Voces anónimas amenazaron por teléfono a dos fotógrafos del diario Río Negro que cubrieron las primeras jornadas del juicio a los militares retirados imputados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. El primer llamado se produjo el jueves a la hora exacta en que comenzaba la audiencia, en la que paradójicamente son los victimarios quienes por orden del Tribunal Oral Federal de Neuquén llevan chalecos antibalas, en tanto el público, conformado por víctimas y familiares, observa desde una virtual jaula detrás de un blindex. La Asociación Argentina de Reporteros Gráficos repudió las amenazas y las vinculó con su reclamo, exitoso, para poder retratar a los represores.

En junio de 2007 el fotógrafo Gabriel Oyarzo fue amenazado mientras registraba el ingreso al juzgado federal del coronel retirado Jorge Molina Ezcurra, sindicado como torturador del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén y uno de los ocho imputados del juicio que comenzó el miércoles. Según las crónicas del diario Río Negro, el agresor retratado por Oyarzo fue el ingeniero Marcelo Jorge Molina, militar retirado como su padre y esposo de Gabriela Torresín, empleada de una agencia de seguridad porteña vinculada a la familia. “Buscate una cámara acuática porque ahí vas a terminar sacando fotos”, le advirtió Molina hijo.

El jueves, a las 9, mientras comenzaba la segunda audiencia del juicio, alguien que prefirió no identificarse llamó al teléfono particular de Leonardo Petricio. “Que se deje de joder con los juicios”, le advirtieron a su compañera. Petricio fue el encargado de retratar a los represores de la Patagonia cada vez que la Justicia los citó a prestar declaración indagatoria. Una de sus últimas fotos es la del ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti mientras lo escrachaban miembros de Hijos en un pasillo de Tribunales. También fue quien firmó la presentación de Argra para que el tribunal oral que preside Orlando Coscia autorizara el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a la sala, originalmente prohibido, tal como sólo ocurre en el Tribunal Oral Federal Nº 5 porteño.

Ayer a las 9.30, quien recibió una advertencia idéntica fue Cecilia Maletti, colaboradora del diario que cubrió las primeras jornadas del juicio. Como su número no figura en guía, el mensaje fue al teléfono de sus padres. El número de Petricio figura en guía. Los periodistas denunciaron ambas amenazas ante la fiscalía general de la provincia.

Argra repudió los hechos, que vinculó a su presentación, y sostuvo que demuestran “la existencia operativa de sectores que se oponen al juzgamiento a los represores, y a que los juicios tomen el estado público que requiere un estado de derecho democrático”. El Sindicato de Prensa de Neuquén consideró ayer que “los seguidores de estos personajes que actuaron en la clandestinidad hace más de 30 años no toleran que hoy sus rostros sean conocidos por el pueblo, que los repudia y pide justicia por sus delitos”, y recordó que la Justicia nada hizo ante las amenazas a Oyarzo y solicitó “celeridad en la investigación”.