Desde Tucumán

Antonio Domingo Bussi enfrentará hoy su primer juicio oral por los crímenes cometidos durante la dictadura. Será juzgado junto a Luciano Benjamín Menéndez por la privación de la libertad, tortura y asesinato del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado en Tucumán la misma madrugada del golpe, el 24 de marzo de 1976. Vargas Aignasse, que fue sacado de su casa por encapuchados vestidos de civil, estuvo a disposición del Poder Ejecutivo en la cárcel de Villa Urquiza y pasó después por dos centros clandestinos de detención. Tenía 34 años y estaba investigando apremios cometidos por la policía tucumana.

Como una señal del peso que tiene este juicio oral, desde hace una semana las 220 butacas de la sala de audiencias del tribunal federal quedaron superadas por los que se anotaron para presenciarlo. El mapa de las acreditaciones es también un mapa político; en la lista hay 14 familiares y allegados de Vargas Aignasse, 73 por Bussi –podrán ingresar tres familiares y sólo 10 como público– y 14 por Menéndez. Se anotaron también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, los fiscales federales de la provincia, integrantes de Hijos, de Madres de Plaza de Mayo, la APDH y una decena de otras organizaciones. Con la sala desbordada, todo indica que va a quedar gente en la puerta del tribunal. Los dos acusados serán ubicados detrás de una estructura de vidrio.

Bussi llega a este juicio oral tras varios intentos de eludirlo. Su última estrategia fue alegar mala salud –tiene 82 años, planteó problemas cardíacos y anímicos–. Pero el tribunal integrado por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, tras recibir los resultados de los chequeos médicos, sostuvo que ni la vejez ni la depresión vuelven ininputable a una persona.

Bussi pasó el último examen médico ayer, que lo volvió a declarar en condiciones para concurrir a la sala de audiencias. Lo hizo un perito del Cuerpo Médico Forense que viajó desde Buenos Aires hasta el country de Yerba Buena, donde cumple prisión domiciliaria. Los médicos de la Corte Suprema debieron intervenir porque la junta tucumana que lo evaluó inicialmente diagnosticó que no estaba en condiciones –otro dato sobre la protección que sigue teniendo en la provincia–.

En estas audiencias se juzgará sólo el caso de Vargas Aignasse, del que Bussi y Menéndez deberán responder como autores mediatos (en 1976, Bussi estaba al mando de la V Brigada de Infantería y Menéndez era su jefe como titular del III Cuerpo de Ejército). El ex gobernador, que se hizo fama de duro por ocuparse personalmente de fusilar de un tiro en la cabeza a prisioneros a los que hacía cavar su propia fosa, tiene además otras 600 causas por violaciones a los derechos humanos.

Vargas Aignasse era físico. Daba clases en la Universidad Nacional de Tucumán y en la UTN y había sido un conocido dirigente universitario. En 1973, con sólo 30 años, lo eligieron senador provincial. Por su juventud, su carrera política siguió vinculada al mundo universitario; en los meses anteriores al golpe había armado una comisión para investigar una serie de apremios cometidos por la policía contra los estudiantes. Un grupo de tareas lo secuestró de la casa en la que vivía con su mujer, sus hijos y la hija de un matrimonio amigo, que estaba en Tucumán como estudiante. Lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones y a la cárcel de Villa Urquiza. Pocos días después de su secuestro, sus captores lo llevaron a su despacho del Senado y a su casa para buscar documentación que había reunido en la comisión investigadora. El 6 de abril, dos semanas después de su detención, los represores montaron la parodia con la que solían deshacerse de las víctimas a disposición del PEN. Le dijeron que iban a liberarlo, lo subieron a un auto rumbo a su casa y en el camino lo entregaron a un grupo de tareas.

El juicio, además de ser el primero en el que Bussi puede ser condenado, es significativo por su historia. En el 2005 Bussi –que ya venía de ser electo diputado en el ’89, gobernador en el ’95 y otra vez diputado– se enfrentó a uno de los hijos de su víctima, Gerónimo Vargas Aignasse, por la intendencia de Tucumán. Bussi ganó por 17 votos, pero no llegó a asumir porque le dictaron el arresto en esta causa. En el proceso hay citados 27 testigos. Las audiencias llevarán aproximadamente un mes; de acuerdo con lo previsto, el tribunal podría dictar su fallo antes de que termine agosto, el día 28.