Primero fue Cristiano Ratazzi, titular de Fiat Argentina, pero al Gobierno no le importó, porque el empresario es habitualmente provocador e irónico con sus declaraciones. Después fue Julio Werthein, titular del grupo Los W, pero al Gobierno tampoco le importó, porque se trata de un empresario “amigo”. Pero ayer fue José Ignacio de Mendiguren, vicepresidente de la UIA, quien advirtió que la inflación es un problema y los números “reales” no son los que publica el Indec. La escalada de empresarios referentes que, en una misma semana, han cuestionado públicamente las estadísticas oficiales sobre precios señala que el problema de los índices superó los límites de un conflicto gremial con ATE. O los de una campaña de “satanización” del secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

En una entrevista telefónica, el ex ministro de Eduardo Duhalde José de Mendiguren tomó distancia, muy moderadamente, de los datos que publica el Indec. “Nos manejamos con las cifras de inflación provinciales y con la evolución del costo de los insumos que nosotros pagamos”, explicó el dirigente empresario textil. “Además, cuando uno ve los reclamos salariales, se observa que todo está en el orden de una cifra del 25 por ciento”, agregó.

“Aspiramos a la normalización urgente del Indec, porque es en beneficio de todos”, señaló. “Cuando hay que hablar de salarios, de costos de la economía en general, poner en dudas estos índices inconscientemente implica poner en duda los demás índices de la economía; no le hace bien a nadie esto”, postuló. El dirigente empresario aseguró que los informes que el sector empresario recibe o elabora, aunque contradigan los datos oficiales, son frecuentemente acercados al gobierno. “Tenemos contacto permanente por este tema, elevamos nuestros informes, cuando tenemos información la pasamos”, dijo De Mendiguren y se ilusionó en que “el tratamiento del Indec sobre los precios cambie”.

Estas declaraciones se produjeron apenas 24 horas después que Julio Werthein, titular del grupo de negocios que, entre otros activos, es dueño del 50 por ciento de Telecom Argentina, se manifestara en términos similares. “Mi querido amigo Moreno no quiere ajustarse a las cosas que corresponden para hacer un índice que sea correcto”, se lamentó Werthein. “Es preciso utilizar los índices que corresponden. Si no lo hacemos, nos vamos a equivocar, con consecuencias para más adelante”, advirtió. Un día antes, el lunes, Cristiano Ratazzi había criticado las medidas de control de precios que practica la Secretaría de Comercio. “Hay que tomar medidas serias y no como las que se han visto hasta ahora”, opinó, antes de advertir que “la inflación es un problema grave, gravísimo, sobre todo para los sectores medios y bajos”.

En lo inmediato, la diferencia de menos entre los índices que difunde el Indec y las estimaciones privadas le rinde al Gobierno algún ahorro en materia de intereses y actualizaciones de deuda. “Cada punto de inflación que no declara (el Indec) son 600 millones de dólares que no paga (al año) por incremento de la deuda que ajusta por inflación”, declaró Roberto Alvarez, de la consultora Ecolatina. La consecuencia desfavorable de negar la existencia de la inflación es que se elude un debate acerca de las razones de un aumento persistente de precios que tiene, como principal origen, la estructura monopólica de mercados clave, sobre todo en rubros alimenticios y en insumos industriales.

La falta de credibilidad del Indec no logró vencerse ni siquiera con la promesa de perfeccionar la metodología de medición del índice de precios al consumidor, que al implementarse terminó generando mayores sospechas. La coincidencia en las declaraciones públicas apuntadas de tres empresarios de peso no es casual, obviamente. Ni pasa desapercibido que, en dos de los tres casos, se trata de dirigentes cercanos o involucrados con el gobierno. Más que “una interna” en el oficialismo, tales manifestaciones reflejan que la pata empresaria aliada le está corriendo la silla al súper secretario de Comercio. Y que lo hagan público no necesariamente supone una forma de presión al Gobierno, sino quizás acompañar un cambio de funcionario que ya dan por descontado.