76 en el campo de concentración La Escuelita, de Neuquén, estarán sentados en el banquillo de los acusados. El lugar de las audiencias, las cuales se estima que durarán por lo menos tres meses, será el mismo donde hace pocos días condenaron a cadena perpetua al ex cabo de policía Darío Poblete por ser el responsable material del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Se trata del primer proceso de una investigación que sigue desarrollando el juez federal Guillermo Labate y que suman más de 600 acusaciones por denuncias de víctimas que viven y vivieron en Río Negro y Neuquén, en la Subzona 52, dependiente del V Cuerpo del Ejército con asiento en la ciudad de Bahía Blanca.

Los casos que comenzarán a debatirse el primer día de la próxima semana en este primer juicio patagónico a represores suman 17. Ante la cámara juzgadora del Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén estarán los ex jefes militares de la zona: Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Gómez Arenas y Luis Alberto Farías Barrera. También responderán por sus acciones Sergio San Martín, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Julio Oviedo, los tres que se desempeñaban como personal de inteligencia del Ejército en la región. El último acusado es el médico militar Hilarión Sosa, imputado de ser quien supervisaba las sesiones de tortura en el campo de concentración.

Desde este fin de semana y a la espera del comienzo del proceso judicial, los ocho acusados se encuentran alojados en un mismo pabellón en la U5 de General Roca. El hecho se da por primera vez desde que comenzó la investigación del juez Labate, ya que el propio tribunal decidió suspender la prisión domiciliaria que tenían hasta el momento el médico Sosa como el ex jefe Farías Barrera, de 77 y 78 años respectivamente. La decisión de los jueces fue tomada con satisfacción por la agrupación HIJOS Alto Valle, quienes calificaron la medida como “un fruto de la lucha de todos los que buscamos hace tiempo que este juicio se concrete”. Gervasio Díaz, de la misma organización HIJOS, dijo a PáginaI12 que “luego de la vergonzosa fuga del represor Julián ‘Laucha’ Corres en Bahía Blanca y de los 52 prófugos de la Justicia que todavía hay en el país, tres de los cuales son de nuestra zona, una vez más se pone en evidencia que todos estos genocidas tienen que esperar la realización de los juicios detenidos en cárceles comunes y no en sus casas”. “Los 32 años de impunidad en nuestro país nos han demostrado que la Justicia no es justa sin la presión y la lucha de las organizaciones que decidimos no callarnos la boca”, remarcó Díaz.

El sindicato de los docentes Aten, los judiciales de Sejun y los trabajadores estatales de ATE Neuquén, al igual que los ceramistas de Zanon, se movilizarán desde las 8 de la mañana del próximo lunes a las puertas donde comenzará este juicio.